El Pleno del Congreso ha rechazado este jueves reconocer la existencia de guerra judicial contra el independentismo catalán y vasco y los partidos de izquierda e instar al Gobierno a cambiar la ley para garantizar la renovación en plazo de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que actualmente lleva ya cuatro años y medio caducado.
Estos han sido dos de los puntos de una proposición no de ley de Esquerra Republicana que han sido tumbados en el Pleno con los votos de PSOE, PP y Vox, y que sí han recibido el apoyo de Sumar y los partidos independentistas.
Tampoco ha salido adelante pedir al Gobierno que cree una comisión de expertos para analizar posibles casos de guerra judicial en el Estado español y proponer medidas para ponerles fin y resarcir a las víctimas.
La Cámara tampoco ha respaldado la idea de depurar las «cloacas» del Estado, tomando las medidas legales, penales, administrativas, que procedan para castigar a los responsables y ejecutores de actuaciones ilegales o ilícitas, o para separarlos de los lugares susceptibles de reincidencia en caso de prescripción del delito. Aquí el PSOE también se ha abstenido y se han impuesto los votos en contra de la bancada de la derecha.
El PSOE sí ha votado con el PP y Vox en contra de hacer cambios legales para garantizar la renovación en plazo de órganos constitucionales como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y para castigar abusos policiales y judiciales.
DEROGAR LA MORDAZA Y CAMBIAR LA LEY DEL CNI
La Cámara sí ha aprobado, con los votos en contra de PP y Vox, impulsar la derogación de la ‘Ley Mordaza’, así como reformar las leyes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), de Transparencia y la Ley de Secretos Oficiales para facilitar el acceso a la información pública. Este punto ha salido adelante con apoyo del PP, Sumar, los socios del Gobierno, la abstención del PSOE y el no de Vox.
También se ha acordado, con los votos de PP, Sumar, los aliados del Gobierno, la abstención socialista y el no de Vox, impulsar las modificaciones legales oportunas para que las empresas y personas corruptoras no puedan beneficiarse de contratos públicos en un período de entre 10-20 años y para endurecer las incompatibilidades de los cargos políticos –estudiando cómo incorporar a los familiares directos–, para evitar prácticas de dudosa ética como las puertas giratorias.
Los mismos votos han permitido instar al Gobierno a enviar al Congreso en tres meses un informe de análisis y propuestas para la lucha contra la corrupción, el fraude fiscal y la elusión fiscal, sin embargo, se ha desechado con el no de PP y Vox y la abstención del PSOE la reclamación de informes similares sobre la regeneración democrática del Estado, del Poder Judicial y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.
La petición de crear un Consejo Profesional de Buenas Prácticas que «vele por evitar la desinformación, haga prevención contra las noticias falsas, y sirva para acreditar a los medios responsables ante los eventuales abusos y desfiguraciones de actores comunicativos dedicados a la propaganda», ha sido tumbada por PP, PSOE y Vox.
