La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se ha opuesto a la petición de LaLiga para que la Audiencia Nacional asuma el ‘caso Supercopa’, en el que un juzgado de Majadahonda (Madrid) investiga presuntas irregularidades de la gestión del expresidente Luis Rubiales, como el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí.
LaLiga presentó un escrito en el que solicitaba a la jueza del caso que lo derivase a la Audiencia Nacional –según fuentes cercanas a la investigación– debido a su actual magnitud, dado que cree que abarca mucho más que la presunta comisión de 24 millones de euros que cobró la empresa Kosmos, presidida por Gerard Piqué, por llevar esa competición masculina de fútbol al país saudí.
Para la RFEF, en cambio, «en este momento procesal no consta la concurrencia de ninguno de los presupuestos competenciales previstos que justifique o haga necesaria la declinatoria a favor de los Juzgados Centrales de Instrucción» de la Audiencia Nacional.
Así se lo ha trasladado la Federación a la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Majadahonda (Madrid), Delia Rodrigo, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press.
La RFEF hace hincapié en que la investigación judicial se sigue por la presunta comisión de los delitos de administración desleal de la propia Federación y corrupción en los negocios.
SI HUBO ALGÚN DELITO, FUE EN MAJADAHONDA
En este sentido, señala que de los «indicios» actuales, «las actividades delictivas habrían sido llevadas a cabo desde la sede de la RFEF sita en Las Rozas, dentro del partido judicial de Majadahonda», por lo que considera que la competencia para investigar los hechos recae en el juzgado majariego.
«Sin perjuicio de que los hechos investigados puedan tener vinculación con terceros países, tal razón en este momento procesal no justifica modificación alguna de competencia, máxime teniendo en cuenta las amplias posibilidades que existen –sin duda también en el actual marco competencial– de auxilio judicial internacional», razona la RFEF.
Y en otros escritos recogidos por esta agencia de noticias, también ha pedido a la juez que el caso no salga de Majadahonda la defensa de Ramón Caravaca, ejercida por Gonzalo Martínez-Fresneda, para quien «resulta virtualmente imposible saber si los hechos imputados son competencia de la Audiencia Nacional» mientras no tengan una «resolución concretando los hechos imputados».
Al igual que la de Francisco Oliva, Jonathan Oliva y María Dolores Moral, que ejerce Verónica Guerrero, dado el «momento incipiente» del procedimiento, «en el que no se ha procedido a realizar, ni tan siquiera, una calificación provisional de los hechos que han dado lugar a la formación de la causa».
