El Gobierno de Canarias ha acordado este lunes, en Consejo de Gobierno, autorizar un gasto de 3.293.961,87 euros destinado al convenio de cooperación entre la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias y la Asociación Opción 3 para la ejecución de medidas judiciales no privativas de libertad de carácter no residencial impuestas a personas menores de edad, conforme a la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la Responsabilidad Penal de Menores.
El acuerdo contempla la colaboración entre la Consejería de Bienestar Social, a través de la Dirección General de Protección a la Infancia y las Familias, y la entidad Opción 3 en la ejecución de las medidas judiciales penales no privativas de libertad previstas en el artículo 7 de la Ley Orgánica 5/2000. Estas medidas consisten en libertad vigilada, permanencia fin de semana en domicilio, prestaciones en beneficio de la comunidad, realización de tareas socioeducativas, asistencia a centro de día y tratamiento ambulatorio de carácter psicológico, psiquiátrico y de deshabituación de tóxicos.
A través del convenio se lleva a cabo la intervención socioeducativa con los menores que cumplen una medida judicial de este tipo. De esta manera, se apuesta por una fórmula ajustada a las necesidades individuales, con el fin de intervenir para superar los factores asociados a la comisión de la infracción sentenciada y así disminuir el riesgo de reincidencia delictiva. El programa incluye el trabajo individual con el menor y la menor que cumple la medida en régimen abierto, así como con su ámbito familiar y trabajo grupal.
Este acuerdo permitirá financiar un total de 345 plazas, de las que 264 estarán ubicadas en Tenerife y 81 en Gran Canaria. En caso de que fuera necesario, el convenio establece que la entidad podrá aumentar hasta en 26 las plazas disponibles en Tenerife y 10 en Gran Canaria sin coste para la Administración. Dentro de las plazas ofertadas están incluidas las intervenciones que se realicen en el resto de islas.
En total, en Canarias hay en torno a 800 menores que cumplen alguna medida judicial, sea con o sin privación de libertad. La Administración canaria trabaja con cuatro entidades para atender a estos jóvenes.
El modelo de colaboración implementado en el ámbito del sistema de justicia penal en Canarias ha permitido la intervención de entidades de derecho privado carentes de ánimo de lucro que persiguen la consecución de fines sociales compartidos con la Administración y han posibilitado un alto grado de especialización de las organizaciones y de su personal.
