Los grupos de la oposición en Les Corts, PSPV y Compromís, han mostrado su apoyo a la huelga educativa convocada en la Comunitat Valenciana este jueves y critican las declaraciones del conseller, José Antonio Rovira, relacionándola con la campaña de las elecciones europeas.
Por contra, el PP defiende al titular de Educación y reconoce el derecho a la movilización sindical, aunque remarca que coincide con «la única campaña electoral que habrá en los próximos tres años», mientras Vox va en la misma línea que el consell y cree que se trata de «una huelga política».
Así se han posicionado los cuatro grupos la cámara autonómica después de que el conseller de Educación, José Antonio Rovira (PP), dijera que la movilización convocada por los sindicatos educativos es una «huelga política» y la enmarcara en la campaña de las elecciones europeas del 9J.
Desde el PSPV, su síndic en Les Corts, José Muñoz, ha defendido la necesidad de la huelga de este jueves porque ve a la educación pública «amenazada» y cree que el conseller quiere privatizarla. Un conseller de Educación, ha criticado, que «es un bombero pirómano; una persona que no asume ningún tipo de crítica y solo conoce la confrontación como argumento político en lugar de intentar conciliar posturas».
Joan Baldoví (Compromís) ha mostrado su respaldo a la huelga ante «el peor conseller de Educación de toda la historia democrática de este país», tras las declaraciones de Rovira «sospechando de una manera absolutamente estrepitosa» de la convocatoria. «Un conseller que necesita ir al rincón de pensar y que ha conseguido una unanimidad: poner en pie de guerra en menos de un año a todo el sector educativo», ha aseverado.
Entre los grupos que sustentan al Consell, el síndic del PP, Miguel Barrachina, ha afirmado que su partido «respeta el derecho a la huelga y de manifestación incluso aunque se haya elegido el día de inicio de la única campaña electoral que va a haber en los próximos tres años y aunque haya sido en época de exámenes y en perjuicio respeto y orgullo por una serie de medidas que permiten que haya más educación».
«Respeto por las decisiones de algunos sindicatos y orgullo porque hemos atendido a nuestro programa electoral que es el de la mayoría social de la Comunidad Valenciana», ha manifestado.
EL PP, «ORGULLOSO Y FELIZ» CON ROVIRA
Preguntado por las críticas de la oposición a Rovira, Barrachina ha asegurado que se siente, «no solo orgulloso, sino muy feliz» con el programa educativo del Consell. «Nosotros cumplimos con nuestra obligación. Si ganamos las elecciones, si los valencianos confían en el presidente Mazón y el presidente Mazón aplica el programa electoral de Compromís y del PSOE, estarían ellos contentos y tristes los valencianos. Y nosotros servimos solo a los valencianos», ha argumentado.
Es más, ha sostenido que «quienes han administrado la educación con 60 condenas por sectarismo deberían tener algún rubor a la hora de enjuiciar a un conseller que lo está haciendo de forma absolutamente brillante y con la determinación que necesitaba esta comunidad para mejorar nuestra educación no solo en la cantidad, sino también en la calidad».
Por parte de Vox, su síndic, José Mª Llanos, ha coincidido con Rovira en que «es evidente que es una huelga política» porque, según él, «solamente responde a los intereses que supuestamente consideran que les pueden favorecer a la izquierda que ha estado gobernando hasta hace cuatro días». «Y que son ellos los que les han sacado a la calle porque no parece que sea la voluntad de los padres, que muchos estarán en desacuerdo con esta huelga artificial y prefabricada», ha recalcado.
Al respecto, ha revelado una carta de las AMPA de la localidad alicantina de Torrevieja en la que aseguran que, aunque algunas de las reivindicaciones de los sindicatos «pueden resultar comprensibles, no deja de llamar la atención el hecho de que se trata de cuestiones que llevan años produciéndose, sin que hasta ahora hayan merecido la atención de los supuestos defensores de los docentes».
En esta misiva, facilitada por Vox, las AMPA de Torrevieja aluden a la «eliminación de aulas de educación especial, de rutas de transporte» y a un «recorte en la autonomía de los centros», que según denuncian «tuvieron consecuencias irreparables para los alumnos y ni entonces ni ahora han merecido la atención de los sindicatos». Pero lo «más terrible», subrayan, es introducir entre las reivindicaciones la libertad de elección de lengua que permitirá la nueva ley de libertad educativa.
