Los agricultores españoles están levantando la voz en demanda de igualdad en el tratamiento de herbicidas utilizados en el cultivo del arroz. La denegación por parte del Gobierno español de la autorización excepcional del herbicida profoxydim ha generado una profunda preocupación en el sector agrícola. Mientras este herbicida ha sido autorizado en Italia y Portugal para combatir las malas hierbas en los campos de arroz, en España se ha rechazado su uso, lo que ha generado un claro desequilibrio en la competitividad del sector.
La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha sido una de las voces más destacadas en este debate. Su presidente, Cristóbal Aguado, ha calificado la situación de «inaudita» y ha instado al Gobierno a explicar las razones detrás de esta decisión. Aguado sostiene que la negativa a autorizar el profoxydim podría resultar en un encarecimiento de los costos de producción y amenazar la viabilidad de las explotaciones agrícolas, poniendo en riesgo también la preservación de áreas naturales como La Albufera y la Marjal de Pego-Oliva.
Por su parte, José Pascual Fortea, responsable de la sectorial del arroz, ha destacado el creciente problema que representan las malas hierbas para los arroceros españoles, especialmente en un contexto donde se han ido restringiendo progresivamente el uso de productos fitosanitarios. La decisión de denegar el profoxydim ha exacerbado esta situación, especialmente cuando se permite su uso en países vecinos y competidores directos.
Pero, el debate sobre el uso de herbicidas en la agricultura no es exclusivo de España. En Francia, el Gobierno ha anunciado una política menos restrictiva en este ámbito, comprometiéndose a no añadir nuevas prohibiciones a menos que se ofrezcan alternativas viables a los agricultores. Esta postura contrasta con la adoptada por España, generando críticas y preocupaciones entre los agricultores y el sector agrícola en general.
Las organizaciones agrarias, como Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias de España, han presentado un conjunto de medidas concretas en un documento titulado «Agricultura, cuestión de Estado», donde se abordan diversos aspectos relacionados con la política agrícola, el comercio internacional, el agua, la ganadería y otros temas relevantes para el sector.
Pedro Barato, presidente de Asaja, ha enfatizado la necesidad de flexibilizar las políticas agrícolas, especialmente en el marco de la Política Agrícola Común (PAC), para garantizar la rentabilidad de los agricultores y ganaderos. Además, ha instado a una mayor atención hacia la ganadería, sector que considera relegado en las políticas gubernamentales.
Miguel Padilla, secretario general de COAG, ha criticado la falta de unidad de acción por parte del Ministerio de Agricultura y ha llamado a trabajar en conjunto para buscar soluciones a los desafíos del sector agrario. El acceso a la tierra para los jóvenes agricultores y ganaderos, así como la regulación del comercio internacional, son aspectos destacados en el documento presentado por estas organizaciones.
Ángel Villafranca, presidente de Cooperativas Agro-alimentarias de España, ha subrayado la importancia de revisar la Ley de la Cadena para garantizar la rentabilidad de los productores. Asimismo, ha señalado la necesidad de respetar el modelo de empresa cooperativa y eliminar disposiciones que puedan afectar negativamente a las cooperativas agrarias.
En este contexto, los agricultores españoles continúan clamando por igualdad en el acceso a herbicidas y en las políticas que afectan a su sector. La decisión gubernamental de denegar la autorización del profoxydim ha desencadenado un debate sobre la competitividad y viabilidad de la agricultura española en comparación con otros países europeos.
El debate sobre el herbicida del arroz: ¿Igualdad de condiciones para los agricultores en Europa?
Los agricultores valencianos, representados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), han desatado una fuerte crítica contra el Gobierno Central por denegar la autorización excepcional de un herbicida utilizado en el cultivo del arroz. Esta sustancia, conocida como profoxydim, ha sido permitida en la presente campaña por los gobiernos de Italia y Portugal, pero no en España.
Cristóbal Aguado, presidente de AVA-ASAJA, califica la situación como «inaudita», cuestionando la decisión del gobierno español, especialmente de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, a quien señala como una opositora clave al sector agrario. Considera que la negativa a autorizar el herbicida responde a una ideología pseudoecologista que resta competitividad al sector.
La denegación de la autorización excepcional de este herbicida podría tener consecuencias significativas para los agricultores valencianos. Aguado advierte sobre un posible encarecimiento de los costes de producción, lo que podría llevar al aumento del precio del arroz y al abandono de las explotaciones agrícolas.
José Pascual Fortea, responsable del sector del arroz en AVA-ASAJA, destaca el problema creciente que enfrentan los agricultores debido a la prohibición de diferentes materias fitosanitarias. En particular, menciona la decisión del Ministerio de Agricultura de revocar la autorización excepcional de productos fitosanitarios a base de propanil en 2021, y ahora la denegación del profoxydim.
Esta negativa resulta aún más indignante para los agricultores debido a que la misma sustancia sigue siendo permitida en países terceros y en países vecinos de la Unión Europea, que están sujetos a la misma legislación fitosanitaria que España. Fortea señala que estas decisiones políticas complican la viabilidad del cultivo de arroz y crean una competencia desleal para los productores españoles.
El Gobierno francés, por otro lado, ha anunciado una postura más flexible en cuanto a la prohibición de materias fitosanitarias. Francia no aplicará nuevas prohibiciones a menos que se ofrezca una alternativa equivalente para los agricultores. Esta postura contrasta con la rigidez mostrada por el gobierno español, lo que genera preocupación entre los agricultores y consumidores españoles.
La situación plantea un debate importante sobre la igualdad de condiciones en la agricultura europea. Mientras algunos países como Italia, Portugal y Francia adoptan enfoques más flexibles, España parece mantener una postura más restrictiva, lo que puede afectar la competitividad y la sostenibilidad del sector agrario en el país.
Los agricultores españoles están cuestionando si las decisiones políticas en materia fitosanitaria están realmente destinadas a proteger el medio ambiente o si están perjudicando la viabilidad económica de las explotaciones agrícolas. Esta incertidumbre plantea la necesidad de un diálogo abierto y transparente entre el gobierno y el sector agrario para encontrar soluciones equilibradas que promuevan tanto la sostenibilidad ambiental como la viabilidad económica de la agricultura española.
«Agricultura, cuestión de Estado»: Propuestas concretas para enfrentar los retos agrarios
Los sindicatos agrarios españoles, Asaja, COAG y Cooperativas Agro-alimentarias, han presentado un documento titulado «Agricultura, cuestión de Estado», donde proponen doce medidas concretas para abordar los desafíos del sector agrario. Este documento surge en respuesta a la necesidad de negociar soluciones frente a los retos que enfrentan los agricultores y ganaderos en España.
Entre las medidas propuestas se incluyen aspectos claves como la Política Agrícola Común (PAC), el comercio internacional, la Ley de la Cadena Alimentaria, el agua, la ganadería, el relevo generacional, el trabajo, la financiación, la fiscalidad, los seguros agrarios, el medio ambiente y la fauna salvaje. Estas medidas reflejan la diversidad y complejidad de los desafíos que enfrenta el sector agrario en la actualidad.
El presidente de Asaja, Pedro Barato, destaca la importancia de flexibilizar la PAC para adaptarla a las necesidades reales del sector, demandando menos restricciones y políticas medioambientales y comerciales que no afecten negativamente a los agricultores y ganaderos. Además, hace hincapié en la necesidad de abordar la situación de la ganadería, que ha sido pasada por alto en las medidas propuestas por el gobierno.
El secretario general de COAG, Miguel Padilla, subraya la importancia de mantener la unidad de acción frente a los desafíos del sector agrario y la necesidad de buscar soluciones constructivas para resolver los problemas existentes. Destaca especialmente la importancia del relevo generacional y del acceso a la tierra para los jóvenes agricultores.
Cooperativas Agro-alimentarias de España, representada por su presidente Ángel Villafranca, hace hincapié en la necesidad de reformular la Ley de la Cadena Alimentaria para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias, especialmente en el contexto de las empresas cooperativas.
Los sindicatos agrarios también critican la falta de atención hacia temas medioambientales por parte del gobierno, especialmente en lo que respecta al papel del agricultor como parte fundamental de la solución. Señalan la importancia de abordar la problemática de la fauna salvaje y de promover una política hídrica del siglo XXI.
En cuanto al comercio internacional, se destaca la necesidad de imponer cláusulas espejo y garantizar el cumplimiento de los acuerdos comerciales para evitar la competencia desleal de terceros países. Este punto cobra especial relevancia ante la entrada de grandes volúmenes de productos agrícolas desde el extranjero, lo que afecta negativamente a la producción nacional.
Los sindicatos agrarios también solicitan medidas concretas en materia de fiscalidad, como el aumento de los límites de estimación objetiva del IRPF, y financiación para hacer frente a las consecuencias de la sequía, asegurando que ninguna explotación quede desatendida.
En resumen, el documento «Agricultura, cuestión de Estado» presenta propuestas concretas para enfrentar los retos agrarios en España, abordando aspectos clave como la PAC, el comercio internacional, la Ley de la Cadena Alimentaria, el agua, la ganadería, el relevo generacional, el trabajo, la financiación, la fiscalidad, los seguros agrarios, el medio ambiente y la fauna salvaje. Estas propuestas reflejan la necesidad de una acción coordinada y efectiva para garantizar la viabilidad y el futuro del sector agrario en el país.
