Un total de trece organizaciones feministas han denunciado ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a través de una carta que la Ley Trans permite que maltratadores vulneren derechos de mujeres víctimas de violencia de género.
«Distintas asociaciones y plataformas de todo el país estamos documentando la variada casuística que demuestra cómo la autodeterminación registral de sexo, está sirviendo a varones maltratadores sentenciados y otros delincuentes para vulnerar los derechos, libertades y seguridad de mujeres víctimas de violencia de género y mujeres presas en contextos de alto riesgo, inseguridad y hermetismo», aseguran las organizaciones, entre las que se encuentran la Asociación Española de Feministas Socialistas (FeMeS), la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, Asociación de Mujeres Juristas Themis, Fundación Mujeres o la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR).
En concreto, las asociaciones indican a la relatora de ONU, Reem Alsalem, que, a partir de la aprobación de la Ley Trans, se han documentado casos de «varones transidentificados» que conservan su nombre de pila y aspecto y exigen participar como «mujeres» en oposiciones, promociones profesionales y acceso a las «posibles prioridades que se establezcan en el marco de las acciones positivas para incentivar la presencia de mujeres en carreras profesionales donde se hallan infra representadas».
En este sentido, explican que estos varones forman parte de una asociación llamada ‘Trans No Normativos’, que indican que está integrada por policías y militares, que han seguido el procedimiento de cambio de la mención registral del sexo al amparo de la Ley Trans para reclamar, con posterioridad, acceso al uso de espacios de uso reservados para mujeres, como baños, duchas, habitaciones o enfermerías en los acuartelamientos.
También hacen referencia a que el pasado 18 de marzo, la Consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid informó que seis agresores incluidos en el Sistema VioGén habían solicitado y obtenido el cambio de mención registral del sexo en el Registro Civil. «Tres de estos agresores pretendieron, además, recibir atención de los servicios comunitarios para mujeres víctimas de violencia», apuntan.
En esta línea, señalan que el caso sobre el que advirtió la Comunidad de Madrid «no es el primero que ha hecho evidente la inseguridad jurídica de la ley Trans». Así, recuerdan que es una norma que ha sido denunciada desde la propia tramitación de la Ley, no solo por el movimiento feminista, sino también por asociaciones de juristas, la Academia o el propio Consejo del Poder Judicial en su informe a la ley.
En la carta a la relatora, las organizaciones también refieren que, a pesar de que han solicitado a los ministerios de Justicia e Interior datos que permitan conocer la situación «real» generada por el ficcionado jurídico del sexo registral, «la falta de transparencia y de información mantiene un oscurantismo contrario al derecho al acceso a la información pública que dificulta conocer el impacto, en este y otros ámbitos, de la conocida como Ley Trans».
