El presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha enviado a Congreso y Senado su propuesta para evitar futuros bloqueos del órgano, en la que plantea dos fórmulas: dar continuidad a la elección parlamentaria de los vocales si los nombrados son ajenos «a toda contaminación política previa» o que el nombramiento de los vocales judiciales –12 de los 20– quede en manos de los propios jueces pero con la misma prevención.
Así lo hace en su ‘Propuesta para la modificación del sistema de nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo y de elección de vocales del CGPJ’, un documento de 17 páginas.
Guilarte sostiene que la propuesta es «a título personal y no representa la opinión del órgano de gobierno de los jueces», sino que tiene por objeto contribuir a desbloquear la renovación, pendiente desde 2018.
Para ello ofrece una «fórmula intermedia» que, por un lado, permita superar la división entre el modelo parlamentario o corporativo de elección de los vocales de la institución y, por otro, «diluir de una vez por todas la injerencia de otros poderes sobre su actuar, necesariamente independiente».
BUSCA «MITIGAR» LA SITUACIÓN
En su propuesta, señala que la actual situación política y social «se califica, con razón, de polarizada» y da lugar a que el sistema previsto de negociación entre PSOE y PP para renovar el órgano de gobierno de los jueces, «de llegar a culminar», determinaría una «composición del CGPJ fiel reflejo de las mayorías parlamentarias que irradiaría de futuro, con gravísimas consecuencias para la independencia judicial, la politización de todos los cargos judiciales nombrados».
«Es por otro lado evidente que, constituido el CGPJ bajo tales condicionantes, sería difícil que los vocales designados pudieran apartarse en su actuación de la línea política que los designó. También lo es que, si bien en épocas y Consejos anteriores el sistema funcionó sin excesivas distorsiones, las circunstancias actuales, entre ellas una fortísima presión mediática igualmente polarizada, llevan a concluir la inviabilidad de que siga siendo así», critica.
Para Guilarte, que no se decanta por una u otra fórmula, cualquiera de las elegidas «debiera determinar, respecto de la elección de los vocales judiciales, una representación proporcionalmente similar entre los vocales propiciados por las asociaciones judiciales y los que provengan de jueces sin asociar». Todo ello, con el objetivo de «mitigar las nocivas consecuencias actuales».
En este sentido, subraya que «no puede negarse que la elección parlamentaria ha generado, y cada vez más, dificultades de renovación que con la elección corporativa de los vocales judiciales no se producirían». Sin embargo, avisa de que el problema –es decir, la necesidad de un acuerdo político– persistiría a la hora de designar los ocho vocales no judiciales, «sin duda imprescindibles».
Además, apunta también que las «asociaciones judiciales ideológicamente próximas a ambas formaciones políticas, tras exigir insistentemente la renovación, se reafirman en la irrenunciabilidad de las posiciones –elección parlamentaria o corporativa– que sus afines políticos sostienen».
Así las cosas, entiende que –«al menos indiciariamente»– el problema no está en optar por una u otra fórmula de renovación, «pues la alternativa a la hoy vigente no haría sino perpetuarlo». «Frente a tal realidad es mi idea que deben buscarse soluciones intermedias que conjuguen las bondades de uno y otro sistema o, al menos, que eludan sus deficiencias», señala.
NOMBRAMIENTOS EN EL SUPREMO
Respecto al tema de los nombramientos de la cúpula judicial, Guilarte propone que quede en manos de los propios jueces. Entiende que es «imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ» como «dar más protagonismo a la carrera judicial allí donde resulta lógico que lo tenga, es decir, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas».
Según defiende, «no se priva al Consejo de competencia para el nombramiento de los altos cargos jurisdiccionales, sino que se trata de limitar la inevitable discrecionalidad actual, reenviando de manera efectiva las designaciones a llevar a cabo por el CGPJ a los principios constitucionales de mérito y capacidad».
En el caso del Tribunal Supremo, propone que sus magistrados sean «nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Tribunal Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Tribunal Supremo, en caso contrario».
La comisión estaría formada por «cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso» y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen «la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos».
Según explica, el número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros serían magistrados del Supremo que se elegiría «por sorteo y turno rotatorio». Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada.
ELECCIÓN DE CARGOS GUBERNATIVOS
Respecto a la elección de cargos gubernativos, señala que su propuesta afectaría a la Presidencia de la Audiencia Nacional, de Audiencias Provinciales, de los TSJ, así como de Sala de la Audiencia Nacional, Salas de los TSJ y Presidencias de Salas del Tribunal Supremo.
«Los electores deberían ser todos los miembros de la carrera judicial del territorio respectivo, es decir, aquellos sobre los que el Tribunal, Audiencia o Sala tenga competencias gubernativas», señala, al tiempo que plantea que los candidatos tengan que presentar un programa de actuación para mejorar el órgano al que se presentan. «Reglamentariamente, podrán determinarse exigencias adicionales de antigüedad, en su caso vinculación con el territorio, etc.».
Según explica, el CGPJ se reservaría la competencia para convocar y organizar el proceso electoral y garantizar su correcto funcionamiento, así como acordar el nombramiento y ratificación del candidato propuesto tras la previa comprobación de integrar las exigencias reglamentarias.
INSISTE EN QUE LA CULPA NO ES DE LOS VOCALES
En el marco de su escrito, Guilarte insiste en que los vocales del CGPJ no son los «culpables» de la situación. «Y por ello no cabe exigirnos conducta alguna encaminada a suplir la incapacidad de quienes sin duda resultan constitucionalmente responsables de la falta de renovación», apunta.
Así las cosas, sostiene que «toda la presión debe proyectarse contra los responsables de la parálisis del sistema y no cargar sobre el CGPJ con absurdas iniciativas para solventar una crisis» en la que los vocales son «expectantes sujetos pasivos».
Con todo, afea a los «grandes partidos» políticos que persistan «de manera inamovible en sus respectivas fórmulas» por su «pretensión» de «captación de los vocales de cara a poder influir» en «futuros enjuiciamientos ante los órdenes jurisdiccionales con mayor relevancia política».
