Con muchos de los repartidores de Glovo y Uber Eats en situación irregular, y la complicada realidad de la ascendente migración ilegal que sigue entrando a España, aumenta también la cantidad de migrantes que trabajaban en estas aplicaciones con cuentas alquiladas o prestadas. En esa situación, los trabajadores han buscado estrategias para evitar a la policía en ciudades como Madrid y Barcelona, pero señalan que cada vez las inspecciones son más comunes y en caso de ser irregulares se enfrentan a sentencias que pueden variar.
Según los repartidores, que ya tenían estrategias para evitar la intervención policial, esta presión ha aumentado desde principio de año. Además, dado que no están conectados directamente con la plataforma, ni siquiera como autónomos en caso de tener una cuenta cedida, esto deja al usuario en una situación incómoda, pero también pone la lupa sobre la empresa.
Hace pocos días Glovo se enfrentaba al anuncio una sanción por ignorar la ley rider en Asturias, y aunque la empresa tiene 400 millones de euros apartados para pagar violaciones a la ley, el reforzar la vigilancia puede ser suficiente para hacer que la situación no sea rentable, esta primera sanción ascendía hasta los 63 millones de euros y si de momento no la han pagado ha sido por presumir unos 203 millones de euros en pérdidas. La realidad es que el final del confinamiento de 2020, que disparó sus ganancias de ese año, y la nueva ley han puesto a Glovo y Uber Eats en el ojo del huracán, y ha terminado por darle la razón a Just Eat.
Pero la preocupación es sobre los riders sin papeles. Su realidad es que están en el centro de una lucha que busca que señalar prácticas abusivas de estas empresas, y que la policía solo hace su trabajo al revisar los documentos, pero no deja de ser una realidad compleja la de trabajadores que deben buscar una forma de subsistir mientras se adelanta su documentación, ni la de empresas que han decidido no cambiar su modelo en este aspecto, al menos no con la velocidad necesaria.
AUMENTO DE LA PRESIÓN DESDE MEDIADOS DE MARZO
El aumento de las revisiones de documentos de los repartidores empezó a mediados del mes de marzo. Aunque los repartidores no tienen un motivo específico, abundan las teorías sobre la ley rider o la situación sobre la regularización de migrantes ilegales, pero no hay ninguna explicación confirmada. Lo que es cierto es que son los propios riders los que sienten este cambio, y que los hace tener cuidado en zonas en las que hasta hace poco se movían a sus anchas.
Por supuesto que la mayoría de los repartidores en esta situación no han cambiado su rutina. Son pocos los trabajadores que deciden, teniendo otra opción, trabajar en Glovo o en Uber Eats, después de todo todavía dependen de la facturación y asumir riesgos como un día de lluvia en una bici o una moto es más una obligación que una opción cuando funcionan bajo la figura de la cuenta cedida, si la policía ha aumentado la presión sobre ellos en las grandes ciudades en el fondo es solo un problema más que asumir para su día a día.
El otro problema es que empiezan a notar estrategias como el cambio de mochilas, y aunque los riders están acostumbrados a adaptarse a condiciones extremas, por lo que es de esperar que busquen nuevas estrategias de cara a esta situación. También es posible que la presión vuelva poco a poco a ser la de siempre, pero es evidente que están atrapados a la merced de la situación de la empresa para la que reparten, de su relación con el Gobierno y de las decisiones de la policía en ese momento.
POCAS SOLUCIONES PARA LOS RIDERS DE GLOVO Y UBER EATS
En cualquier caso, se trata de una circunstancia que ni las empresas, ni la policía, ni los propios riders, pueden resolver. Para Glovo y Uber Eats la solución es cumplir la ley rider, pero esto dejaría en el aire a quienes no tienen papeles y dependen de estas opciones para sobrevivir, por otro lado, la policía debe hacer su trabajo y finalmente los riders si trabajan en esta situación tan precaria es por no tener más opciones. Es una de las complicadas realidades de los largos procesos burocráticos necesarios en la migración.
Al mismo tiempo, no hay duda que la ley rider cambiaría esta realidad y alejaría a estas empresas de estos titulares. De momento los repartidores seguirán buscando sobrevivir en este tipo de aplicaciones, si no tienen opciones de subsistir de otra forma. Así que por ahora tendrán que lidiar con esta realidad al menos mientras quieran seguir viviendo en territorio español.
