El informe anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre España ha puesto en caldo las medidas del PSOE para afrontar la crisis de la vivienda. El texto, publicado unos días después de que Isabel Rodríguez anunciara que se revisará la ley de vivienda, insiste en que el controlar los precios e intervenir el mercado solo reducirá la oferta disponible, manteniendo la constante subida de precios e insta al gobierno a monitorear los resultados de esta medida en Cataluña, donde esperan que el tiempo les dé la razón.
«Para mejorar la accesibilidad a la vivienda, las autoridades deberían dar prioridad a mejorar la oferta en vez de intentar intervenir de forma disruptiva en la demanda. Hay avances positivos en la búsqueda de mejorar la oferta de viviendas, usando los fondos Next Generation de la Unión Europea para financiar viviendas asequibles en terrenos de uso público y la expansión de las existencias», explica el documento.
Lo cierto es que de momento la vivienda en las «zonas tensionadas» de Barcelona no han hecho, sino subir de precio. De hecho, es uno de los principales motivos por el que el IPC de Cataluña ha superado al de Madrid, un aviso que el FMI subraya cerca del final del informe.
«La ley de vivienda de 2023 introdujo controles de precio en zonas tensionadas, medida que hasta ahora solo se ha aplicado en algunas zonas de Cataluña. Las experiencias anteriores con este tipo de medidas muestran que las mismas suelen terminar reduciendo la oferta de viviendas, reduciendo la oferta para grupos menos afortunados, lo va contra el propio objetivo de la ley. Por tanto, recomendamos una evaluación del impacto inmediato de estas medidas en Cataluña, y creemos que esta debería informar las medidas a futuro», sentencia el texto.
Es un aviso que parece será ignorado. Mientras que el FMI avisa del desastre que puede generar la expansión de esta medida, el Gobierno mantiene su ley de vivienda, y aunque está revisándola de la mano de las patronales, e ignorando a algunos grupos vecinales, ha dejado claro que su objetivo es aplicar la estrategia catalana en más zonas del país y apuntar los cañones legales contra Airbnb. Es una realidad compleja de cara al futuro inmediato y que muestra lo complicado que es resolver uno de los principales problemas de España, y uno que afecta directamente a los más jóvenes.
OTRO AVISO DEL FMI PARA EL GOBIERNO ESPAÑOL
Lo cierto es que el informe del FMI deja varias advertencias al gobierno español que apuntan a ser ignoradas. El aviso con la vivienda va de la mano de comentarios sobre la subida del sueldo mínimo anunciada por Yolanda Díaz para septiembre de este año y de la reducción de la jornada laboral, pero considerando que para la ministra de trabajo son medidas de clave electoral es de esperar que haga todo lo posible para llevarlas adelante, a pesar de las advertencias.
Es un recordatorio de que aun cuando el Fondo predice que el país tendrá un crecimiento moderado en 2024 de 1,9% sigue mostrando preocupación por las políticas implementadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Es un equilibrio complicado, el de tratar de mantener el crecimiento al mismo tiempo que se busca aplicar políticas sociales y cuidar el estado de bienestar. El problema en este caso es que parece que los comentarios del FMI no suelen conseguir demasiados receptores en el ala más a la izquierda del Gobierno.
EL GOBIERNO QUIERE APLICAR LAS POLÍTICAS DE LAS QUE ADVIERTE EL FMI EN MADRID
En lugar de escuchar el aviso del FMI el Gobierno está buscando aplicar un control similar en Madrid. Ya la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha dejado claro que espera que la Comunidad declare varias zonas del centro en tensión para poder aplicar el mismo control en la capital que han aplicado en Barcelona, y que apuntan a no tener demasiado efecto real sobre los precios, por el contrario, si se sigue reduciendo la oferta no hay duda de que estos subirán.
Por ahora Madrid no comparte la decisión. El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García, ha insistido en que el Gobierno autonómico no declarará zonas tensionadas en los municipios de la región y ha defendido que la Ley de Vivienda «no arregla el problema de acceso».
De momento han decidido apuntar contra los pisos turísticos, sin duda parte del problema de la oferta de vivienda, pero no alcanza para solucionar lo que ya puede calificarse como una crisis. Incluso la construcción de viviendas públicas accesibles, aunque clave, puede resultar demasiado lenta. En realidad es importante que los pequeños propietarios aumenten la oferta de alquiler, pero para ello la estrategia no puede ser aplicar la fuerza en lugar de presentar los incentivos para que estos entren al mercado.
