Aunque en algunos momentos del texto se muestra optimista el informe del Artículo IV de España ha dejado claro que algunas de las políticas laborales presentadas por la Ministra de Trabajo y vicepresidenta primera, Yolanda Díaz, son motivo de preocupación para el Fondo Monetario Internacional (FMI), en particular la reducción de la jornada laboral que consideran puede generar un aumento del costo de contratación y reducir tanto el volumen de trabajo como las ganancias de los trabajadores en el tiempo.
«Si no está bien diseñada la reducción de la semana laboral planteada en el sector privado, puede reducir tanto la productividad como los ingresos de los trabajadores en el largo plazo», sentencia el documento. Es un aviso que Díaz parece ignorar de momento, pues no ha cambiado el discurso sobre la necesidad de la reducción de la jornada laboral. Es importante señalar que parte del problema es que la ministra ha puesto a todos los sectores en el mismo saco, señalando la importancia de reducir horarios de hostelería en ciudades como Madrid.
«Para evitar los efectos negativos, la reforma debería venir acompañada de una moderación en los sueldos, funcionar de forma heterogénea y acomodarse a las necesidades de los diferentes sectores y negociar con ellos de forma colectiva, permitir flexibilidad, con opciones cómo anualizar la reducción de jornada, y que esto permita maximizar la productividad y revisar la relación con el sueldo mínimo», explica específicamente sobre aplicar esta norma en el sector privado.
En cualquier caso, no parece probable que la ministra revise su posición. Para ella no solo es un importante punto ideológico, sino además un fuerte argumento electoral, es fácil vender como idea al elector que se trabajará menos y se cobrará más. El problema es que si se toma la medida sin revisar sus posibles consecuencias termine siendo catastrófica. Ya la patronal empresarial ha avisado también que esta medida, es decir, reducir las horas trabajadas, pero mantener el sueldo total, es un aumento de sueldo tácito y puede tener un costo de 64.000 millones de euros.
El otro problema es que la ministra ha prometido que trabajará buscando que para las empresas sean más costosos los despidos. En un país donde uno de los comentarios eternos de las empresas es lo costosas que son las contrataciones, aumentar los despidos puede terminar generando más problemas en la contratación. De hecho, el FMI ha pedido en el informe relajar las condiciones para un despido, abriendo la puerta de este modo a que las empresas puedan tomar mayores riesgos a la hora de contratar, no parece un análisis que haga demasiado feliz a Yolanda Díaz.
EL FMI TAMBIÉN AVISA SOBRE EL AUMENTO DEL SUELDO MÍNIMO
El FMI también ha dejado claro que seguir aumentando el sueldo mínimo, que ya ha alcanzado el 60% de sueldo medio en España, puede conllevar riesgos para la economía, al subir los precios de contratación, sobre todo en puestos de trabajo de poca preparación.
«Cualquier aumento del sueldo mínimo de aquí en adelante debe ser revisado por la comisión dedicada a ello, a la que se le debería permitir gozar de autonomía completa», se lee en el informe del FMI. Es una realidad cercana al problema de la jornada laboral, pues reducir horas de los empleados mientras se les aumenta el sueldo puede terminar generando una presión excesiva a las empresas.
Mientras tanto, la ministra ha puesto fecha al nuevo aumento el próximo mes de septiembre. Es una situación complicada para las empresas, que deben afrontar a una ministra que no ve necesidad de negociar con ellas.
«Con 1.134 euros (al mes) no se puede vivir ni en Madrid, ni en Vigo, ni en Coruña, ni en Murcia, ni en Cartagena, ni en Andalucía, ni en ninguna parte. No se puede vivir. Por tanto, la estrategia del Ministerio de Trabajo es seguir subiendo el salario mínimo, hacerlo con acuerdo social. (…) Lo vamos a seguir haciendo, haya acuerdo o no», sentenciaba la ministra el pasado 12 de abril
UNA MEDIDA CLAVE PARA DÍAZ
Para la ministra, siempre guiada por sus posiciones ideológicas, la decisión es una promesa electoral difícil de cumplir. Incluso estando dispuesta a dar el paso sin la luz verde de los empresarios, tiene que negociar con un PSOE que no está tan dispuesto a quemar estos puentes, además de con el grupo heterogéneo de partidos que forman la coalición de gobierno. Al mismo tiempo, es evidente que hará todo lo posible para llevarla a buen puerto, después de todo no sería la primera ley aprobada sin tomar en cuenta las posibles consecuencias.
Además, ha conseguido que la medida se sume a las exigencias de los sindicatos. Tanto UGT como CC.OO. han señalado que es importante llegar a un acuerdo con la CEOE al respecto, y han empezado a sumarse a la presión. Pero la realidad es que cuando el FMI hace una alerta de este tipo tiene motivos, y en este momento la situación del empleo en España hace especialmente recomendable aumentar la tensión.
