La Comisión Europea ha dado dos semanas a ‘TikTok’ para remitir información detallada sobre las medidas que ha tomado para mitigar los riesgos para los menores de la nueva ‘app’ con la que paga a los usuarios por ver e interactuar con contenidos publicados en la plataforma y que, por ahora, en Europa sólo está disponible en España y Francia.
En el marco de la nueva Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), Bruselas investiga así si la compañía china está cumpliendo con sus obligaciones de transparencia y protección del menor en el desarrollo de la nueva aplicación, ‘TikTok Lite’, en principio dirigida sólo a mayores de edad.
Se trata de un programa que permite a los usuarios acumular puntos descubriendo contenido nuevo o realizando determinadas acciones y que después podrán canjear por bonos regalo para gastar en otras plataformas de compra como Amazon o vía PayPal, así como para premiar a creadores en TikTok.
La nueva legislación comunitaria obliga a las grandes plataformas a realizar evaluaciones de impacto antes de desplegar en la Unión Europea nuevos servicios, por lo que el Ejecutivo comunitario ha dado un plazo de tan sólo 24 horas para que la plataforma presente dicha evaluación a Bruselas.
Además, la empresa tiene hasta el próximo 26 de abril para remitir información más detallada sobre el impacto del nuevo programa en la protección del menor y sobre la salud mental de los usuarios, en especial respecto al peligro de estimular comportamientos adictivos.
Los servicios comunitarios piden explicaciones también sobre las medidas que haya tomado antes de desplegar la nueva ‘app’ en Europa para «mitigar este tipo de riesgos sistémicos».
La Comisión, que analizará pormenorizadamente la información que está recabando antes de tomar cualquier decisión, recuerda que la petición formal de información es un paso dentro de la investigación que no prejuzga los pasos que se puedan dar más adelante.
Con todo, añade la institución comunitaria, tiene potestad para imponer multas a las compañías que no colaboren con la investigación si no envían la información requerida en los plazos establecidos o si envían documentación incorrecta o tergiversada.
El pasado mes de febrero, el Ejecutivo comunitario ya inició una investigación formal para determinar si violado la nueva ley europea en materia de protección del menor, transparencia, acceso a datos y medidas contra contenidos adictivos o dañinos.
