La Comunidad de Madrid ha conseguido las plazas para poder reubicar a los 139 usuarios con discapacidad intelectual de la Residencia con Centro Ocupacional Avantos y del Centro de Día y Residencia Almanzor, ambos recursos ubicados en Pozuelo de Alarcón y cuya empresa propietaria ha tomado la «decisión unilateral» de cerrarlos.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, en los próximos días se procederá a contactar a las familias para comunicarles individualmente el centro asignado para la reubicación de su familiar.
Tal como explican, en el caso de los recursos residenciales, se garantizará la reubicación del grupo de convivencia para «evitar cualquier alteración del día a día de estas personas vulnerables».
Por lo que se refiere a los usuarios de los centros diurnos, la reubicación será «lo más cercana posible dentro de su zona de referencia», añaden.
La pasada semana, fuentes de la Consejería informaron de que la Comunidad de Madrid trabajaba para reubicar a los usuarios de estos dos recursos privados que atienden a personas con discapacidad intelectual en Pozuelo de Alarcón, cuyo propietario, Servicios Sociales Habilitadores SL, comunicó a la Dirección General de Discapacidad el cierre el 31 de mayo como fecha límite.
DECISIÓN UNILATERAL EN DOS RESIDENCIAS
Esta «decisión unilateral» de la empresa de cerrar estos recursos en los que la Administración regional tiene concertadas dichas plazas, señalaron entonces estas fuentes, responde a «un problema propio de gestión» de la firma propietaria que es «ajeno completamente a la Comunidad de Madrid».
En este sentido, subrayaron que la Consejería ha abonado siempre en tiempo y forma la financiación de las plazas concertadas con la entidad, que actualmente son 139.
Tras conocerse el anuncio de cierre, Plena Inclusión de Madrid se puso a disposición de la Comunidad y envió una carta al Gobierno regional en la que manifiesta su «compromiso absoluto» a la hora de buscar una solución para estas personas cuyas plazas tenía concertadas la Comunidad y se abría a prestar «toda su colaboración» a las familias de los afectados.
