En primer lugar, el juez Pedraz ordenó la restricción de Telegram el viernes pasado después de una demanda conjunta presentada por Mediaset, Atresmedia y Movistar Plus. Estas empresas alegaron la presunta distribución no autorizada de material audiovisual sujeto a derechos de autor. Posteriormente, la Audiencia Nacional otorgó el sábado un plazo de tres horas a las compañías de telecomunicaciones para implementar la orden judicial. El mismo juez revisó su decisión inicial de suspender el bloqueo de la plataforma y, finalmente, el lunes pasado corrigió su postura, revocando la medida al considerarla «excesiva y desproporcionada».
