El Defensor del Pueblo ha detectado un aumento en la gravedad de los conflictos escolares y advierte de que estos casos de «extrema gravedad», tanto por la conducta como por la corta edad de las víctimas y los presuntos agresores, han motivado la tramitación de oficio de diversas actuaciones en el último año.
Así lo refleja la institución que dirige Ángel Gabilondo en su Informe Anual 2023 y presentado este viernes 22 de marzo en el Congreso, que, sin embargo, señala que no ha observado respecto del pasado año un aumento significativo en el número de quejas que evidencian conflictos escolares, aunque sí un aumento en la gravedad de estas conductas.
Según la Memoria de la Fiscalía General del Estado, las agresiones sexuales con autores menores incoadas aquel año ascendieron a 974, lo que supone un ascenso del 45,8% respecto del ejercicio anterior, y un incremento del 116% en los últimos cinco años, siendo el porcentaje más alto el de las agresiones sexuales a niñas con menos de 16 años.
A ello se suma una nueva forma de violencia de género, la vinculada a las nuevas tecnologías (violencia de género digital o ciberviolencia de género). En relación con esta tipología penal, la Fiscalía señala que, aún teniendo menos incidencia entre los menores de edad, «resulta preocupante que a tempranas edades ya se exterioricen ciertos comportamientos despreciativos hacia la mujer, lo que vuelve a evidenciar déficits educacionales».
El Defensor del Pueblo defiende que el centro escolar, como entorno de socialización central en la vida de los niños y adolescentes, «debe conformarse como un entorno protector que permita la participación, garantice el respeto y la igualdad, fomente la comunicación y la resolución pacífica de conflictos». Esta protección, a su juicio, debe reforzarse de manera especial en aquellos menores que, por cualquier circunstancia, se encuentran en contextos de riesgo de vulnerabilidad.
No obstante, el informe detecta que, según estudios realizados, hay una «importante limitación educativa» para detener el acoso escolar desde sus inicios, «probablemente relacionada con la dificultad para detectarlo o con la insuficiencia de recursos y habilidades para intervenir con quienes lo llevan a cabo tanto para el profesorado como para las familias».
«Un entorno escolar seguro, física y psicológicamente, exige adoptar protocolos preventivos, pues cuando se produce la violencia escolar, incluido el acoso, se habrá llegado tarde», apunta el Defensor del Pueblo, que insiste en la necesidad de revisar la efectividad de las acciones preventivas desde una perspectiva proactiva y de género para «lograr desterrar en todos los niveles educativos las conductas de ruptura de la convivencia, especialmente las más violentas».
FORMACIÓN DEL ALUMNADO EN COMPETENCIAS DIGITALES
Para ello, apuesta por la formación del alumnado en competencias digitales para una adecuada utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), así como la adopción de medidas que «conciencien a todo el alumnado en la evitación de estas conductas y favorezcan un clima de respeto, de tolerancia, de participación y de libertad para fomentar en los alumnos los valores de la ciudadanía democrática y de la cultura de paz, en colaboración con la familia, como agente socializador y miembro de la comunidad educativa».
Aunque reconoce que las medidas normativas «son elementales» para combatir la violencia escolar, Ángel Gabilondo avisa de que «no son el método para reducir este fenómeno social». Así, precisa que el primer nivel para encarar las situaciones de violencia escolar debe ser asumido por los docentes en colaboración con las familias y su tratamiento ha de venir prioritariamente de la mano de la prevención y, una vez detectado, las respuestas deben adoptarse en el ámbito educativo y familiar.
Para el Defensor del Pueblo, el papel del profesorado «es elemental para conseguir un clima de compañerismo y ambiente positivo en el aula», ya que, con relativa frecuencia, los docentes son las primeras personas en tener sospechas o conocimiento de una situación de violencia escolar, y en estos casos «su adecuada intervención puede ser fundamental para lograr una eficaz atención y resolución».
La «inactividad» de los centros educativos frente a las demandas y solicitudes de protección de los menores ha sido objeto de algunas de las intervenciones realizadas por el Defensor del Pueblo en 2023. «En muchos de estos supuestos resulta reprochable que no se haya detectado de forma temprana, al confundir un episodio de acoso con un hecho aislado», critica.
En este contexto, el documento indica que muchos profesionales de la educación «consideran que no tienen la formación suficiente para interpretar determinados comportamientos de los niños y adolescentes, y para prevenir y detectar precozmente situaciones de violencia escolar».
Por ello, el Defensor del Pueblo considera que es necesario que los docentes tengan la suficiente información y las herramientas precisas para saber detectar situaciones de violencia y diferenciarlas de un conflicto puntual entre iguales, así como saber actuar desde un primer momento, garantizando la protección e intimidad de la víctima, y la debida coordinación con la familia y el resto de instituciones (Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, servicio de salud y de atención especializada, servicios sociales y Fiscalía de Menores), para evitar la duplicidad de intervenciones.
La institución también recalca que es «esencial» seguir incidiendo en la prevención de los problemas de salud mental y conductual en las aulas y en la formación dirigida tanto al profesorado como a los tutores legales. No obstante, alerta de que «no se encuentran mecanismos de coordinación entre la Administración educativa y sanitaria claramente estructurados».
Ante la «falta de implementación real» de la Figura del Coordinador de Bienestar y Protección en la mayoría de los centros, Gabilondo demanda de las administraciones educativas «la puesta en marcha efectiva» de esta figura, con la que se pretende reforzar la protección que deben ejercer los docentes en todos los centros educativos, con independencia de su titularidad.
Corresponde a esta figura velar por el correcto funcionamiento y maximizar los resultados de los preceptivos protocolos de actuación contra los diferentes tipos de abuso y maltrato como acoso escolar, ciberacoso, acoso sexual, violencia de género, violencia doméstica, suicidio, autolesión, o cualquier otra manifestación de violencia.
«La creación de esta figura quedará limitada al papel, si el docente designado no dispone de tiempo en su horario ni de una sólida formación especializada para el eficaz desarrollo de sus funciones, lo que hace preciso un mayor impulso por parte de las administraciones competentes en materia de educación», concluye el Defensor del Pueblo.
