El Gobierno de la Comunidad de Madrid bajo la dirección de Isabel Díaz Ayuso ha confirmado una medida que impactará significativamente en los bolsillos de los madrileños: la subida del precio del Metro y el Cercanías. Después de dos años de descuentos y subvenciones para contrarrestar los efectos de la crisis económica, el ejecutivo ha anunciado la reversión de estas ayudas, lo que resultará en un aumento notable en el costo del transporte público en la región.
Rocío Albert, consejera de Economía, Hacienda y Empleo del Gobierno de Ayuso, ha explicado que esta decisión es necesaria para mantener el nivel de inversión en infraestructuras, particularmente en el Metro, considerado uno de los mejores de Europa. Tras haber aplicado descuentos que alcanzaron hasta el 60% en los últimos años, financiados con subvenciones del Gobierno central, la medida ha supuesto un ahorro significativo para los usuarios, pero ahora se dirige hacia un cambio que impactará en sus presupuestos mensuales.
A partir de enero de 2025, se espera que los precios del abono transporte se ajusten nuevamente a las tarifas originales, marcando un cambio sustancial en el acceso al transporte público en Madrid. Este ajuste no solo implica un incremento en los costos, sino que también plantea incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo la transición y si se considerarán medidas de progresividad en función de la renta de los madrileños. Con esta medida, se prevé un escenario de mayor presión económica para los usuarios del transporte público en la capital española.
2Explorando una posible revisión tarifaria
El Gobierno de la Comunidad de Madrid está explorando una posible revisión tarifaria que contemplaría la implementación de un sistema más progresivo en las tarifas del transporte público. Esta propuesta implicaría considerar la renta de los viajeros como un factor determinante para determinar el costo de los abonos, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo al transporte público y redistribuir de manera más justa los costos entre los usuarios.
Esta medida, sugerida por funcionarios como la consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, y el consejero de Transportes, Vivienda e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, refleja un intento de encontrar un equilibrio entre la sostenibilidad financiera del sistema y la necesidad de mantener la accesibilidad para todos los ciudadanos.
