Hard Rock se ha convertido en la moneda de cambio de los Presupuestos en Cataluña. El proyecto, paralizado por la Administración de ERC desde hace casi una década, es un asunto recurrente para captar votos en elecciones. Por un lado, los independentistas se niegan a otorgar las licencias y permisos por la falta de informes medioambientales favorables, pero al mismo tiempo los de Pere Aragonès se oponen al megacomplejo de casinos y hoteles por principios ecologistas.
La emergencia climática, que tanto se pregona con la sequía en Cataluña, queda ahora en un segundo plano para arrancar el pacto con los socialistas de Salvador Illa, el mismo que está salpicado por la imputación de tres de sus exaltos cargos en el Ministerio de Sanidad por la compra de mascarillas defectuosas para los funcionarios y personal sanitario.
Llegaremos hasta donde haga falta para frenarlo todo
Aragonès dará luz verde a Hard Rock a cambio del sí de los socialistas, como también se ha puesto en marcha el tramo de la B-40, la circunvalación del Área Metropolitana de Barcelona para evitar tener que ir a la ciudad para pasar de un municipio a otro. Básicamente es similar a la M-40 de Madrid, pero su retraso se debió también a las críticas de los ecologistas, mientras algunos municipios la llevan reclamando desde hace años.
ERC Y SU ENGAÑO CON HARD ROCK A VOTANTES O PSC
El Govern catalán se ha guardado y mucho de mostrar fechas concretas, la misma estrategia seguida en la negociación con el PSOE para dar el sí a la investidura de Pedro Sánchez. La negociación ha encendido las alarmas entre los ecologistas, especialmente desde la plataforma Aturem Hard Rock, quienes apuntan a este medio: «Llegaremos hasta donde haga falta para frenarlo todo. No tienen informes favorables hasta ahora y miraremos con lupa todos y cada uno de los pasos».
La plataforma más combativa contra el proyecto no descarta tampoco la vía judicial para detener el complejo turístico de ocio promocionado por Hard Rock junto a PortAventura. Una de las principales críticas vertidas contra el gobierno catalán se centra en el enorme consumo de agua que gastará el proyecto. La Generalitat lo cifró en más de 1,086 millones de metros cúbicos de agua, el equivalente a 434 piscinas olímpicas y media, todo en un momento en el está prohibido llenarlas en toda Cataluña y solo se permitirá en caso de que sean rellenadas con agua de mar, aunque ese extremo es por ahora una petición del gremio de hoteleros.
HARD ROCK, UN PROYECTO QUE NECESITARÁ MÁS DE 430 PISCINAS OLÍMPICAS
La cifra dada por la Generalitat, además, podría quedarse muy corta. Si el megacomplejo estuviera completo y a pleno rendimiento, el gasto del agua podría alcanzar los 1,16 metros cúbicos, es decir, 466 piscinas olímpicas. Las duchas, baños y aseos, más las propias piscinas, zonas ajardinadas y fuentes en una zona donde sopla el viento, pero no llueve con relativa intensidad, contrastan con los áridos campos que rodearán el complejo.
La Generalitat, como bien suele hacer en estos casos, impone las restricciones para todos, como hizo con la pandemia, pero deja la responsabilidad del abastecimiento a los alcaldes de los municipios. El Consorci de Aigües de Tarragona afirmaron que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) «tienen una reserva suficiente para hacer frente al desarrollo del proyecto». Esta respuesta se hizo apenas hace ocho meses, cuando las restricciones a los regantes y campesinos, así como a las duchas en toda la zona de playa, eran una realidad en gran parte de Cataluña.
El nuevo proyecto, además, incumple los requisitos medioambientales. Aturem Hard Rock tras los cambios del proyecto urbanístico, consiguió paralizar ante la justicia los cambios del plan director urbanístico de Salou en 2020. Los jueces fueron muy claros y debía modificarse todo el proyecto, hasta que hace ahora dos años se volvió a aprobar con todas las modificaciones señaladas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pero sigue sin ser apto desde entonces. Aquella vez, fue ERC quien lo paralizó por completo para dar ahora rienda suelta, con el único objetivo de mantenerse en la poltrona y evitar un adelanto electoral.
El otro escollo del proyecto se centra en los terrenos. La Generalitat compraría los terrenos a través del Incasól para después venderlos a Hard Rock, que no ofrecía garantía ninguna a la hora de adquirlos si no se les concedía las licencias correspondientes. Para la empresa inversora era una operación de alto riesgo, mientras que vehicular la operación a través de la propia Generalitat tampoco estaba bien vista.
Si lo paramos una vez, lo haremos de nuevo
Tanto Salou como Vilaseca están comprometidos con el proyecto, más cuando sus cuentas dependen del número de turistas que llegan a la zona. Las críticas de los municipios chocan también con los vecinos, quienes apuntan a la masificación como un verdadero problema. Los ecologistas, por su parte, darán toda la batalla legal posible. «Si lo paramos una vez, lo haremos de nuevo», sentencian.
