La Mesa del Parlament catalán ha rechazado este jueves las peticiones de reconsideración presentadas por PSC-Units, Vox, Cs y PP de la admisión a trámite de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) registrada el 2 de febrero por Solidaritat Catalana per la Independència, que pide que la Cámara declare la independencia de Cataluña.
Según fuentes parlamentarias, las peticiones se han rechazado con los votos en contra de ERC, Junts y la CUP y con los únicos votos a favor de los miembros de la Mesa del PSC-Units, por lo que la ILP sigue su tramitación.
La comisión promotora de la ILP deberá comunicar a la Comisión de control de las ILP toda la documentación requerida y los pliegos necesarios para la recogida de 50.000 firmas, que deberá recopilar en 120 días hábiles a partir de que les devuelvan los pliegos sellados.
Además, el órgano rector del Parlament puede prorrogar hasta 60 días hábiles este plazo de recogida de firmas si hay «causas debidamente justificadas», y después los pliegos de firmas deben entregarse a la Comisión de control, que debe comunicarlo a la Mesa en 15 días hábiles.
Después de todo este proceso, podrá comenzar el trámite parlamentario de la ILP como una proposición de ley.
DENUNCIA DE CS
Cs pidió el martes a la Fiscalía que actuara de oficio tras la admisión a trámite de la ILP en la Mesa, y ha anunciado este jueves que ampliará su denuncia contra el órgano parlamentario «por prevaricación, desobediencia y malversación de caudales públicos».
Así lo explica el partido en un comunicado, en que asegura que el Parlament «subvencionará con hasta 40.000 euros a Solidaritat Catalana», los promotores de la iniciativa.
Según la Ley de la Iniciativa Legislativa Popular, la Mesa debe abonar a la comisión promotora una indemnización, a cargo del presupuesto del Parlament, de hasta 0,64 euros por firma y con el límite de 40.000 euros por los gastos debidamente acreditados, siempre que la Mesa admita a trámite la propuesta y que ésta tenga el apoyo del número de firmas requerido.
Carrizosa ha dicho en el comunicado que, tras el rechazo su reconsideración, van a solicitar amparo al Tribunal Constitucional y acudirán a la Fiscalía por un presunto delito de prevaricación y otro de desobediencia.
