El 27 de noviembre de 2017, durante el evento del Ciber Monday, Amazon lanzaba con entusiasmo Amazon Flex, una plataforma diseñada para atraer a trabajadores autónomos que deseaban obtener ingresos adicionales realizando entregas de paquetes en sus propios vehículos. La estrategia era clara: expandir su capacidad logística a un costo considerablemente menor que el establecido para desarrollar internamente dicha infraestructura. No obstante, la viabilidad de esta iniciativa fue efímera. Cuatro años después de su implementación, la gigante de Seattle optó por retirar este ejército de repartidores, comenzando en España y extendiéndolo posteriormente a otros mercados europeos, como Alemania.
1La justicia condena a Amazon
La razón fundamental detrás de esta decisión fue la creciente amenaza legal que se cernía sobre este modelo de negocio, especialmente en medio de las dificultades enfrentadas por empresas similares, como Glovo y otras dedicadas a la entrega de alimentos a domicilio. Este jueves, esos riesgos se han concretado con una sentencia del juzgado de lo Social número 42, que ha condenado a la subsidiaria española del gigante del comercio electrónico. La sentencia determina que los aproximadamente 3.700 trabajadores que participaron en Amazon Flex entre 2019 y 2021 mantenían una relación laboral con la compañía y eran considerados falsos autónomos. Aunque la empresa tiene la opción de apelar la sentencia en los próximos cinco días ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, este fallo pone de manifiesto los desafíos legales que enfrenta el modelo de empleo de plataformas de reparto en el sector.
Por segunda vez, Amazon enfrenta una condena relacionada con la utilización de falsos autónomos. En febrero de 2023, el juzgado de lo Social número 14 ya se había pronunciado de manera similar, estableciendo una relación laboral con cerca de 2.200 repartidores que participaron en Amazon Flex desde su lanzamiento hasta 2019. La reciente sentencia subraya la existencia de «subordinación» de los repartidores a la empresa, ya que estaban vinculados de manera «estable» al tener que registrarse en Amazon Flex para acceder a la aplicación correspondiente. El documento judicial sostiene que la organización y control del servicio recae en la empresa a través de la aplicación, cuestionando la autonomía aparente de los repartidores para elegir el lugar y el momento de los servicios.
La resolución destaca cuatro puntos que respaldan la relación laboral en lugar de una relación mercantil. En primer lugar, Amazon establecía criterios más allá de los estándares mínimos para el registro, controlando aspectos como la idoneidad del repartidor y del vehículo utilizado. Además, la sentencia señala que a través de la aplicación se supervisaban las horas dedicadas a la actividad, los periodos de conexión y el tiempo dedicado al reparto. Se critica también la falta de control de los repartidores sobre la aplicación, ya que no intervenían en su diseño ni tenían conocimiento de los algoritmos y parámetros utilizados para asignar pedidos. Además, la empresa fijaba unilateralmente las condiciones de prestación y se reservaba la facultad de excluir a los colaboradores del programa y cancelar sus cuentas.
A pesar de la cancelación de Amazon Flex, la empresa cuenta con una alternativa llamada Delivery Service Partner (DSP), un programa que promueve la creación de subcontratas, financiando a aquellos interesados en establecer empresas de reparto que luego trabajen para Amazon. Sin embargo, este modelo ha sido objeto de controversia, ya que muchos lo ven como una posible cesión ilegal de trabajadores. La reciente sentencia subraya los desafíos legales que enfrentan las plataformas de entrega y pone de manifiesto las crecientes tensiones en torno a las prácticas laborales en la era de la economía.
