Tras llegar a varios consensos con la «oposición razonable» todo apunta a que Javier Milei conseguirá aprobar, aunque reducida, su controvertida Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los argentinos, que serviría para mantener las medidas que tomaba por decreto de emergencia a principios del año. Es una apuesta riesgosa, pero que permite al nuevo presidente argentino aprobar la famosa ley y hacer cambios importantes, y según él claves, dentro de la sociedad y el sistema económico de Argentina.
De hecho, quizás la principal de todas las leyes es la que define «la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025». Esto apunta a que el presidente podría tomar una parte importante de las decisiones económicas que considera necesarias sin que las mismas sean discutidas por un congreso dividido en tres partes: La derecha tradicional del PRO de Macri, la oposición peronista de izquierdas y los diputados de La Libertad Avanza, el partido del propio Milei, además de la gran cantidad de partidos independientes.
Pero más allá de esta medida, el presidente ha tenido que ir reduciendo algunas de sus reformas más radicales para poder aprobar el paquete de leyes. De hecho, incluso la medida de declarar la emergencia pública parece que llegara solo hasta el final de 2024, y después tendría que volver a votarse en el congreso, y no parece que el nuevo presidente pueda contar con los votos de la derecha tradicional y el centro en cada una de sus leyes y que deba negociar con las uñas cada uno de sus proyectos.
También se ha disminuido la cantidad de empresas públicas que se quieren privatizar. En particular, se tachó del proyecto a la petrolera YPF y se ha asumido que en casos como el Banco Nación o la constructora de satélites ARSAT, la privatización sea solo parcial, dejando cerca de la mitad de las acciones en manos del estado. Son medidas menos revolucionarias de lo que se esperaba en un principio, pero que siguen encendiendo la alerta interna de los opositores, y de algunas organizaciones internacionales que no comparten la ideología con el nuevo presidente.
Los planes para Banco Nación pasarían por crear una sociedad anónima, de tal forma que se podría permitir la entrada de capital sin que necesariamente implique su privatización. El nuevo presidente del banco, Daniel Tillard, es uno de los mayores partidarios de dar este paso. Recientemente, valoró como «central» la transformación de la entidad en sociedad anónima para crecer, alcanzar eficiencia y mejorar la transparencia en la gestión de la entidad.
Por su parte, en una entrevista radiofónica este lunes, Milei ha defendido que el Gobierno no ha cedido nada, sino que ha hecho mejoras, teniendo siempre en cuenta el necesario equilibrio fiscal. Otras importantes compañías nacionales de Argentina como Operadora Ferroviaria o Aerolíneas Argentinas se mantienen en la lista de empresas públicas que serán privatizadas.
Es que la controversia ha sido tanta que incluso la ONU ha considerado necesario pedir permiso para participar en la discusión de la ley en el congreso, una medida fuera de lo usual cuando se trata de políticas internas. Pero lo cierto es que demuestra que el nuevo presidente ha conseguido un perfil especialmente llamativo a nivel internacional, gracias a su retórica controvertida y a sus posiciones políticas.
UNA LEY QUE TRANSFORMA LA SOCIEDAD ARGENTINA
Incluso para quienes más apoyan a Milei no debe ser una sorpresa las protestas que han llegado a las calles de Buenos Aires de la mano de los sindicatos, y el peronismo. Es que de aprobarse, como se debería ocurrir durante el mes de febrero, desregularía una economía que en los últimos años del peronismo se ha definido por la intervención del estado y el control cambiario.
También es cierto que este cambio conlleva el despido de varios empleados públicos. Aunque de momento esta última medida no se llevará a cabo debido a una decisión de los tribunales, esto no ha frenado la huelga general que han convocado desde los sindicatos del país.
«Que nadie espere que aceptemos ni un solo despido. Está claro que la paz social la está quebrantando un Gobierno que pretende dejar a miles de familias en la calle. Es estando en la calle como vamos a frenar el ajustazo del Gobierno», ha defendido el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, a través de un comunicado en sus redes sociales.
PROTESTAS EN LOS PRIMEROS 100 DÍAS DE MILEI
Lo cierto es que no deja de ser llamativo que el presidente tenga que asumir una huelga con menos de 100 días en el cargo. Pero la realidad de unos sindicatos profundamente politizados y lo controvertida que ha resultado la nueva ley han permitido una situación complicada para el nuevo presidente.
Pero como otros de sus homólogos, el presidente sabe como manejarse bien en la confrontación directa. De hecho, Milei y los suyos no han dejado de amenazar a quienes protestan cortando las calles o deciden no trabajar, y han recibido aplausos, por lo que no parece que la convocatoria a huelga le quite demasiado el sueño.
