Maduro sigue definiendo del destino de Venezuela y los venezolanos. En el cambiante y “angustiante” panorama político de Venezuela, han surgido desarrollos lamentables que recuerdan a una estrategia previamente observada en Nicaragua. El 9 de enero de 2024, la Asamblea Nacional venezolana reanudó las deliberaciones sobre una legislación propuesta que no solo busca restringir, sino también potencialmente criminalizar y cerrar las organizaciones no gubernamentales (ONG) que operan en el país. Esta legislación, titulada de manera siniestra «Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y afines», pasó su votación inicial el 24 de enero de 2023, y su aprobación final se vislumbra peligrosamente cercana.
De ser promulgada, la ley impondría medidas rigurosas, violando los derechos de asociación, privacidad y más, poniendo a las ONG y a sus beneficiarios en grave riesgo de criminalización y represalias. Los controles propuestos incluyen la obligación de divulgar listas de miembros y personal, información de donantes y transacciones financieras. El incumplimiento de estos requisitos podría llevar al cierre de las organizaciones de la sociedad civil y a posibles procesos penales. Este movimiento legislativo es solo el último en una serie de intentos por parte del gobierno de ejercer control sobre la sociedad civil, siguiendo iniciativas anteriores como la llamada «Ley de Cooperación Internacional».
La situación no carece de precedentes, ya que intentos similares de sofocar la sociedad civil en Venezuela han provocado condenas internacionales. Amnistía Internacional denunció públicamente las iniciativas mencionadas, respondiendo con acciones urgentes y cartas abiertas en protesta. Aunque se realizaron algunas modificaciones al proyecto de ley, aliviando ciertas preocupaciones, el actual impulso legislativo subraya un patrón continuo de interferencia gubernamental.
En medio de estos movimientos legislativos, los defensores de los derechos humanos en Venezuela enfrentan amenazas constantes de hostigamiento, ataques y detenciones. La encarcelación de Javier Tarazona, defensor de derechos humanos y director de la ONG Fundaredes, es un ejemplo claro de los riesgos que enfrentan las personas por defender los derechos humanos. Los llamados a su liberación inmediata e incondicional resuenan en un clima donde los activistas y las organizaciones de la sociedad civil son continuamente acosados, perseguidos y censurados.
A medida que el gobierno de Nicolás Maduro intensifica su represión contra activistas y organizaciones que buscan salvaguardar los derechos de los venezolanos en medio de una compleja emergencia humanitaria y una profundización de la crisis de derechos humanos, la comunidad internacional permanece vigilante. Con más de 7.1 millones de personas habiendo huido del país para diciembre de 2022-2023, la situación crítica en Venezuela exige atención global y esfuerzos concertados para abordar los alarmantes patrones de abusos contra los derechos humanos.
En este contexto, se vuelve cada vez más evidente que la administración de Maduro está adoptando una estrategia reminiscente de la observada en Nicaragua, donde los esfuerzos liderados por el gobierno apuntan a las ONG, sofocando la disidencia y restringiendo el trabajo crucial que realizan. Hoy analizamos las similitudes entre las aproximaciones de ambos países, arrojando luz sobre las posibles consecuencias para la sociedad civil venezolana y la necesidad urgente de defensa internacional para proteger los derechos de aquellos que enfrentan persecución.
El proyecto de ley sobre las ONG con la que Maduro amenaza a Venezuela
El proyecto de ley sobre las ONG en Venezuela, ha levantado alarmas tanto a nivel nacional como internacional. Adoptada en primera lectura por la Asamblea Nacional el 24 de enero, la nueva legislación plantea serias implicaciones para el espacio cívico y democrático en el país sudamericano.
Son varias las ONG que han expresado su profunda preocupación por la posible aprobación de esta ley, señalando que podría representar un punto de no retorno en la restricción del espacio para las organizaciones no gubernamentales. Marta Valiñas, presidenta de la Misión de investigación de la ONU, advirtió que la regulación impondría requisitos tan onerosos a las ONG que otorgaría al Estado la capacidad prácticamente permanente de disolverlas, limitando el ejercicio del derecho de asociación en lugar de facilitarlo.
El análisis preliminar de la Misión destaca que varias disposiciones del proyecto de ley afectarían los derechos fundamentales a la libertad de asociación y expresión, contraviniendo la Constitución venezolana y las normas internacionales de derechos humanos. De particular preocupación son las atribuciones otorgadas al Ejecutivo Nacional, permitiéndole implementar mecanismos de control que podrían resultar en una vigilancia constante, incluso a través de control policial o de inteligencia.
Otro aspecto inquietante es la falta de precisión en la prohibición de realizar «actividades políticas que atenten contra la estabilidad nacional», permitiendo interpretaciones amplias y potencialmente peligrosas. La Misión destaca que esta ambigüedad podría comprometer a ONG dedicadas a la fiscalización del espacio público y democrático, así como a aquellas que colaboran con la documentación de violaciones de derechos humanos.
En un contexto más amplio, la Misión sitúa este proyecto de ley como parte de un patrón de restricciones al espacio cívico en Venezuela, que incluye amenazas, ataques y detenciones arbitrarias contra defensores de derechos humanos, sindicalistas y periodistas, así como limitaciones al funcionamiento de organizaciones y medios independientes. Patricia Tappatá, experta de la Misión, concluye que este proyecto refleja una estrategia para silenciar o eliminar a la sociedad civil defensora de los derechos humanos, representando un nuevo ataque a las libertades de expresión y asociación en Venezuela.
La realidad de las ONG en Venezuela y su inquietante paralelo con la situación en Nicaragua
La situación actual de las ONG en Venezuela refleja una preocupante similitud con la realidad en Nicaragua, donde un proyecto de ley amenaza con desplazar a estas organizaciones del ámbito nacional, replicando una estrategia adoptada por el régimen de Daniel Ortega. La aprobación, ya casi segura, de la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines por parte de la Asamblea Nacional venezolana, controlada mayoritariamente por el oficialismo, ha desatado alarmas.
Dicha ley, impulsada por Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), representa un claro intento de silenciar las voces de las ONG, limitando su capacidad para operar y prestar asistencia al pueblo venezolano. El proyecto, aunque no ha sido publicado oficialmente, ha sido descrito como una amenaza directa al derecho humano, a la libertad de asociación, cerrando el espacio cívico y permitiendo represalias contra cualquier forma autónoma de asociación en Venezuela.
En caso de aprobarse, la ley pondría en peligro la vida de los venezolanos que dependen de la ayuda humanitaria proporcionada por estas organizaciones, ilegalizándolas y cooptando el tejido social. Expertos advierten que los requisitos propuestos en el proyecto son diseñados para ser imposibles de cumplir, con registros obligatorios y en constante renovación, sin criterios claros de evaluación y garantías de debido proceso.
El proyecto también estatiza las organizaciones, imponiendo actividades y entrometiéndose al punto de obligarlas a aceptar como miembros a funcionarios del Estado. Esta iniciativa refleja una estrategia del gobierno venezolano para limitar la labor de las ONG, similar a la adoptada en Nicaragua por Daniel Ortega, donde la sociedad civil enfrenta restricciones similares.
El proyecto también estatiza las organizaciones, imponiendo actividades y entrometiéndose al punto de obligarlas a aceptar como miembros a funcionarios del Estado. Esta iniciativa refleja una estrategia del gobierno venezolano para limitar la labor de las ONG, similar a la adoptada en Nicaragua por Daniel Ortega, donde la sociedad civil enfrenta restricciones similares.
