No estarán en Barcelona y tendrá más limitaciones en Madrid, y el futuro en Valencia sigue siendo una duda. Al parecer, las VTC como Uber y Cabify han pasado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la justicia española, las comunidades y ha vuelto a estar en la misma situación en las que las puso el controvertido decreto Ábalos. Es decir, cada comunidad autónoma podrá aplicar las normas que considere para poner un freno o acelerar el funcionamiento de las nuevas aplicaciones.
Así ha resultado la situación tras la sentencia del Tribunal Supremo que, siguiendo la pauta del TJUE, ha recordado que no se puede limitar licencias de VTC siguiendo la línea de la norma del 1×30 pensada para proteger al taxi, pero que ha recordado que las comunidades autónomas pueden limitar las licencias por otros criterios. Estos incluyen el tráfico y los criterios ambientales, por los que las diferentes comunidades pueden tomar las decisiones basadas en sus criterios.
Es el panorama tras la sentencia del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente un recurso presentado por Maxi Mobility Spain contra la denegación por parte de la Comunidad de Madrid en 2018 de su solicitud de 1.000 autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor, clase VTC, que se basó en que su concesión superaría la limitación de 1 licencia VTC por cada 30 de taxi.
La sentencia aclara que la anulación del acto denegatorio no puede suponer la concesión de las 1.000 autorizaciones VTC solicitadas por la mercantil recurrente, sino que se ordena la retroacción del procedimiento a la Administración de la Comunidad de Madrid, para que resuelva sobre la solicitud de 1.000 autorizaciones VTC solicitadas. Lo hace de conformidad con la normativa aplicable en el momento en que se formalizó la solicitud (abril de 2018), sin aplicar la limitación cuantitativa 1/30 prevista en el artículo 181.3 del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres.
Es algo un tanto irónico que después de buscar una solución legal en tantos espacios distintos, terminen en una situación muy parecida a la que tienen desde 2018. Pero al mismo tiempo, el nuevo marco legal asegura que será muy complicado que comunidades con posiciones radicales como la de Cataluña sigan aprobando nuevas licencias de VTC, al menos mientras se mantenga el gobierno actual.
Pero además ocurre en un momento donde incluso las comunidades que eran amables con el nuevo modelo de las VTC empiezan a ponerles limitaciones. El caso de Madrid, que ha limitado la tarifa dinámica de Uber, es especialmente simbólico. La comunidad había aprobado un reglamento que los taxis habían considerado especialmente positivo para estas nuevas aplicaciones, de hecho el apodo fue la «ley Uber», pero al parecer ya no tiene la misma relación con estas empresas.
MADRID TIENE QUE REVISAR 1.000 LICENCIAS DE VTC PARA EMPRESAS COMO UBER
El alto tribunal expone que el Tribunal de Justicia de la UE, en sentencia de junio de 2023, ha fijado que la limitación de autorizaciones VTC/Taxis en la proporción de 1/30 no supone una ayuda implícita del Estado al sector del taxi, pero es contraria a la libertad de establecimiento del artículo 49 del tratado de la UE salvo que se haya acreditado, por un lado, que la medida limitativa es apropiada o idónea para conseguir los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico, del espacio público y de protección del medio ambiente, y, por otro, que es proporcionada para alcanzar estos objetivos.
Tratando de explicar el lenguaje legal, esto quiere decir que la comunidad tendrá que revisar las licencias que se han aprobado desde 2018. Son unas 1.000 licencias que tendrán que revisarse, y aunque en Madrid específicamente no corren riesgos en otras comunidades se abre la puerta para medidas parecidas, lo que es motivo de celebración de organizaciones como Élite Taxi que saben el tipo de presión que pueden ejercer.
CATALUÑA DEJARÁ FUERA A UBER Y CABIFY
De hecho, Cataluña es probablemente la comunidad donde es casi seguro que se verán menos VTC en los próximos años. Es que la Generalitat ha puesto todos sus esfuerzos en aprobar medidas que complican el trabajo de este tipo de empresas, a sabiendas de la posición de la Cambra y de quien gobierna, es posible que también se busquen formas de revisar estas licencias. En cualquier caso habrá que seguir la situación de cerca.
