La Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) ha mostrado su «preocupación» ante la regulación de los ‘influencers’ en el marco de la propuesta de Real Decreto de desarrollo de la Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) en relación con los denominados ‘usuarios de especial relevancia’ (UER).
Así lo ha indicado la asociación, que ha hecho público un informe de observaciones en el que considera que «los criterios utilizados para esa regulación dejan fuera del marco de su aplicación a una gran mayoría de ‘influencers’ con gran notoriedad en el mercado y, muy especialmente, en el segmento de seguidores infantil y adolescente».
En este sentido, AUC ha explicado que la segunda versión del borrador de real decreto «rebaja de 500.000 a 300.000 euros los ingresos brutos anuales mínimos de un generador de contenidos para ser considerado ‘UER’, es decir, prestador de un servicio de comunicación audiovisual, junto con un número de seguidores de al menos 1.000.000 en un servicio o de 2.000.000 de forma agregada».
«Los estudios del mercado de los ‘influencers’, de los que la propia Memoria de Impacto se hace eco, ponen de relieve que, con esos criterios, un número muy elevado de grandes generadores de contenidos quedarían fuera del marco de aplicación de la norma, a pesar de que, en algunos, puedan contar con niveles de audiencia e ingresos muy superiores a los de algunas cadenas de televisión, obligadas a cumplir la LGCA en su integridad», ha subrayado.
Además, AUC se muestra «especialmente preocupada por las repercusiones negativas de esta impunidad generalizada desde el punto de vista de la protección de los menores», frente a su acceso a contenidos perjudiciales como la pornografía, la violencia extrema, las conductas incívicas, el juego o el consumo de sustancias tóxicas como alcohol y tabaco.
«Las prácticas ilícitas en materia publicitaria por parte de los ‘influencers’ (como es el caso de las comunicaciones comerciales encubiertas), cuentan con otras normativas de aplicación, aunque no sean considerados usuarios de especial relevancia», ha señalado.
Sin embargo, ha advertido de que en el caso de los contenidos perjudiciales para los menores y la evitación de su acceso a ellos mediante el etiquetado de contenidos, la verificación de edad o el control parental, «sólo la LGCA proporciona en la actualidad herramientas regulatorias eficaces para su protección».
UN CRITERIO MÁS AMPLIO
La asociación pide al Gobierno «un criterio más amplio para la consideración de los usuarios de especial relevancia en su próxima regulación, con el fin de proteger verdaderamente a la ciudadanía ante contenidos ilícitos e inadecuados y, especialmente, a menores y adolescentes».
Por su parte, la Unión de Televisiones Comerciales en Abierto (Uteca) ha pedido la regulación de los ‘influencers’ con 100.000 seguidores y una facturación anual de 100.000 euros para que se vean obligados a cumplir con la ley General de Comunicación Audiovisual en materia de contenidos, publicidad y protección al menor.
Tener esta calificación obligará al cumplimiento de la ley General de Comunicación Audiovisual en materia de contenidos, publicidad y protección al menor, con la posibilidad de afrontar sanciones de hasta 1,5 millones de euros en los casos de incumplimiento más graves.
Así, Uteca ha advertido, en un comunicado, de que los umbrales marcados en la actual redacción del proyecto «dejan fuera a la gran mayoría de los influencers, que con una menor base de seguidores tienen una alta capacidad de prescripción y desarrollan una recurrente actividad publicitaria y de creación de contenidos».
Por ello, ha propuesto, en el trámite de consulta pública sobre el proyecto, que todos aquellos con al menos 100.000 seguidores en el conjunto de las plataformas y con un mínimo de 100.000 euros de facturación anual, tanto en metálico como en especie, tengan la consideración de Usuarios de Especial Relevancia y, por tanto, estén obligados al cumplimiento de la ley.
En este sentido, ha recordado que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) se han manifestado en términos similares.
Asimismo, ha insistido en que de mantenerse unos umbrales «tan elevados», el grueso de los ‘influencers’ «quedará exento» del cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual que, entre otras cuestiones, prohíbe y sanciona la difusión de contenidos de odio y violencia, además de la difusión de publicidad perjudicial y no señalizada.
«El intento de regulación será irrelevante y no tendrá ningún impacto. El efecto práctico será el equivalente a no haber aprobado ninguna regulación», ha avisado, para alertar de que este proyecto es «una oportunidad única, que no se debe desaprovechar».
De este modo, ha incidido en la necesidad de impulsar que la mayoría de ‘influencers’ «abandonen el salvaje oeste en el que desarrollan su actividad con la complicidad de las plataformas que los acogen».
«Si la regulación quiere lograr el objetivo de reducir considerablemente la actual situación de difusión sin control de contenidos audiovisuales y comunicaciones publicitarias perjudiciales en plataformas como Tik Tok o Instagram, el Gobierno debe ampliar considerablemente el número de ‘influencers’ obligados a cumplir la ley», ha sentenciado.
