Las VTC como Uber, Cabify y Bolt han tenido una relación complicada con las comunidades, casi desde su llegada al país. La realidad de todas ellas es que su relación con los trabajadores y el deseo de algunas ciudades de proteger el servicio de los taxis han complicado su relación con el estado. Pero además estas empresas tienen que lidiar con la DGT no solo evitando las infracciones de las que cualquiera de nosotros puede ser culpable, sino también algunas específicas para ellos.
Exigencias del cinturón al pasajero, con riesgos de multas de hasta 100 euros, en Barcelona se les puede multar por no tener el largo suficiente. A esto se le suma que se les ha obligado a reducir el número en algunas comunidades por motivos ambientales y de tráfico, aunque por decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya no pueden hacerlo solo por proteger a los taxis.
De hecho, hay ciudades como Zaragoza o Barcelona que han calculado que alrededor de la mitad de los vehículos de VTC detenidos para inspección terminan recibiendo una multa. En el caso de Madrid, una de las ciudades más permisivas con aplicaciones como Uber, Cabify o Bolt, las exigencias de etiquetas ambientales ha expulsado a varios de ellos del centro de la ciudad, lo que ha causado problemas tanto para ellos como para los taxis desde principios de año.
Pero no es solo la DGT. Lo cierto es que incluso las comunidades autónomas que recibían con gusto este tipo de aplicaciones han empezado a poner limitaciones. El caso más evidente es el de Madrid, comunidad donde el reglamento VTC había sido apodada como la ‘Ley Uber’ por sus críticos, pero que en marzo del año pasado aprobó una modificación a la Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos que aumentaba las multas que podían recibir hasta los 6.000 euros y que ahora les ha puesto una limitación en los aumentos de precio sobre la tarifa base.
CADA VEZ MÁS LIMITACIONES PARA UBER Y COMPAÑÍA
Lo cierto es que a pesar de la molestia de algunos sectores, las multas impuestas por la DGT y las medidas de control de las diferentes comunidades autónomas han dejado cada vez menos libertad de acción a las nuevas VTC. Aunque Uber, Cabify y Bolt pueden presumir de haber cerrado un 2023 positivo en sus datos, después de todo el regreso en 2022 de los grandes eventos y su crecimiento sostenido en 2023 les devolvió los días de mayor demanda y les permitió respirar algo más tranquilo en los primeros meses posteriores a la pandemia, esta nueva realidad es especialmente incómoda.
A eso se le suma la complicada relación que siguen teniendo con los conductores. Para nadie es un secreto la reputación que tienen en cuanto a lo que se les paga en relación con las horas que deben pasar tras el volante. Sumado a las críticas por los pocos filtros que ponen sobre los nuevos conductores, o al menos pocos en comparación con los taxis, es situación delicada, pero que es importante asumir si quieren cambiar su imagen de cara al público.
LOS TAXIS AÚN CRITICAN EL NUEVO REGLAMENTO
La Federación Profesional del Taxi (FPTM) ha denunciado este jueves que el nuevo reglamento del sector elaborado por la Comunidad de Madrid beneficia a las grandes plataformas, en detrimento del autónomo, y perjudica además a los usuarios y ha censurado además que se elimine la posibilidad de que los ayuntamientos regulen la prestación máxima de servicio diaria en circunstancias especiales como crisis económicas.
En un comunicado, ha subrayado que el nuevo reglamento aprobado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid está «alejado» de las nuevas necesidades reales de las ciudades «y muestra una dejadez total hacia el sector y hacia las demandas de los usuarios.
El nuevo texto, que ya entró en vigor, tras su publicación en el Boletín Oficial de la Región (BOCM), elimina, entre otros, la capacidad de los ayuntamientos de regular la prestación máxima de servicio diario en circunstancias especiales.
Sobre este punto, el presidente de la Federación Profesional del Taxi (FPTM), Julio Sanz, ha advertido que esto puede producir «una fotografía desfigurada de las necesidades de los usuarios que, en según qué momentos, como fue caso de la pandemia, de crisis económicas o fechas estivales, influyen en la demanda del servicio, quedando en estos casos sobredimensionados».
