La Audiencia Nacional juzga desde este lunes al que fuera comisario del Aeropuerto de Madrid-Barajas Carlos Salamanca por presuntamente facilitar la entrada de ciudadanos ecuatoguineanos en España por esa vía a cambio de dádivas que le proporcionaba el empresario Francisco Menéndez Rubio. La Fiscalía solicita para Salamanca 10 años de prisión.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal notificó en septiembre de 2023 que señalaba cuatro días –del 8 al 11 de enero– de vista oral para juzgar esta pieza separada número 1, ‘King’, de la macrocausa ‘Tándem’, en la que, contrariamente al resto de investigaciones, no está imputado el comisario jubilado José Manuel Villarejo.
En un auto del juez instructor, de noviembre de 2020, Manuel García Castellón proponía juzgar a Salamanca –quien fuera responsable de la comisaría del aeropuerto de Barajas desde junio de 2006 a enero de 2015– y al empresario Menéndez Rubio por un presunto delito de cohecho y otro contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
Según el relato que hacía el juez de los hechos, Menéndez Rubio –empresario vinculado con la petrolera nacional de Guinea Ecuatorial Gepetrol–, en el marco de la colaboración con sus clientes ecuatoguineanos para que realizaran negocios ilícitos en España, habría recibido a través de la mercantil Framen Consultores y Asesores más de 21 millones de euros sólo entre 2011 y 2012.
Ese dinero habría sido recibido por servicios facturados «que se consideran irreales» ya que el empresario actuó a modo de «cortafuegos para enmascarar el origen del dinero procedente de sus socios guineanos».
El objetivo, añadía el magistrado, era «recabar la prestación de servicios de apoyo» para dichos clientes de naturaleza tal que «únicamente se podrían prestar mediante el abuso de la condición policial», para lo que buscó el concurso del entonces comisario Carlos Salamanca.
García Castellón, en su auto, indicaba que Menéndez Rubio conoció a Salamanca entre 2011 y 2012 a través de los servicios que éste venía prestando a Fernando Luengo, otro empresario español con negocios en Guinea Ecuatorial y que venía aprovechándose del cargo que ostentaba el comisario al frente de la Comisaría del Aeropuerto de Madrid-Barajas «a cambio de dádivas de carácter suntuario».
Y explicaba que el empresario Menéndez Rubio habría abonado entre 2012 y 2015 a Carlos Salamanca «dádivas de lujo, en dinero y en especie, tanto para él como para sus familiares más cercanos, a fin de facilitar como comisario jefe (…), o en recompensa por ello, la entrada ilegal en España de responsables de Gepetrol y de su suegra Sara Blanca Donoso».
TRATAMIENTO VIP PARA LOS GUINEANOS, CON VEHÍCULO OFICIAL
El comisario también habría dispensado tanto al empresario como a sus socios ecuatoguineanos «un tratamiento VIP consistente en recogerles a su llegada a Madrid en la escalerilla del avión y trasladarles en vehículos oficiales hasta la salida del aeropuerto, para sustraerles de la preceptiva vigilancia y control de aduanas de España y por tanto de la Unión Europea». De esta manera, les facilitaba «la posibilidad de introducción de elevadas cantidades de dinero en efectivo sin efectuar la preceptiva declaración de movimientos de medios de pago».
Esos empresarios guineanos carecían de visados, por lo que el comisario facilitaba su entrada ilegal en territorio español «prevaliéndose de su cargo para que se concediera de forma arbitraria la autorización administrativa pertinente». Así, expedía de forma excepcional visados en frontera e «incumplía groseramente» así los requisitos legalmente establecidos.
«Con plena conciencia y para satisfacer los intereses espurios que le eran encomendados, incumplía de forma deliberada y grosera los requisitos exigidos, al ordenar directamente la expedición de los mismos careciendo de competencia para ello, ya que podían otorgarse dichos visados en frontera únicamente por la Comisaría General y cuando concurrieran situaciones de carácter excepcional para resolver situaciones urgentes de tipo humanitario, de interés nacional o derivadas de obligaciones internacionales, las cuales en modo alguno concurrían en los supuestos», señalaba el auto.
De hecho, el juez citaba algunas de las actuaciones del comisario, como la de marzo de 2012, cuando permitió la entrada ilegal en España de Aracely Tela Mboni, empleada de Gepetrol. O las de 2013 cuando facilitó la entrada ilegal en España a Pergentino Mba Nguema Aleme, miembro de Gepetrol y vinculado estrechamente al ministro de Minas Crispín Edu Tomo Maye –sobrino político del dictador guineano Teodoro Obiang– también a través de la compañía petrolera con base en Seychelles GE-GEOLOGY LIMITED.
También permitió el día 23 de julio de 2013 la entrada ilegal en España de la ciudadana de nacionalidad ecuatoguineana Sara Blanca Donoso, nacida el 10 de febrero de 1949 y madre de Mónica Dolores Delgado Donoso, pareja sentimental de Francisco Menéndez Rubio, recuerda el juez.
EL PORSCHE CAYENNE Y OTRAS DÁDIVAS
En el auto, el juez, además de listar los nombres de las personas que entraron en España por Barajas gracias al comisario, también detallaba los regalos que recibió a cambio de sus servicios. Entre ellos destaca que Luengo en 2010 le compró un Porsche Cayenne cuyo valor rondaba los 65.000 euros.
En 2012 también recibió un Porsche Panamera de Menéndez cuyo valor era de más de 116.000 euros y tres relojes de lujo comprados con cargo a las cuentas de Framen Consultores por un valor aproximado de 80.000 euros —cabe recordar que en el registro de su domicilio se le incautaron hasta 61 relojes de los que al menos 14 eran originales y 42 imitaciones–.
El comisario fue premiado asimismo con viajes, como uno a Londres con su mujer con todo pagado, y con la cesión de un palco en el Santiago Bernabéu para disfrutar de los encuentros del Real Madrid en las temporadas disputadas entre 2012 y 2013.
LA PETICIÓN DE FISCALÍA
La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito de acusación, solicita 10 años de cárcel y más de 930.000 euros en concepto de restitución para el ex comisario por haber aceptado entre 2012 y 2015 «dádivas de elevada cuantía» del empresario Francisco Menéndez a cambio de que tanto él como sus clientes eludieran los controles en el aeródromo madrileño.
En concreto, Anticorrupción interesa 6 años de cárcel por un delito continuado de cohecho pasivo y otros 4 por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, así como una inhabilitación especial para empleo y cargo público y para el ejercicio del derecho al sufragio pasivo durante 10 años por un delito continuado de prevaricación administrativa. Además, en el ámbito pecuniario, reclama que sea condenado a restituir 930.731,53 euros.
En el caso del empresario, donde Fiscalía aprecia una atenuante de colaboración como denunciante de la causa, solicita 6 meses de prisión, 3 meses como autor de un delito continuado de cohecho activo cometido por particular y otros tantos meses como cooperador necesario de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, y la misma inhabilitación que para Salamanca como cooperador necesario de prevaricación administrativa.
