Los desafíos de las Comunidades Autónomas en España para este 202 con relación a los pisos turísticos, es un tema complejo que se extiende. En el atropellado auge del turismo, las ciudades se han convertido en campos de batalla, enfrentándose al desafío de regular los pisos turísticos que han proliferado en los últimos años. Desde la irrupción de Airbnb en 2008, la plataforma de alquiler vacacional ha experimentado un crecimiento exponencial, alcanzando más de 100.000 ciudades en 200 países con más de 7 millones de anuncios. Sin embargo, el impacto de esta expansión ha generado tensiones en numerosas metrópolis a nivel mundial.
En España, segundo país de Europa con mayor número de estancias en alquileres vacacionales según Eurostat, el conflicto ha llegado a un punto crítico. Con un incremento del 0,15% en el número de turistas que optan por viviendas de uso turístico entre enero y octubre de 2023, las comunidades autónomas se ven desafiadas a tomar medidas significativas en 2024 para abordar los problemas asociados con esta modalidad de alojamiento.
Ciudades emblemáticas como Barcelona han liderado el pulso contra plataformas como Airbnb. En Barcelona, las restricciones municipales han disminuido la oferta en un 22% desde 2019, aunque la ocupación ha aumentado un 28% en los últimos cuatro años.
El escenario español se ha visto marcado por dos sentencias recientes del Tribunal Supremo que respaldan la capacidad de las comunidades de vecinos para prohibir el uso de viviendas con fines económicos, incluidos los alquileres turísticos. Sin embargo, a pesar de estos avances, persisten retos significativos, como la falta de capacidad inspectora y la complejidad legislativa descentralizada que caracteriza al sector de alquileres vacacionales en España.
En este contexto, el año 2024 se presenta como un punto de inflexión crucial. A medida que las ciudades buscan equilibrar el turismo con la calidad de vida de sus residentes, las comunidades autónomas enfrentan el reto de encontrar soluciones efectivas que regulen los pisos turísticos y mitiguen los impactos negativos en la convivencia, el comercio local y la disponibilidad de viviendas. Hoy exploraremos las estrategias emergentes y los desafíos que las comunidades autónomas deberán afrontar en el pulso definitivo contra los pisos turísticos en 2024.
La fascinante expansión de los pisos turísticos en España y cómo están transformando la forma de viajar y hospedarse
El crecimiento descontrolado de los pisos turísticos en comunidades de propietarios se ha convertido en una fuente constante de conflictos legales y molestias para los residentes. La falta de una regulación legal detallada ha permitido abusos, generando una problemática que afecta la convivencia y el descanso de aquellos que residen en estas comunidades. Las quejas se centran en las actividades molestas que pueden surgir debido a la naturaleza temporal de estos alquileres, evitando la aplicación de ciertas normativas de la Ley de Propiedad Horizontal.
Las comunidades de propietarios han buscado activamente la capacidad de supervisar y regular los alquileres vacacionales en sus edificios, especialmente cuando las actividades de los arrendatarios afectan negativamente la paz y la convivencia. La solicitud de prohibir estos alquileres en casos de actividades repetitivamente molestas ha llevado a la toma de posición de las comunidades, que buscan sancionar a los propietarios que no adoptan medidas adecuadas ante estas situaciones.
Sentencias recientes, como las emitidas por la Sala de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Juzgado de Primera Instancia n.º 14 de Granada, han arrojado luz sobre este tema, respaldando a las comunidades de propietarios. Dichas sentencias ordenan el cese inmediato de la actividad de pisos turísticos al considerarlos «molestos y perjudiciales» para el resto de los vecinos. Además, el respaldo judicial a la capacidad de las comunidades para modificar estatutos y prohibir el desarrollo de pisos turísticos refleja un avance en la protección de la convivencia vecinal.
La reforma de la Ley de Propiedad Horizontal a través del Real Decreto 7/2019 ha sido un paso adicional para abordar este problema. Se ha otorgado a las comunidades de propietarios la facultad de limitar o condicionar la actividad de pisos turísticos, con la necesidad de un voto favorable de las 3/5 partes de los propietarios y cuotas de participación. Esta medida busca equilibrar los derechos de los propietarios y garantizar el descanso y la seguridad en sus viviendas habituales, marcando un hito en la búsqueda de soluciones a la problemática de los pisos turísticos en España.
Entre candados y controversias: Explorando la compleja realidad de los pisos turísticos en las Comunidades Autónomas de España
El problema de la proliferación descontrolada de pisos turísticos en ciudades españolas, como Madrid, Barcelona y Málaga, ha desatado un acalorado debate y tensiones entre gestores de alquileres turísticos, hoteles y vecinos afectados. En Andalucía, particularmente en Málaga y Sevilla, se ha evidenciado una creciente «turismofobia», manifestada en la presencia masiva de candados para llaves de pisos turísticos y pegatinas antituristas. Las redes sociales han sido testigos de la indignación de los residentes, quienes sienten que la turistificación sin control ha transformado sus barrios, desplazando a los vecinos y dando paso a un predominio de turistas.
Este conflicto ha llevado a la adopción de medidas extremas por parte de algunos residentes, como el uso de pegamento para evitar la apertura de cajas de llaves, buscando así impedir la entrada de viajeros a los pisos turísticos. El descontento también se ha expresado en otras grandes ciudades españolas, como Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia, donde las asociaciones de vecinos han protestado contra el impacto negativo de esta actividad en la vida cotidiana de los barrios. La sensación de que las ciudades ya no son de los vecinos, sino de los turistas, ha generado un llamado a la regulación y restricción de estos alquileres.
A pesar de las críticas y la creciente ola de «turismofobia», los propietarios y gestores de pisos turísticos se defienden argumentando que no son el enemigo, sino que aportan beneficios económicos significativos. La Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (FEVITUR) sostiene que los hoteles sienten envidia de la competencia generada por los pisos turísticos y que, a pesar de posibles molestias, no son distintos a los inquilinos en régimen de alquiler normal. Destacan su contribución al mercado inmobiliario, señalando que revitalizan pisos abandonados y generan un impacto económico positivo, con un gasto superior por parte de los viajeros en alquiler de viviendas turísticas.
El Tribunal Supremo de España ha respaldado la facultad de las comunidades de vecinos para prohibir los pisos turísticos, siempre y cuando esta restricción esté establecida en sus estatutos. En dos sentencias emitidas recientemente, una relacionada con Oviedo y otra con San Sebastián, el tribunal dictaminó que las comunidades pueden frenar la actividad de alquiler turístico basándose en normativas internas. En el caso de Oviedo, se ordenó el cese de la actividad de alquiler turístico en dos pisos, respaldando la prohibición estatutaria de realizar actividades comerciales o empresariales en las viviendas.
El fallo del Tribunal Supremo considera que el alquiler de viviendas con fines turísticos tiene una «naturaleza empresarial y comercial», y respeta las restricciones establecidas en los estatutos de las comunidades de vecinos. El tribunal aclara que el objetivo de estas decisiones es determinar si existe una prohibición específica en los estatutos respecto a los pisos turísticos, más allá de la aplicación de la Ley de Propiedad Horizontal que requiere el acuerdo de las tres quintas partes de los propietarios para ejercer esta actividad.
Estas sentencias refuerzan la posición de las comunidades de vecinos que buscan controlar la proliferación de pisos turísticos en sus edificios, permitiendo una mayor regulación interna y autonomía para decidir sobre esta cuestión. En consecuencia, el debate sobre la regulación y restricción de los alquileres turísticos en España toma un nuevo impulso, ofreciendo a las comunidades una herramienta legal para abordar la problemática localmente.
