El precio de la vivienda es, junto al empleo, uno de los principales problemas que afronta la sociedad española en la actualidad. Pero la realidad es que la situación es complicada para afrontar el problema, pues la nueva ley de vivienda ha reducido los incentivos y la protección para los propietarios y esto ha generado un círculo vicioso que ha aumentado el precio de alquiler y ha empujado a los dueños de viviendas a otro tipo de opciones, como los pisos vacacionales, para seguir generando dinero de la vivienda en la que invirtieron en algún momento.
Así lo explica el doctor en economía y profesor en la EAE Business School Juan Carlos Higueras. Para él, la apuesta del Gobierno ha resultado ser contraproducente, y ha terminado empeorando la situación de los inquilinos y propietarios, por igual, los primeros, debido a que la reducción de la oferta ha hecho que aumenten los precios y el segundo debido a la complicada realidad de poner un piso en alquiler sin poder negociar aumentos de precio, cambios en el acuerdo inicial o incluso protección para cuidar el espacio.
«Al final no proteger al propietario afecta al inquilino», sentencia el experto y los datos le dan la razón. En los últimos dos años la oferta de vivienda en alquiler ha disminuido alrededor de un 30%, y eso ha subido los precios un 10%. Sumado al problema de empleo, que además complica la situación de una parte importante de los inquilinos españoles más jóvenes, que deben enfrentar contratos más exigentes con una situación de empleo cada vez más inestable, también a pesar de la ley de empleo aprobada por el Gobierno.
Es que el tener limitaciones a la hora de subir el precio o de directamente desalojar a un inquilino hace que los propietarios se vean en situación de ser más exigentes a la hora de pensar en fianzas o buscar que el inquilino joven necesite presentar alguna figura que pueda servir como avalista. Son problemas que se van sumando y que, por un lado, apuntan a que los jóvenes pasen una mayor parte de su vida viviendo con sus padres antes de poder plantearse la aventura de la independencia.
Además, Higueras ha señalado que afecta directamente a las agencias inmobiliarias, y que puede afectar a quienes trabajan en ellas. Es que la ley incluye el artículo 20.1 donde se asegura que: «Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador», esto ha generado un efecto directo en las agencias y ha reducido otra fuente de ingresos.
Pero Higueras no es el único que mantiene esta posición. En declaraciones recogidas por el portal inmobiliario Idealista el secretario general ejecutivo de la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI), señaló: «La oferta de viviendas en alquiler en el mercado ha disminuido considerablemente a raíz de las medidas restrictivas del Gobierno. Paralelamente, muchos propietarios han desviado este tipo de alquiler al temporal e incluso al arrendamiento habitacional».
«Esto hace que las agencias intermedien en menor medida en este mercado, primero porque el mercado se ha reducido en un tercio y, segundo, por la prohibición de cobrar honorarios al inquilino y la dificultad de cargar dichos importes al propietario, pues no tienen establecidos mecanismos comerciales al efecto o les cuesta implantarlos, tras tantos años de funcionamiento del sistema de cobro al arrendatario. Esto contribuye a que muchas agencias abandonen el mercado del alquiler», sentenció.
LA OPCIÓN DEL MERCADO NEGRO DE LA VIVIENDA
El otro problema de la situación es que las condiciones exigidas a los caseros termina por empujarlos a otras soluciones. Una de ellas es el cobrar al menos una parte de los alquileres en negro, es una situación que sobre todo afecta a los inmigrantes y colectivos especialmente vulnerables que deben asumir una realidad en la que tienen menos poder de negociación. Esto abre las puertas para que algunos de ellos tengan que vivir con arrendamientos sin contrato, y aun con el riesgo de afrontar las multas de hacienda para muchos caseros, esto se vuelve una opción viable
ALQUILER POR HABITACIÓN O TEMPORAL
La otra opción por la que apuestan varios propietarios es el alquiler por habitación o temporal, este último se traduce sobre todo en pisos turísticos ofrecidos en aplicaciones como Airbnb. Es decir, opciones que no están reguladas por la nueva ley de vivienda y que les permiten escapar de los controles y las posibles sanciones. Es irónico que una ley pensada para evitar este tipo de problemas precisamente empuje a los propietarios a este tipo de opciones.
En particular, Higueras señala los pisos de alquiler no solo por acelerar procesos de «gentrificación» sino además por aumentar el precio del alquiler residencial en este tipo de zonas. Es un problema que ha hecho que ciudades como Barcelona o Madrid inicien estrategias para regularlos y tratar de mantener la prioridad de los propietarios sobre las opciones residenciales.
