El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa mejorar el proyecto de Ley por el que se regula la autoridad administrativa independiente de defensa del cliente financiero, para proteger más intensamente a las personas con discapacidad en su condición de consumidores vulnerables. Entre otras propuestas, pide eliminar del texto el término «diversidad funcional» porque carece de «soporte normativo».
Así lo expresa el CERMI en un documento de propuestas y alegaciones en respuesta al trámite de audiencia e información pública sobre el anteproyecto de Ley por la que se crea la autoridad administrativa independiente de Defensa del Cliente Financiero para la resolución extrajudicial de conflictos entre las entidades financieras y sus clientes.
En ese sentido, el CERMI ha señalado en el documento que aprecia «de modo positivo que este anteproyecto de Ley tenga presente a las personas con discapacidad» y ha planteado una serie de propuestas de mejora al anteproyecto para «desarrollar con mayor detalle la protección reforzada que precisan las personas con discapacidad como beneficiarias de servicios financieros, garantizando así con mayor intensidad la atención personalizada a este grupo ciudadano».
En el informe, el CERMI pide «con todo vigor y firmeza» que se eliminen del texto todas las referencias al término «diversidad funcional», porque, a juicio de CERMI, «es una expresión sin soporte normativo, contraria a la legalidad que dimana tanto de la Convención Internacional sobre los Derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas como de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad, que impone usar siempre «personas con discapacidad, por lo que no debe figurar de ningún modo en un texto legal y ha de ser suprimida de modo radical».
Otra de las propuestas del CERMI es añadir una sección específica para atender las reclamaciones de grupos sociales en situación de vulnerabilidad que les proporcione la necesaria seguridad jurídica para que puedan ejercer sus derechos y defender sus intereses legítimos en una situación de igualdad.
En el documento, el CERMI señala, asimismo, como medida «conveniente» la promoción de la educación financiera y contar para ello con las asociaciones representativas de personas con discapacidad para elaborar recursos educativos que se ajusten lo máximo posible los contenidos y formatos a sus necesidades reales.
Además, proponen dotar a la Ley de un régimen sancionador y que se incorpore como «infracción grave» el incumplimiento de resoluciones de la autoridad que hubieran resuelto reclamaciones interpuestas por personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o cualesquiera otras que puedan encontrarse en situación de riesgo de exclusión financiera.
Asimismo, pide que la accesibilidad universal figure de manera transversal en todo el contenido de la futura legislación y que se fomente la colaboración con las organizaciones representativas de personas con discapacidad en la tramitación de reclamaciones y poder participar en los procesos de seguimiento, supervisión y evaluación de las medidas relacionadas con esta Ley.
Finalmente, el CERMI pide que se tenga mayor concreción del principio de prestación personalizada en las principales normas reguladoras de los sectores financieros. «Es preciso incorporar en la Ley una concreción mínima del referido principio, sin perjuicio del necesario desarrollo reglamentario posterior, que debe también preverse en la norma», reza el documento.
