La plataforma social X, anteriormente conocida como Twitter hasta el cambio de nombre decidido por su propietario, el magnate Elon Musk, podría estar enfrentando una amenaza inminente de suspensión de pagos. Esta perspectiva es compartida por diversos analistas de Wall Street, gran parte de la prensa financiera estadounidense y, en cierto sentido, por el propio Elon Musk, aunque este último punto depende de las sustancias consumidas (literalmente) por el hombre más rico del mundo en ese día.
1Una nueva crisis para Elon Musk
Una reestructuración de la deuda de Twitter podría acarrear consecuencias significativas para Musk. A pesar de poseer una fortuna cercana a los 250 mil millones de dólares, la mayor parte de su capital está invertido en acciones de sus empresas Tesla y SpaceX. En el caso de Tesla, esto implica que Musk no puede obtener liquidez de manera inmediata sin presionar a la baja el precio de las acciones, lo que, a su vez, disminuiría el valor de sus otros títulos y de toda la empresa en general. En cuanto a SpaceX, la situación es aún más compleja, ya que esta empresa, que opera con pérdidas, no cotiza en bolsa. Por lo tanto, antes de vender, Musk debe encontrar un comprador entre los actuales accionistas.
Además de esto, es importante destacar que más del 50% de las acciones de Musk en estas empresas están comprometidas como garantía para sus préstamos personales. Esta estrategia le permite eludir el pago de impuestos, ya que, en teoría, se mantiene constantemente endeudado. Sin embargo, si el valor de las acciones desciende por debajo de ciertos niveles, los bancos podrían exigirle que aporte más garantías, lo que se conoce como una «llamada de margen» (margin call), poniendo en riesgo que su fortuna termine siendo propiedad de cualquier persona menos de él mismo.
La situación se presenta complicada, pero la capacidad de Musk para enfrentar crisis similares no debe ser subestimada. El empresario ya ha superado situaciones difíciles, como cuando Tesla estuvo a punto de quedarse sin fondos y enfrentar suspensiones de pago en el otoño de 2008. Además, Musk cuenta con una amplia red de contactos que abarca desde Silicon Valley, Wall Street y el Partido Comunista Chino hasta las petromonarquías del Golfo Pérsico. Por lo tanto, es probable que tenga a su disposición un respaldo estratégico que le brinde ayuda en esta situación.
Sin embargo, a pesar de su red de contactos y habilidad para superar desafíos, la situación de Musk parece complicarse, ya que los indicadores financieros de Twitter no son alentadores. Según las estimaciones de la agencia de noticias Bloomberg, los ingresos por publicidad de la empresa han experimentado una disminución de aproximadamente el 30.5% este año, situándose en torno a los 2,500 millones de dólares (2,290 millones de euros). Aunque esta cifra es considerablemente mejor que la proporcionada por Musk, quien afirmó en marzo que la inversión publicitaria en la plataforma había caído en un 50%, y posteriormente elevó esa proporción al 60% en septiembre, limitándola a las operaciones de Twitter en los Estados Unidos, su mercado principal. La controversia generada por el respaldo de Musk a un tuit con contenido antisemita ha ahuyentado aún más a los anunciantes, especialmente a gigantes del sector de bienes de consumo como Apple, Disney y Comcast.
La manera en que Musk ha gestionado la situación tampoco parece ser la más adecuada para atraer a los anunciantes. Durante un evento de alto perfil organizado por el New York Times, expresó su descontento con la decisión del presidente y CEO de Disney, Bob Iger, de retirar sus anuncios de la plataforma con un comentario ofensivo. Posteriormente, readmitió en Twitter a Alex Jones, un conocido extremista que hace un año fue condenado a pagar 1,400 millones de dólares (1,280 millones de euros) en indemnizaciones a las familias de los 12 niños de entre seis y siete años asesinados en la escuela primaria de Newtown, Connecticut, el 14 de diciembre de 2013. Jones, quien durante nueve años afirmó que la masacre nunca ocurrió y que todo era un plan del Estado para desarmar a los ciudadanos.