Las concentraciones en la sede del PSOE en Madrid han estado en curso desde el viernes de la semana pasada, y han aumentado en tamaño de manera progresiva. La más grande fue la del martes, con más de 7.000 asistentes, según datos de la Delegación del Gobierno. Sin embargo, la tensión entre algunos sectores de manifestantes y las fuerzas de seguridad ha llevado al uso de gases lacrimógenos y otras medidas de dispersión por parte de la policía.
En un giro de los acontecimientos, el PP se ha encontrado en una situación incómoda en medio de las recientes protestas frente a la sede socialista de Ferraz. En lugar de condenar directamente los disturbios, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha optado por evitar mencionar la palabra «condena» y ha dirigido sus críticas hacia la actuación policial.
La respuesta del PP ha suscitado controversia al reprochar al Ministerio del Interior por ordenar a los agentes cargar «como si fueran CDR,» en referencia a los Comités de Defensa de la República vinculados al movimiento independentista catalán. El Gobierno central, representado por Pedro Sánchez, ha reaccionado a estas declaraciones acusando al PP de dejar de ser un «partido de Estado».
Mientras tanto el PP ha calificado esta acusación de «desproporcionada,» mostrando una clara división en la percepción de la situación. Además, el partido ha convocado concentraciones en todas las capitales del Estado español el próximo domingo, lo que ha llevado a una creciente preocupación sobre su conexión con sectores afines a la ultraderecha, planteando un dilema para Feijóo, quien lucha por desvincularse de estas manifestaciones que, si bien no censura, tampoco respalda.
Con la convocatoria de concentraciones en todo el país, el partido ha aumentado su nivel de implicación en un momento en el que la empatía hacia los sectores afines a la ultraderecha está siendo cuestionada, lo que plantea un desafío adicional para Feijóo y su liderazgo en esta situación en constante evolución.
Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ha arremetido contra el PSOE durante un debate en la Asamblea de Madrid en relación a las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz. Ayuso ha argumentado que los socialistas han decidido que las sedes del PSOE sean consideradas como «casas del pueblo», en contraposición a lo que ella considera como la verdadera casa del pueblo, el Congreso de los Diputados.
Además, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de tener «amordazado» al país. Con cierta ironía, Ayuso sugirió que, según esta lógica, «todo el que salga a manifestarse será también fascista», ya que, en su opinión, criticar las acciones de Sánchez en relación a la Constitución no implica apoyar a grupos ultras.
Por su parte Santiago Abascal, líder de Vox, ha dirigido fuertes críticas al Partido Popular (PP) por lo que considera una «criminalización» de las protestas que han tenido lugar frente a la sede del PSOE en Ferraz en los últimos días.
Estas manifestaciones se han llevado a cabo en rechazo a los pactos de investidura de Pedro Sánchez con independentistas y a la amnistía propuesta para los encausados por el proceso independentista catalán. Abascal ha expresado su descontento con lo que percibe como una actitud blanda por parte del PP en la oposición, afirmando que «aspiran a ser una oposición blandita».
Ante esta situación, Cuca Gamarra, secretaria general del PP, ha condenado los disturbios en Ferraz y ha marcado una clara distancia con Vox, argumentando que los actos violentos podrían permitir que el PSOE se «victimice.» Inmediatamente después Abascal ha respondido a estas críticas sosteniendo que la «criminalización de las protestas» favorece a los partidos que él considera responsables de la situación, es decir, el PSOE y el Gobierno de Pedro Sánchez.
Lo cierto es que el conflicto en torno a las protestas en Ferraz que ha generado una guerra de comentarios entre los distintos líderes políticos, la respuesta del PP ha generado un debate político polarizado en España. Por un lado, la creciente separación entre el PP y Vox en Madrid, a medida que las tensiones políticas y las protestas continúan en la región y por otro, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo se ha visto atrapada en una encrucijada, tratando de distanciarse de los disturbios y, al mismo tiempo, evitando una condena directa.
El Partido Popular y las protestas en Ferraz: entre la ambigüedad y la condena
En su alegato de descarga, el PP ha mantenido una postura ambigua en relación a las protestas frente a la sede del PSOE en Ferraz. El partido llegó a afirmar que era «posible» que algunas personas que se concentraron en ese lugar también lo hubieran hecho frente a su propia sede tras los atentados del 11-M.
Sin embargo, el PP se apresuró a subrayar que nunca emplearía la táctica del «Pásalo» para fomentar dichas concentraciones. Esta respuesta de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha generado cierta perplejidad, ya que, si bien expresaron su apoyo a los agentes, también criticaron a los mandos del Ministerio del Interior socialista.
Por su parte, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, reconoció la existencia de algunas actuaciones «individuales y puntuales que son condenables,» pero defendió el derecho de la gente a manifestarse de acuerdo con la ley frente a lo que consideran «desmanes» por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.
Mientras tanto el portavoz del partido, Borja Sémper, cuestionó la creciente tensión en el país, señalando que los socialistas están atrapados en una «hipérbole» y exageran los acontecimientos.
A pesar de estas declaraciones, el PP evitó dirigir acusaciones concretas hacia los manifestantes, argumentando que las concentraciones que ellos han organizado en diversas ciudades de España fueron pacíficas y ejemplares.
Esta ambigüedad en la posición del PP ha llevado a un debate continuo sobre su papel en relación a las protestas y su distanciamiento de las manifestaciones que han dado lugar a tensiones en el país.
Feijóo, Ayuso y el PP en la encrucijada: ¿Cómo desligarse de las manifestaciones ultraderechistas?
Ahora bien, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso en relación a los eventos ocurridos frente a la sede del PSOE en la calle Ferraz han resaltado la creciente distancia entre Vox y el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, una relación que lleva un año rota.
Hay que resaltar además que mientras la líder de Vox, Rocío Monasterio, ha avivado las protestas, la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha tomado un enfoque diferente al pedir la «detención» y el «juicio» de los miembros de los «grupos ultras» que han participado en las protestas en los últimos dos días, que han resultado en 40 heridos y siete detenidos.
En su primera intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, Ayuso condenó enérgicamente los hechos ocurridos en Madrid y calificó de «actos vandálicos» las acciones de los grupos ultras que rompieron la manifestación pacífica.
Ayuso se mostró firme en su rechazo a los ultras, declarando que «no voy ni a la vuelta de la esquina» con ellos y enfatizando la importancia de no mezclar de manera tendenciosa las manifestaciones pacíficas en otras ciudades de España con estos incidentes violentos.
Por su parte el portavoz del PSOE, Juan Lobato, instó al Gobierno regional a «bajar revoluciones» y expresó su preocupación acerca de la transición de desórdenes públicos a agresiones. Lobato acusó a una parte del PP y a Vox de alentar protestas violentas, advirtiendo sobre las consecuencias de insultos y acusaciones de traición.
Por su parte, Mónica García, portavoz de Más Madrid, ha señalado a Ayuso por «despertar al monstruo de la ultraderecha» con sus comentarios sobre el presidente del Gobierno, insinuando que las protestas violentas no han surgido repentinamente, sino que han sido alimentadas por este discurso.
Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP, respondió a estas acusaciones sosteniendo que las manifestaciones convocadas por el PP no han involucrado vandalismo ni violencia. Asimismo, hizo un llamado a la movilización para la protesta convocada por el PP en la Puerta del Sol para el próximo domingo. Estas declaraciones destacan la polarización y el enfoque político en torno a las protestas y su relación con la retórica y la política en la región de Madrid.
En este contexto, Ayuso ha destacado la necesidad de separar las manifestaciones pacíficas del comportamiento violento y ha pedido medidas firmes, incluyendo la detención y el enjuiciamiento de aquellos involucrados en los actos vandálicos, subrayando la gravedad de la situación y la importancia de mantener la calma en la región. Por lo pronto, se esperan movilizaciones para el próximo domingo en todo el país.
