Afirman que no hay garantía de que las viviendas que dejen estos usos pasen al alquiler duradero.
Los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Catalunya han advertido este martes de que los principios del decreto anunciado por la Generalitat para regular los pisos turísticos tienen «un carácter ideológico y no tienen cabida en la realidad económica y jurídica del país».
También avisan en un comunicado de que «no hay ninguna garantía de que las viviendas que dejen de destinarse a uso turístico pasen al alquiler de larga duración».
El texto que ha anunciado la Generalitat establece que en 262 municipios no podrá haber más de 10 apartamentos turísticos por cada 100 habitantes: según los API, eso obligará a cerrar 28.000 en 47 municipios en un máximo de cinco años.
«Hay municipios del listado de la Generalitat como Alp, Begur, Cadaqués, Espot, Palafrugell, Pals o Salou, entre otros, en los que es absurdo pensar que el problema se resolverá con este decreto», dicen.
«Dada la inestabilidad jurídica en la que estamos inmersos» –afirman–, lo más probable es que la mayoría de los propietarios opten por poner sus viviendas a la venta, dejando fuera del mercado esa parte de la demanda que hoy no cuenta con capital suficiente para comprar y sólo puede acceder al mercado mediante el alquiler.
Subrayan que Catalunya y toda España son lugares cuyo principal motor económico es el sector de servicios y cuya economía está enfocada al turismo, «razón por la que Barcelona y Madrid ocupan un puesto en el top-10 de ciudades más visitadas del mundo en la gran mayoría de rankings del sector turístico».
INGRESOS
Al respecto, citan un informe de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), según el cual este tipo de viviendas generan 5.000 empleos directos y cada piso turístico de Barcelona genera unos 3.000 euros al mes en impuestos a las arcas municipales.
Todo eso suma 342 millones de euros al año por las 9.500 viviendas de uso turístico que existen en la capital catalana.
