Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid concentran casi la mitad de emisiones de gases de efecto invernadero de toda España, aunque todas las comunidades autónomas han incrementado sus emisiones en 2022, según concluye un informe del Observatorio de Sostenibilidad.
El estudio refleja que entre 2020 y 2021 la mayoría de las comunidades autónomas han aumentado sus emisiones de CO2 y las que más lo han hecho son Asturias, Baleares, Rioja, Navarra y Madrid.
Echando la vista atrás, el trabajo refleja que entre 1990 a 2021 las comunidades autónomas donde más se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) fueron Galicia, Castilla y León, Asturias y Aragón, frente a Extremadura, Murcia, Rioja y Canarias.
El análisis atribuye buena parte de la descarbonización a la «casi desaparición del carbón y a la progresiva sustitución de combustibles fósiles por renovables a largo plazo», aunque añade que en 2021 se quemó «mucho gas» y se desplomó la producción de energía hidráulica, a consecuencia de la sequía.
Para el centro investigador, «cualquier política de sostenibilidad implica la descarbonización», lo que pasa, en su opinión, por reducir emisiones de gases de efecto invernadero, adoptar medidas radicales de gobiernos regionales y locales para conseguir las imprescindibles reducciones para intentar limitar el incremento de temperatura global en 1,5ºC y que la ciudadanía esté cada vez más informada para que sea más exigente con sus gobiernos al solicitar una mayor ambición climática asociada a la rendición de cuentas.
Así, el estudio confirma que 2021, año de salida de la pandemia, registró un fuerte incremento, del 6,6 por ciento, en las emisiones en España asociadas al PIB y, con datos aún provisionales, estima que el incremento en 2022 es de un 1,3 por ciento. Este aumento llega después de una caída de las emisiones a nivel global y que en España llegó al 14 por ciento.
EMISIONES POR CCAA
En concreto, durante 2021 Andalucía emitió el 15 por ciento de las emisiones de GEI en toda España; Cataluña, el 14 por ciento; Comunidad Valenciana, 10 por ciento; Comunidad de Madrid, 9 por ciento; Asturias, 6 por ciento; Castilla y León, 6 por ciento, igual que País Vasco; Castilla-La Mancha y Canarias, un 5 por ciento respectivamente; Aragón, Murcia y Galicia, un 4 por ciento cada una; Baleares y Extremadura, un 3 por ciento respectivamente; Cantabria y Navarra, un 2 por ciento y La Rioja, el 1 por ciento.
Asimismo, añade que las comunidades autónomas que más han disminuido sus emisiones totales entre 2020 y 2021 fueron Ceuta, -2 por ciento; Melilla, -2 por ciento; Región de Murcia, 0 por ciento mientras que Cataluña creció un 1 por ciento; Castilla-La Mancha un 2 por ciento; Extremadura, el 4 por ciento; Castilla y León, el 5 por ciento; Andalucía, 5 por ciento; País Vasco, 6 por ciento; Galicia, 7 por ciento; Cantabria, 8 por ciento; Canarias, 9 por ciento; Comunidad Valenciana, 9 por ciento y la que más han crecido, por encima de dos dígitos son Madrid, un 12 por ciento; Navarra, 15 por ciento; La Rioja, 20 por ciento; Baleares, 21 por ciento y Asturias, un 27 por ciento.
Mientras, en el periodo 1990-2021 las comunidades autónomas que más redujeron sus emisiones totales de GEI fueron Galicia, donde disminuyeron un 60 por ciento; Ceuta, el 44 por ciento; Castilla y León, un 44 por ciento; Asturias, 30 por ciento; Aragón, 24 por ciento; Castilla-La Mancha, 12 por ciento; País Vasco, 4 por ciento; Cataluña, 3 por ciento y Andalucía, 2 por ciento.
Por su parte, las comunidades autónomas donde más aumentaron las emisiones en estos 30 años fueron Melilla, 11 por ciento; Cantabria 21 por ciento; Navarra, 22 por ciento; Baleares, 23 por ciento; Madrid, 39 por ciento; Comunidad Valenciana, 43 por ciento; Canarias, 49 por ciento, La Rioja, 67 por ciento; Región de Murcia, 68 por ciento y Extremadura, que incrementó sus emisiones en un 191 por ciento.
No obstante, el informe destaca que las emisiones sometidas al mercado de emisiones representan un 43 por ciento de las emisiones entre 2008 y 2022, pero que en ese mismo periodo cayeron un «espectacular» 34 por ciento.
Precisamente, las que más redujeron sus emisiones fueron Castilla y León,-82%; Aragón, -69%; La Rioja, -64%; Baleares, -53%; Galicia, -51%; Castilla-La Mancha, -49%; Madrid, -43%; Andalucía, -39%; Canarias, -33%; País Vasco, -28%; Cataluña, -26%; Asturias, -25%; Cantabria, -20%; Comunidad Valenciana, -19%; Extremadura, -15%; Región De Murcia, -14%; Ceuta, -5%. Las que aumentaron en ese plazo fueron Melilla, un 5% y Navarra, el 6%.
ASTURIANOS Y CÁNTABROS, LOS QUE MÁS EMITEN PER CÁPITA
Otro de los patrones analizados por el OS son las emisiones per cápita y en este ámbito los mayores emisores fueron los asturianos, con 18,1 ton CO2-eq per cápita; cántabros 8,7; navarros 7,4; aragoneses 7,2; vascos 6,7; castellano leoneses 6,6; castellano manchegos, 6,4; murcianos 6,2; extremeños 5,9; baleares 5,9; canarios 5,7; riojanos 5; valencianos, 4,7; ceutís 4,7; catalanes 4,5; andaluces 4,2; melillenses 4,1; gallegos 3,5, y finalmente madrileños 3,3 ton CO2-eq per cápita.
El trabajo recuerda que España alcanzó su pico de emisiones en 2007, cuando se emitieron 354 millones de toneladas de CO2 equivalentes. Las comunidades autónomas que más tarde empezaron a rebajar sus emisiones fueron Murcia y Baleares, al contrario que Galicia, Navarra y Canarias, que fueron las primeras en iniciar ese descenso en 2005.
Para el director del Observatorio de Sostenibilidad, Fernando Prieto es «cada vez más necesario considerar que cada tonelada de CO2 cuenta y que, aunque el pico en las emisiones ya se ha producido en España y en todas las autonomías, es necesario hacer un esfuerzo en todas y cada uno de los territorios para descarbonizar todos los sectores, así como en las propias administraciones, en lo que queda de esta década clave hasta 2030″.
El informe recomienda a las comunidades autónomas que ejerzan sus competencias y establezcan objetivos ambiciosos de reducción de emisiones y de descarbonización. Además, aconseja establecer responsabilidades diferenciadas entre las comunidades autónomas sobre las decisiones que pueden tomar sobre su propio territorio; aumentar la rendición de cuentas, mejorar la coherencia de las políticas; evitar las subvenciones a los combustibles fósiles y apostar «de forma clara» por las energías renovables y el autoconsumo.
