El grupo popular y Vox han pactado y sacado adelante este lunes en el Parlamento de Cantabria una iniciativa para instar al Gobierno de Cantabria (PP) a articular, de cara a los próximos cursos, becas y ayudas públicas para que alumnos de la escuela concertada no tengan que irse a la pública para cursar Bachillerato solo por «no contar con recursos económicos suficientes» para pagárselo en el mismo centro.
Según han explicado, el objetivo es evitar que haya familias que no puedan garantizar la continuidad de sus hijos en el mismo centro concertado en que han cursado la educación obligatoria por no contar con los recursos suficientes y tengan que irse a uno público para hacer Bachillerato.
La iniciativa, que ha partido originalmente de Vox pero que se ha visto modificada sustancialmente a través de una enmienda del PP, pide, al Gobierno efectuar un «exhaustivo estudio» sobre los datos de matriculación en los centros privados de Cantabria sostenidos con fondos públicos que ya cuentan con concierto en las etapas de Primaria y Secundaria así como del perfil del alumnado «a fin de ofrecer en próximos cursos facilidades en la matriculación en el Bachillerato a estudiantes pertenecientes a familias que, al no contar con recursos económicos suficientes, podrían verse privados de continuar su formación en el mismo centro».
Es en el segundo punto, donde se pide de forma expresa articular ayudas con este objetivo, las cuales deben atender a «criterios de renta per cápita familiar».
La proposición no de ley ha contado con el rechazo del PSOE y del PRC, que la han criticado duramente.
Los socialistas creen que esta iniciativa en la que PP y Vox «van de la mano», «no solo pone en cuestión» el actual sistema educativo de Cantabria sino que «socava uno de sus principios básicos», como es la «igualdad de oportunidades».
«Hemos hablado hasta ahora de la sanidad business y ahora nos toca hablar de la educación para el business», ha ironizado el diputado del PSOE Jorge Gutiérrez aludiendo así a la polémica generada estos últimos días por las palabras del consejero de Salud, César Pascual, en las que comparaba las listas de espera y los viajes de avión.
Ha acusado a PP y Vox de querer incrementar las cuentas de resultados de los centros privados, derivando recursos de la educación pública y ha opinado que con ella el PP deja que Vox «tome las riendas de la educación en Cantabria». Así, ha advertido que el PSOE será un «muro de contención» contra los «ataques a la educación publica» y a los intentos de «privatización».
Por su parte, el PRC ha opinado que la propuesta «rompe el equilibrio» entre la escuela pública y concertada en el que se basa el sistema educativo de Cantabria sin que, a su juicio, exista una razón de peso para ello más allá que permitir que alumnos de la concertada no tengan que cambiar de centro, un «capricho» que, según la regionalista Teresa Noceda, costaría casi 3,2 millones a las arcas públicas.
PP Y VOX DISCREPAN SOBRE LA REESTRUCTURACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO
Sin embargo, en el Pleno de hoy no todo ha sido acuerdo entre PP y Vox, que han iniciado la sesión plenaria enfrentándose por la reestructuración del sector público empresarial y fundacional de la comunidad.
Y es que el PP ha votado, al igual que el PSOE y PRC, en contra de una iniciativa de Vox para urgir al Gobierno a presentar en el Parlamento «a la mayor brevedad posible» el plan para de reestructuración del sector público empresarial e institucional y los ajustes en las plantillas.
El PP, aunque ha reafirmado su compromiso de llegar a cabo esta reestructuración, tal y como ya hizo en el Pleno anterior el consejero, Luis Ángel Agüeros, ha votado en contra al considerar que en la iniciativa se aprecia un «trasfondo negativo» de Vox en un sector público que es «necesario» y «fundamental para llegar donde el Gobierno no llega» y el cual debe estar dotado del personal adecuado para cumplir sus funciones.
Además, ha pedido «dar tiempo» al Gobierno para «obtener datos, analizarlos y tomar decisiones» de manera «razonada», «justa» y «medida». También ha aclarado que el Ejecutivo no va «a reducir por reducir» las plantillas de estas empresas y fundaciones públicas.
En este sentido, Vox ha recriminado al PP su «timidez», ahora que está en el Gobierno, a la hora de hablar de la reestructuración del sector público cuando –le ha recordado– es algo que llevaba en su programa electoral.
También ha censurado que ahora hable de medidas «no traumáticas» en cuanto a las plantilla de dicho sector público, cuando ha reconocido que el incremento del gasto en ellas ha crecido «de manera incontrolada». «Si no van a hacer nada traumático, nos tememos lo peor», ha dicho su portavoz, Leticia Díaz.
Por su parte, el PSOE también ha votado en contra de la propuesta de Vox al considerar que no se puede partir de un plan «preconcebido» de supresión de entidades sino que primero hay que conocer el informe preliminar del ICAF y analizar la situación.
El PRC también han dicho ‘no’ a la propuesta de Vox y ha acusado de «incoherencia» al PP por haber insistido desde la oposición en el elevado número de altos cargos del Ejecutivo PRC-PSOE y ahora, cuando gobierna, mantener el mismo número. Por su parte, ha asegurado que no va a pedir que se eliminen cargos «si son necesarios» pero lo que sí van a reclamar es que éstos «se ganen el sueldo».
Por la tarde, Vox ha interpelado a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, por las acciones que va a adoptar para «corregir las deficiencias y racionalizar el funcionamiento de las empresas públicas» que dependen de su departamento, como Cantur, la Fundación Camino Lebaniego o la Sociedad Regional de Cultura y Deporte.
La consejera ha reconocido problemas en estas sociedades de gestión del gasto y del personal, poniendo como ejemplo de ello las «contrataciones irregulares» llevadas a cabo, por ejemplo, en Cantur y que han dado lugar a una «cascada de sentencias condenatorias». En este último aspecto, ha explicado que está habiendo reuniones con los sindicatos para intentar «acercar posturas» y buscar una salida a alguna de estas situaciones.
Aunque sin entrar en detalles, ha asegurado que desde la Consejería se trabajará en un control «más riguroso» de cómo gastan los recursos estas sociedad y cómo se justifican. Sí ha pedido algo de tiempo para poder adoptar medidas y ha señalado que «en unos meses» confía en tener solucionada al menos una parte de los problemas.
En otro orden de cosas, y a preguntas del exconsejero de Turismo, Javier López Marcano (PRC), la consejera ha explicado que la exposición de la Dama Roja se ha retirado del Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo porque contenía material arqueológico original y esta instalación «no reúne las condiciones» para albergarlo, por lo que tendrá que ser custodiado en el MUPAC.
Además, ha señalado que las obras de la sala de exposición permanente de este centro acumulan un «leve retraso» y en lugar de inaugurarse en octubre como estaba previsto estarán para «finales de noviembre o principios de diciembre».
NUEVA FP
Por otra parte, el PRC ha cuestionado al consejero de Educación, Sergio Silva, acerca de los planes del Gobierno para implantar la nueva FP en base al real decreto publicado en julio por el Gobierno central.
Silva ha respondido que ya se han desarrollado algunos planes pero ha advertido que el calendario de implantación que fija el Ministerio es «inasumible», porque implica «dar la vuelta al sistema». A su juicio, debería acordarse una «relajación» del plazo en al menos uno o dos años, y asegura que así lo ven todas las comunidades, entre las que «hay consenso».
