El jurista Federico Trillo, ex presidente del Congreso y ex ministro de Defensa, ha asegurado que la amnistía es «inconstitucional» y supone la «apertura de un boquete» en la Carta Magna y el «camino hacia un cambio de régimen político». Es más, ha recordado que ERC y Junts ya llevaron al Congreso en marzo de 2021 una propuesta similar a la que se quiere impulsar ahora y ha destacado que entonces el PSOE apoyó el informe de los letrados de la Cámara que impidió el debate de esa Ley de Amnistía por ilegal.
En declaraciones a Europa Press, Trillo ha admitido que se trata de un «precedente escrito» clave que servirá al PP en sus futuras acciones parlamentarias y judiciales si al final llega a aprobarse esa Ley de Amnistía que está negociando el Gobierno de Pedro Sánchez con los independentistas. Además, ha recriminado al Ejecutivo en funciones que pretenda «forzar la jurisprudencia constitucional» escudándose en supuestas sentencias del Tribunal Constitucional.
«Sin ninguna duda, una amnistía es inconstitucional y así lo ha dicho el Congreso en la pasada legislatura», ha subrayado el también letrado del Consejo de Estado, aludiendo a la proposición de ley que registraron los independentistas catalanes en marzo de 2021 –no llegó a admitirse a trámite– y la moción consecuencia de interpelación que impulsó la CUP en mayo de ese mismo año y que fue rechazada en el Pleno del Congreso.
«NO TIENE NINGÚN TIPO DE ENCAJE»
Trillo ha destacado la importancia de estos precedentes y su desenlace parlamentario. «Por tanto, no hay que convencer a nadie de que la amnistía es algo que no cabe en la Constitución», ha recalcado, para subrayar que ésa era la opinión que compartía el Partido Socialista en la pasada legislatura.
«La amnistía no tiene ningún tipo de encaje y supone mucho más. Supone la apertura, no solo de un boquete en la Constitución sino de un camino hacia un cambio de régimen», ha manifestado, para explicar que la amnistía es un «mecanismo hecho para la transición entre dos regímenes políticos distintos».
Así, ha recordado que se aplicó una amnistía en 1931 con la proclamación de la II República y que Francisco Franco aprobó un decreto en septiembre de 1939. Después, ha proseguido, se aprobó la amnistía de 1977 para que «los delitos de intencionalidad política quedaran absueltos», antes de proceder a la elaboración de la Constitución.
«SE NIEGA EL DELITO»
Trillo, que fue un actor jurídico clave en los recursos que impulsó Mariano Rajoy cuando lideraba el PP, ha destacado que, a diferencia del indulto, que se aprueba por decreto, lo que se pretende ahora es una Ley de Amnistía que «puede ser vetada en el Senado por la mayoría absoluta del Grupo Popular».
Además, ha asegurado que el preámbulo de esa Ley de Amnistía que se quiere aprobar tendrá «valor» porque ahí debe explicitarse «no la legalidad, que es el texto, sino la legitimidad que impulsa la medida».
En este punto, ha insistido en que los precedentes que ya se han llevado al Congreso reflejan que esas iniciativas son «absolutamente contrarias a la Constitución porque niegan el delito». «Niegan el carácter delictivo de la sedición, niegan el delito de malversación, niegan incluso el carácter de desorden público, legitiman la actuación del 1 de octubre y las posteriores, y niegan la competencia del Tribunal Supremo para juzgar y para condenar y, en ese caso para traer a Puigdemont. Todo eso niega, por eso es inconstitucional», ha apostillado.
CRITICA QUE SE BUSQUE «FORZAR LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL»
Trillo, que se incorporó en 2017 como letrado mayor al Consejo de Estado, ha calificado de «indecoroso» que el Gobierno de Pedro Sánchez esté buscando sentencias del TC para justificar el encaje de una amnistía. «Es forzar la jurisprudencia constitucional como probablemente pretenden algunos de sus miembros que se haga en el futuro», ha declarado.
El exministro ha indicado que, si se aprueba esa ley, espera que el PP plantee un recurso y ha añadido que el Tribunal Constitucional que preside Cándido Conde-Pumpido tendrá que pronunciarse sobre el archivo de la causa abierta contra Carles Puigdemont y otros enjuiciados por el ‘procés’. Eso sí, ha dicho que el propio Tribunal Supremo podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC.
El exministro ha vaticinado que al final habrá un acuerdo entre el Gobierno y los independentistas en torno a esa Ley porque «los interesados, todos ellos, ven en esto una oportunidad única». «Se juntan el hambre con las ganas de comer. Todos tienen ahí necesidad de buscar un acuerdo», ha aseverado.
Además, ha criticado que Pedro Sánchez aluda a la convivencia en Cataluña. No sé en qué puede ayudar a la convivencia en Cataluña que Puigdemont vuelva a enredar en Cataluña y se niegue la competencia de los tribunales ante los desórdenes y sediciones en Cataluña. No sé qué arregla eso la convivencia. La convivencia se mantiene con la ley, claro, no con la negación de la ley», ha resaltado.
LOS PRECEDENTES EN EL CONGRESO
En concreto, ERC, Junts, la CUP y el PDeCAT registraron en marzo de 2021 el Congreso una ley para amnistiar «todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuera el resultado», desde el 1 de enero de 2013, lo que incluiría, además del 1-O, a los condenados por la consulta soberanista de 9 de noviembre de 2014.
Esa iniciativa no llegó siquiera a admitirse a trámite porque los letrados del Congreso avisaron de que esa ley, al suponer un indulto generalizado, «entraría en una contradicción palmaria y evidente» con lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que impide autorizar indultos generales.
Poco después, en mayo de 2021 el Pleno del Congreso rechazó con los votos de PSOE, PP, Vox y Ciudadanos rechazaron una moción de la CUP, que sí apoyó Podemos, en la que se pedía incluir el referéndum y la amnistía en la mesa de diálogo sobre Cataluña. La formación independentista intentó usar su moción para que el Pleno se pronunciara a favor de la admisión a trámite de la Ley de Amnistía pero al final esa parte del texto fue eliminada por la mayoría de la Mesa siguiendo el criterio de los letrados del Congreso.
