La atención a la conducta suicida tiene «una limitación importante en el acceso» ya que «solo un 36 por ciento de las personas que realizan un intento de suicidio habían recibido tratamiento el año previo; en la ideación suicida solo el 20 por ciento lo había recibido y, en los suicidios consumados, esta cifra es del 23 por ciento», según ha asegurado el secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.
Con estas cifras, el representante del Ministerio de Justicia ha incidido en que «el compromiso de todas las administraciones debe ser el de impulsar medidas que reduzcan esas barreras en el acceso a los servicios públicos disponibles para toda persona que en algún momento de su vida tenga esa ideación suicida».
«El Sistema Sanitario Público es el eje nuclear a partir del cual se pueden desarrollar esas estrategias de prevención del suicidio por medio de herramientas tan relevantes como la detección precoz de la ideación suicida, la valoración del riesgo de suicidio en pacientes en situación de vulnerabilidad el seguimiento evolutivo, la atención integral y especializada y la vigilancia epidemiológica», ha declarado en el encuentro ‘La importancia del dato en el análisis y prevención de la conducta suicida’, organizado por el Ministerio de Justicia este viernes.
En este sentido, ha asegurado que «la colaboración entre el estamento sanitario y los servicios forenses en materia de prevención del suicidio se ha intensificado en los últimos tiempos gracias al desarrollo de herramientas relevantes como la historia clínica electrónica».
Por otro lado, ha apuntado que, a pesar de que «el 90 por ciento de los suicidios consumados se producen en personas que padecen un trastorno mental previo, no se debe caer en el reduccionismo de pensar que todo suicidio procede de una patología psiquiátrica sin tener en cuenta la realidad de que esos trastornos van acompañados muchas veces de circunstancias desencadenantes, ambientales o adaptativas o incluso reacciones situacionales que no tienen por qué suceder».
«Hemos visto que más de 4.000 personas al año en España consuman el suicidio, lo cual supone una pérdida considerable de años potenciales de vida para esas personas y para la sociedad. Y muchas más personas lo intentan o presentan ideación suicida en algún momento de su vida», ha declarado.
AUMENTO DE LAS INTOXICACIONES AUTOLÍTICAS EN ESPAÑA
Durante el encuentro, el jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, José Luis Conejo Menor, ha expuesto los datos de intoxicaciones autolíticas en España durante el año 2022 asegurando que «han aumentado en los últimos años» y que se producen «mayoritariamente en mujeres y con evidente predominio en la segunda década de la vida».
Según estos datos, en 2022 se detectó un incremento del 29 por ciento en los casos de intento de suicidio mediante sustancias tóxicas respecto al año anterior, registrándose un total de 6.997 consultas de este tipo.
De las 8.246 consultas de intoxicaciones voluntarias, en un 83 por ciento (6.997 consultas) de los casos la causa era el intento de suicidio o autolisis. El grupo más afectado dentro de esta categoría fue el de la franja de edad de 11 a 15 años, con un 19,7 por ciento del total, seguido por el 13,3 por ciento de casos pertenecientes a la franja de 16 a 19 años. Por géneros, los intentos de suicidio se produjeron principalmente en mujeres, un 66 por ciento del total, según ha explicado el experto.
Asimismo, en el 86,4 por ciento de estas intoxicaciones voluntarias el tóxico predominante fueron los medicamentos, sobre todo los que afectan al sistema nervioso central (un 81,8% del total).
Ante estas cifras, el jefe del Servicio de Información Toxicológica del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, ha insistido en que «las tentativas autolíticas se pueden prevenir mediante estrategias multidisciplinares y a través de la socialización de los colectivos vulnerables».
INICIATIVAS DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN A PERSONAS VULNERABLES POR PARTE DEL MINISTERIO DE JUSTICIA
Por otro lado, el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, ha explicado algunas de las iniciativas que se llevan a cabo para la prevención y protección a personas vulnerables por parte del Ministerio de Justicia.
Entre estas iniciativas ha destacado el Servicio de Intoxicación Toxicológica y las oficinas de asistencia a víctimas del delito, que son un servicio multidisciplinar de atención a las necesidades de la víctima, de carácter público y gratuito.
También ha explicado la importancia del Escritorio Virtual de Inmediación Digital (EVID), que es, «en su cara visible, la posibilidad de realizar trámites legales con total certeza jurídica a través de una videoconferencia, pero que también puede servir de mucha ayuda a aquellas personas que están realizando un tratamiento psiquiátrico en un centro de internamiento o personas mayores que están en un dispositivo asistencial y que trasladarlas a un juzgado es garantizar su desorientación y pasar un mal día».
Por último, ha resaltado el Sistema Integrado de Registros de la Administración de Justicia (SIRAG), una «herramienta fundamental para proteger a las víctimas a través de la inscripción de todas las medidas de protección desde que se dicta la medida y agilizando la comunicación entre las administraciones públicas».
«Esta herramienta desempeña un papel fundamental en la prevención de suicidios, especialmente en situaciones de personas que han experimentado traumas importantes, abusos o violencia que pueden aumentar ese riesgo de suicidio. Trata de garantizar su seguridad física y alejar a las víctimas de situaciones peligrosas, abusivas o estresantes», ha recalcado.
