La Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha levantado la restricción de llamadas a la expolicía Rosal Peral, condenada junto a Albert López por el asesinato del también agente de la Guardia Urbana Pedro R., que le impuso por conceder entrevistas por teléfono desde prisión, han explicado fuentes penitenciarias.
Las mismas fuentes han remarcado que la sanción fue una medida temporal y se ha retirado una vez «se ha considerado que la situación ha vuelto a la normalidad» al bajar la atención mediática sobre el caso, como ha adelantado ‘Catalunya Ràdio’ este jueves.
La restricción terminó el miércoles y ha supuesto que durante las últimas dos semanas Peral solo ha podido llamar a familiares de primer y segundo grado, y si al margen de estos parientes ha necesitado hacer una llamada urgente y justificada ha necesitado la autorización del director de la cárcel donde cumple condena, Mas d’Enric (Tarragona).
Habitualmente, los presos pueden hacer un máximo de 20 llamadas por semana a un máximo de 10 números de teléfono, una lista de contactos que deben comunicar a la prisión y que debe estar compuesta de familiares y allegados, incluyendo amistades.
Tras aplicarse la sanción, la consellera Gemma Ubasart afirmó, al preguntársele por el caso en una rueda de prensa, que los presos «tienen derecho a comunicarse con medios de comunicación y tienen derecho a dar entrevistas«, pero que deben hacerse en el locutorio de la prisión y por escrito, sin ninguna grabación audiovisual.
