La Fiscalía de Madrid solicita 98 años de cárcel para Cristóbal L. C., detenido en diciembre de 2020 en Valdeavero acusado de abusos sexuales a más de una decena de niños, por la presunta comisión de diez delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y otros de exhibicionismo cometidos presuntamente respecto a amigos de uno de sus hijos.
El acusado, conocido como ‘Toba’, se encuentra en libertad provisional al considerar la juez que instruyó las diligencias que no había riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, lo que causó un gran revuelo entre vecinos del pequeño municipio madrileño.
La juez de Alcalá de Henares dejó libre a ‘Toba’, de 48 años, tras pasar uno meses en la cárcel pero le impuso una orden de alejamiento de al menos 500 metros de los niños. También se le prohibió salir de este municipio de 1.591 habitantes situado en el límite con la provincia de Guadalajara.
Tras concluir la instrucción, las partes han presentado sus respectivos escritos de acusación de cara a la celebración del juicio oral que se celebrará en un año, según ha adelantado hoy ‘ABC’.
Según los escritos, el fiscal solicita 98 años de cárcel por delitos de agresión sexual sobre menor de 16 años y delitos de exhibicionismo y provocación sexual de menores mientras la acusación particular, ejercida por el abogado Juan Manuel Medina, eleva la solicitud a 105 años de prisión.
Según el fiscal, los abusos se cometían en la frutería que regentaba el acusado en Valdeavero o en su domicilio. Las víctimas, diez menores de entre 3 y 13 años, eran amigos de uno de sus hijos e hijos de su entorno.
DENUNCIA DE UNA DE LAS VÍCTIMAS
El presunto pederasta fue detenido a raíz de una denuncia presentada por la madre de una víctima, que confesó los abusos pese a que el hombre amenazaba a los niños afectados.
Según las pesquisas de la Guardia Civil, ‘Toba’ aprovechaba que los menores entraban a la tienda donde les ofrecían golosinas, refrescos y bolsas de frutos secos gratis para así tocarles sus zonas íntimas metiéndole la mano dentro del pantalón.
En su escrito, el fiscal relata que Cristóbal residía en el municipio de Valdeavero, donde regentaba, desde octubre de 2018, la frutería llamada KEAI sita en la Plaza Víctimas del Terrorismo de la misma localidad.
El acusado vivía en el municipio con sus dos hijos. Uno de ellos contaba en Valdeavero con un grupo de amigos con los que jugaba al fútbol y frecuentaba la plaza de la localidad donde se ubicaba la frutería de su padre, local que también era frecuentado habitualmente por la mayoría de los padres de los antedichos menores.
Por ello, el procesado mantenía una relación de amistad y confianza con la mayoría de los progenitores, relación que era «extensiva de alguna manera a los propios menores en base a la relaciones existentes entre estos y su hijo».
Aprovechándose de tales circunstancias, el procesado, movido por «una pulsión sexual depredatoria» hacia el grupo de amigos de su hijo, abuso de los menores.
Según el fiscal, mostraba a los niños vídeos de carácter pornográfico para que aprendieran a mantener relaciones sexuales y les amenazaba con pegarles un tiro con una escopeta si contaban lo que sucedía.
A raíz de estos episodios, las víctimas han presentado problemas emocionales y sintomatología ansiosa postraumática compatible con una experiencia de abuso sexual infantil, llegando a padecer serios trastornos en el sueño y habiendo precisado tratamiento psicológico.
