El alcalde de Murcia, José Ballesta, ha reiterado que exigirá responsabilidades a todo el que haya permitido que dos de las discotecas calcinadas el pasado domingo en la zona de Atalayas de Murcia continuaran abiertas a pesar de no tener licencia y sí una orden de cierre desde enero de 2022.
Ballesta, en declaraciones al informativo ’24 horas’ de RNE, recogidas por Europa Press, no ha descartado que esa exigencia de responsabilidades llegue a miembros del Consistorio, pero ha querido dejar claro que «los primeros responsables son los empresarios que en su momento recibieron una orden de cierre y no la han cumplido».
El primer edil de Murcia ha explicado que el domingo por la noche, a las 23.55 horas, llamó a su despacho al jefe de la Policía Local, al de los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Murcia y al de Disciplina Urbanística para que le explicaran exactamente cómo estaba el expediente y si había alguna irregularidad.
En ese momento le informan de que dos de las discotecas eran, en un principio, un único local, que se llamaba ‘Teatre’, que tenía licencia concedida en el año 2008 y que, posteriormente, en el año 2019, solicita una división, una modificación para dividirse en dos locales.
Ballesta ha relatado que no se le concede y en enero de 2022 se ordena el cese de la actividad a este empresario de ese local concreto.
«Este empresario hace caso omiso a esa orden que emite el gobierno que en ese momento dirigía el Ayuntamiento, desobedecen esa orden y siguen realizando esta actividad», ha contado el alcalde, quien ha asegurado que en octubre de ese año (2022) se envía a la inspección a reiterarles esa orden de cese de actividad. Al parecer, ha continuado, los empresarios han seguido con la actividad de los locales, a pesar de esa orden de cese de actividad.
Los propietarios de los locales han asegurado que sí tenían licencia, a lo que Ballesta ha reiterado que el local primitivo «no estaba autorizado a dividirse en dos locales y el propietario único es el señor de ‘Teatre’, que es al que se le comunica el fin de la actividad». El propietario del otro local dividido, ha apuntado, «no tiene ningún tipo de licencia para ejercer esa labor».
Ballesta ha informado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento han puesto en conocimiento del magistrado que está llevando todos estos hechos toda la documentación que tiene el Consistorio. Paralelamente, se ha iniciado investigaciones internas para depurar responsabilidades si las hubiera.
«Que no dude nadie que toda la responsabilidad será exigida hasta sus últimas consecuencias. Que quien tenga algún tipo de responsabilidad dará cuenta de ello ante la justicia con todas las consecuencias que esto puede traer«, ha asegurado el alcalde, quien ha reconocido que son «los primeros interesados en que todo esto se aclare hasta las últimas consecuencias».
No obstante, ha concluido, «la responsabilidad principal es de quien ha hecho todo esto». «De quien ha realizado esa actividad teniendo una orden de cese de actividad», ha puntualizado.
