La Diputación Permanente ha aprobado el séptimo paquete de medidas para paliar la Guerra de Ucrania donde se encuentra la rebaja del IVA, descuento en transporte público y créditos para jóvenes en relación con la vivienda.
Desde que en febrero de 2022 arrancase la invasión de Rusia a Ucrania los gobiernos de medio mundo hacen encaje de bolillos para poder paliar los efectos de la inflación derivada de los productos que se exportaban de estos dos países y que ya no se puede seguir haciendo.
Este es el caso de España, que este miércoles ha aprobado el séptimo paquete de medidas contra la crisis. La partida presupuestaria destinará 3.800 millones de euros a tratar de apaciguar la continuada tendencia alcista de los precios en supermercados, gasolineras y activos financieros. Que junto con los millones ya destinados, suman un total de 47.000 millones de euros destinados a esta cuestión.
Paquete de medidas que ha sido aprobado por la Diputación Permanente del Congreso, formada por la presidenta de la Cámara Baja, Mertitxell Batet, y como mínimo 21 diputados, aunque en este caso han sido 68 de los cuales 53 han votado a favor y 11 se han abstenido.
En defensa del texto, el ministro de la Presidencia, en funciones, Félix Bolaños, ha defendido que estas medidas son «necesarias y positivas para nuestro país». Ante las críticas de partidos como PP, Vox o PNV que aunque consideran necesarias estas medidas anticrisis, cuestionan el hecho de tener que votar un pack completo sin poder debatir sobre otras cuestiones también incluidas en el texto.
Entre las principales medidas económicas aprobadas se mantiene la bonificación del 30% al transporte público urbano e interurbano que las comunidades pueden complementar hasta llegar al 50%. Se elimina el IVA de los alimentos básicos, y se ha aprobado una rebaja del 10% al 5% en aceites y pastas alimenticias.
De igual manera, se prorrogan las ayudas al gasóleo para transportistas profesionales, agricultores y ganaderos, que son de 10 céntimos por litro hasta el 30 de septiembre y 5 céntimos por litro durante el último trimestre. Además, el decreto fija un precio máximo de venta para las bombonas de butano de 19,55 euros y recoge la prohibición de cortar los suministros esenciales, extensión del bono social y la rebaja a los impuestos de la electricidad y el gas.
En el apartado social y de empleo, se prohíben los despidos por motivos de la subida de precios de la energía en las empresas que reciban ayudas públicas. En cuanto a la vivienda, se amplía la suspensión de lanzamientos para vulnerables sin alternativa habitacional.
Por otra parte, el gobierno mantendrá las medidas de apoyo a La Palma en materias de seguridad social, ámbito hipotecario y laboral. Por último, el texto también recoge una nueva línea de créditos ICO para jóvenes de 35 años que paguen la entrada de su primera casa y dos deducciones del IRPF para la compra de vehículos eléctricos y su correspondiente instalación de carga de baterías.
La calle no nota las medidas del Gobierno
Según los últimos datos ofrecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) la cesta de la compra modera su aumento de los precios, pero se mantiene por encima del 10% de incremento interanual. El dato confirma que el IPC general, el que incluye los alimentos básicos, transporte, calzado, ocio y gasto en hostelería, confirma su bajada respecto al mes anterior y se sitúa en el 1,9%. Mientras que el subyacente, que no incluye la energía, ni los alimentos no elaborados, descendió hasta el 5,9% tras haber incrementado su valor medio punto en la anterior actualización.
Sin embargo en la calle, la gente sigue quejándose por el precio de los alimentos básicos, que junto al gasto en energía por el consumo de aires acondicionados y ventiladores, vaticinan una factura de cara a septiembre difícil de sufragar.