La exvedette Bárbara Rey ha defendido este martes, a través de un comunicado, que está al corriente de sus obligaciones con la Agencia Tributaria después de que hace más de cinco años liquidara sus deudas con Hacienda, una aclaración que llega con motivo de la acusación que afronta la actriz por la presunta comisión de un delito de alzamiento de bienes.
El juicio estaba señalado para este lunes en la Audiencia Provincial de Madrid pero finalmente la Sección aplazó la vista oral debido a que alguno de los acusados en el procedimiento se encuentra en paradero desconocido, según fuentes jurídicas.
La Fiscalía solicita una condena de tres años de cárcel para la actriz, a la que acusa de llevar a cabo con ayuda de sus hijos y otros familiares varias operaciones financieras para provocar «una situación de indefensión económica», lo que le imposibilitaba satisfacer el dinero que le reclamaba la Agencia Tributaria que asciende a 143.902,24 euros.
A través de un comunicado, el entorno de Bárbara defiende que está «al corriente de sus obligaciones» tributarias y que el traspaso de titularidad de bienes al que se hace referencia, «nunca pudo ser motivado por el propósito de eludir sus obligaciones fiscales». «Y qué mejor prueba de ello, que hace ya más de cinco años que Bárbara Rey liquidó todas sus deudas con Hacienda», afirma.
Los hechos en que se basa el escrito de acusación se remontan al 10 mayo de 2011 cuando la AEAT comenzó una inspección a la actriz en relación al pago del Impuesto sobre las Rentas de las Personas Físicas (IRPF) de los periodos fiscales comprendidos entre los años 2006 y 2008.
Según el escrito, el 16 de noviembre del 2012 se dictaron sendas actas por el IRPF, la primera del año 2006 y la segunda, correspondiente al año 2007/08, por importes de 135.031.21 euros y 131.568,98 euros, respectivamente.
Dichas actas fueron notificadas a la acusada el 12 de febrero del 2013 y tenían de plazo de ingreso voluntario hasta el 20 de marzo de ese mismo año. De ahí que el 18 de julio se dictaran sendos acuerdos de imposición de sanciones en ambos expedientes, por importes de 51.496,62 euros y 60.675.47 euros, igualmente notificados a la acusada en fecha 8 de agosto de 2013.
A sabiendas de que habían dado comienzo las labores de investigación de la AEAT, la acusada, «con ánimo de eludir dicha responsabilidad de pago y frustrar las legítimas expectativas de cobro de la AEAT», se puso en contacto con varios familiares para actuar en «connivencia» a fin de llevar cabo la realización de ciertos actos de disposición patrimonial «que tenían como objetivo la finalidad de generar la quiebra delas deudas contraídas , haciendo imposible el cobro de los mismos por sus legítimos titulares».
La Fiscalía detalla un total de trece operaciones en las que tomaron parte sus dos hijos, su hermana y otras personas con la finalidad de provocar una situación de indefensión económica por parte de la acusada «que imposibilitara satisfacer los créditos reclamados por la AEAT, al no ser habido bienes bastantes a tal fin por la situación de insolvencia creada por los acusados».
