La Comisión Europea ha ampliado este martes las actividades económicas que contribuyen a mitigar el cambio climático y que no estaban incluidas hasta ahora en la llamada ‘taxonomía verde’ de la Unión Europea, una vía para que inversores y empresas puedan diferenciar qué proyectos afectan al clima y al medio ambiente, al tiempo que ha propuesto una regulación comunitaria de las agencias de calificación sostenible (ESG, por sus siglas en inglés).
Este paquete, que consta de enmiendas específicas al acto delegado de Taxonomía Climática de la UE para ampliar la lista de actividades económicas ‘verdes’ y de un reglamento para mejorar la fiabilidad de las actividades de evaluación ESG.
Además, esta última propuesta requerirá que los proveedores de calificaciones sostenibles que ofrezcan servicios a inversores y empresas en la UE estén autorizados y supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA).
Ambas medidas están destinadas a construir y fortalecer los cimientos del marco de financiación sostenible de la UE, según han explicado en rueda de prensa el vicepresidente económico de la Comisión, Valdis Dombrovskis, y la comisaria de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de los Mercados de Capitales, Mairead McGuinness.
El acto delegado aprobado este martes ofrece un conjunto adicional de criterios técnicos de selección para definir actividades que contribuyen sustancialmente a uno o más de los objetivos ambientales.
En concreto, se incluyen 12 nuevas actividades que cubren seis sectores: transporte, fabricación; gestión del riesgo de desastres; abastecimiento de agua, alcantarillado y gestión de residuos; información y comunicación y actividades profesionales, científicas y técnicas.
Bruselas considera que la inclusión de más actividades económicas que cubran los objetivos ambientales establecidos por la UE y, en consecuencia, más sectores económicos y empresas, aumentará la usabilidad y el potencial de la taxonomía verde para aumentar las inversiones sostenibles en suelo comunitario.
Por otro lado, la propuesta de reglamento para garantizar el mejor funcionamiento del mercado de calificaciones ESG y aumentar la confianza de los inversores y las empresas, introduce una serie de requisitos sobre las actividades de los proveedores de este tipo de ‘rating’.
En primer lugar, los proveedores de evaluaciones ESG que ofrecen servicios a inversores y empresas en la UE deben estar autorizados y supervisados por la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), lo que asegurará la calidad y confiabilidad de sus servicios para proteger a los inversionistas y garantizar la integridad del mercado.
La propuesta también requiere que los proveedores de calificación ESG utilicen metodologías de calificación que sean rigurosas, sistemáticas, objetivas y sujetas a validación, para garantizar la calidad y confiabilidad de las calificaciones ESG. Estas metodologías se deberán revisar de forma continua y al menos una vez al año.
Las nuevas normas introducirán también requisitos organizativos que garantizan la prevención y mitigación de posibles conflictos de intereses, de modo que los proveedores de ‘rating’ ESG deben asegurarse de proporcionar calificaciones que sean independientes, objetivas y de calidad adecuada.
