Hace más de un año tres niños, de nombres Nicolás, Olivia e Irene tuvieron que salir de su casa, donde habían nacido, abandonar sus juguetes, su entorno y todo lo que habían conocido hasta ese momento y cortar de raíz la relación con su padre, el leonés Pablo Martínez Muñoz. En solo unas horas su vida cambió radicalmente como consecuencia de la descabellada sentencia que el Juez Decano y Juez de Violencia de Valladolid, Emilio Vega Gonzalez, dictó. Esta terrible y cruel decisión fue adoptada por el Juez sólo y exclusivamente basándose en “su criterio” y con una simple orientación: su defensa a ultranza de la madre, Ainhoa Martinez Tirapu, a quien el magistrado dice “no conocer”, pese a ser extrabajadora suya, a la vez que quebrantó normas y llevó a cabo actos en su Juzgado “espeluznantes”, que todos los españoles queremos pensar que en nuestra Justicia no podrían suceder.
Por alguna razón, el propio juez ha iniciado una campaña voraz de descrédito contra el padre de los niños, alegando que es “sujeto de ataques furibundos del padre” y definiendo al sujeto como “conspiranoide”. Para poder llegar a esta Sentencia, el citado Juez se ocupó de rechazar la incorporación al procedimiento de todas y cada una de las pruebas propuestas, incluso aportadas por otros Juzgados, como es el historial psiquiátrico de la madre, un historial que hace poner en riesgo a los memores. Así, rechazó de forma tal que no constaran en los autos todas y cada una de las periciales elaboradas por profesionales de reconocida solvencia, que acreditaban hechos tan relevantes como el maltrato psicológico y hasta físico que la madre infiere a los niños, las faltas de asistencia al colegio y otras tantas anomalías.
Acoso y derribo
Las muchas trampas que el juez ha tratado de poner al acusado y sus abogados han tenido la intención de hacerlo desistir, enviando incluso a letrados de su entorno a convencerlo, algo a lo que Pablo Martínez se niega rotundamente. En esta tesitura, la prolongación de la situación desesperó al propio juez, que orquestó junto a la madre de los niños un plan descabellado. “Olivia, vas a tener que decir que papá te toca por donde haces pipí”. Por suerte, la pequeña delató la estrategia pergeñada y pudo denunciarse la tergiversación, aunque los correligionarios del juez no aceptaron investigar nada al respecto.
Además de la falta de actitud para investigar las irregularidades del proceso, la audición de las declaraciones del hijo mayor fue manipulada según una pericial que lo acredita, por lo que lo que el chico declaró nadie puede comprobarlo. En línea con el final previsto, el juez ordenó que los menores se relacionaran un máximo de 72 horas con su padre siempre en lugares vigilados y supervisados. Más tarde, se determinó que la madre era la persona adecuada para el cuidado exclusivo de los niños. El martirio de los tres hermanos no hizo más que empezar.
Aunque la sentencia respecto a los menores está resulta, la campaña contra Pablo Martínez continúa por parte del juez y la madre de los niños y siguen las denuncias por motivos desconocidos. Tras las denuncias por la manipulación de la grabación de las declaraciones del hijo mayor, el Juez Decano ha desistido del procedimiento y ha desaparecido de la escena del crimen tras haber dejado una sentencia que causa un daño irreparable en los niños y favoreciendo el plan final de la madre de estos: que sean los hijos de Pablo Martínez quienes le acusen y le rechacen.
De mal en peor: “nada de lo que está ocurriendo es normal”
La campaña contra Pablo Martínez, a la que el juez intenta añadir colegas de profesión y al propio Consejo General del Poder Judicial, sigue en pie debido a la negación de la Audiencia Provincial a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia, así como las denuncias contra el juez y sus delitos de falsedad documental. Todos los juristas de Valladolid coinciden literalmente en que “nada de lo que está ocurriendo es normal” y que es un favor claro a la madre de los niños, que mientras tanto aplica un manual de adoctrinamiento a los niños contra su padre para provocar en ellos su “muerte civil”.
El equipo jurídico de Pablo ha intentado por todos los medios sacar a los niños del punto de encuentro, pero resulta imposible dada la acción coordinada de los diferentes Juzgados y la Sección primera de la Audiencia Provincial de Valladolid. Por si no fuera suficiente, durante este año se han celebrado Vistas en presencia de jueces amigas personales de Ainhoa, como es el caso de la Juez Francisca Juárez, mientras la madre se dedica a enviar besitos a su abogada, Dulce Sanz Rojo, otra persona muy próxima al clan del juez Emilio Vega González, que se pasa la Vista haciéndose fotos y haciendo muecas a Pablo Martinez (como ha confirmado una pericial audiovisual), lo que obligó a tener que recusar al Juez Vicente Díez.
Ainhora Martínez ha solicitado pruebas psicosociales para que los niños puedan acusar a su padre, pero como respuesta recibe que los psiquiatras piden a los jueces que se psicoanalice a la madre por su patrón prolongado de manipulación, explotación y violación de los derechos de sus hijos. Pero incluso así, los Juzgados se niegan a revertir la situación y ayudar a quienes realmente lo necesitan: los menores. Si finalmente se resolverá esta situación que toda España debe conocer sólo el tiempo lo dirá, aunque Pablo Martínez no pierde la esperanza.