Las siete asociaciones de jueces y fiscales retoman este martes, a las 12.00 horas, la negociación con el Ministerio que dirige Pilar Llop después de que cinco de ellas suspendieran la huelga que empezaba este 16 de mayo en aras de continuar con las conversaciones para intentar conseguir una mejora salarial. Todo ello después de la reunión fallida del pasado miércoles, en la que rechazaron la oferta de 46,7 millones de euros –hasta unos 490 euros al mes–.
«Dado el estado actual de la negociación con el Ejecutivo en la Mesa de Retribuciones, hemos entendido necesario no comenzar la huelga día 16, y ello a fin de poder seguir dialogando en aras a conseguir el mejor acuerdo posible que, de forma definitiva, nos permita desconvocar o no dicha huelga«, han precisado en un comunicado conjunto las cinco asociaciones que convocaron el parón.
Las asociaciones convocantes tomaron esta decisión después de que el Ministerio de Justicia y el de Justicia y Función Pública les solicitara retrasar el inicio de la huelga hasta el viernes para presentarles una nueva propuesta este martes.
La asociación mayoritaria de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), fue la última en dar el paso tras consultar a su ejecutiva el pasado jueves. Según informó aquel día, votaron a favor de «suspender» la convocatoria original «como gesto de buena voluntad» y «a la espera de los avances que se produzcan en la Mesa de Retribuciones en beneficio de los intereses de la carrera judicial».
En un comunicado, la asociación reiteró que la oferta del Ministerio seguía «siendo insuficiente» y que debían «avanzar, además, en la adecuación de los grupos de población, en el incremento del pago de los trienios y de las guardias y en otras cuestiones que afectan a la propia estructura» de sus retribuciones.
La APM usó el término «suspender» y no precisó fecha alguna en su comunicado. Así, optó por una fórmula diferente a la que emplearon las otras cuatro asociaciones convocantes, que se mostraron a favor de retrasar la huelga hasta el lunes 22 de mayo para seguir negociando con el Ministerio.
Al igual que la APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se pronunció el jueves tras consultar a los suyos y anunció que veía con buenos ojos posponer el parón.
Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ya tenían claro desde el miércoles, cuando terminó la que fue la tercera reunión de la Mesa de Retribuciones, que estaban a favor de retrasar la huelga hasta el viernes 19 de mayo.
Este movimiento de las asociaciones tuvo lugar después de que el encuentro del miércoles terminara sin acuerdo –tras más de seis horas de negociación– toda vez que no fue posible que las asociaciones llegaran a un pacto para aceptar la oferta del Ministerio. Solo las dos asociaciones progresistas -Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF)– se manifestaron a favor de firmar el acuerdo con Justicia.
En declaraciones a la prensa tras la reunión del miércoles, Juan José Carbonero, de la APM, insistió en que la oferta seguía siendo «inaceptable». Por contra, Juan Vacas, de JJpD, aseguró que la oferta del Ministerio era «seria» y «responsable». «Creemos que la posición del Gobierno en estos momentos es favorable para tratar de evitar una situación de crisis todavía más grave en la Administración de Justicia», apuntó.
Inés Herreros, de la UPF, defendió que la propuesta económica que puso el equipo de Llop sobre la mesa no podía rechazarse, aunque subrayó que si conseguían «mejoras» la asociación lo iba a «celebrar». Así las cosas, las dos asociaciones mantuvieron su postura de no sumarse a la huelga convocada por las otras cinco.
El viernes, tras darse a conocer que las asociaciones convocantes suspendían el parón, la Unión Progresista de Fiscales emitió un comunicado en el que celebró la decisión porque, a su juicio, descarta «indeseados resultados como consecuencia del solapamiento entre la comisión de retribuciones y el comité de huelga». En este sentido, subrayó que para ellos «era condición indispensable que la propuesta que estaba encima de la mesa no se perdiera por mantener un pulso de máximos».
Según apuntaron los de JJpD en un comunicado, este martes el Ministerio les entregará un documento con una «oferta económica» que es «inamovible». «El proceso finalizaría el día 18 de mayo con una nueva reunión en la que deberán fijarse las posiciones definitivas de las asociaciones», señaló.
La oferta inicial, de unos 44 millones de euros, representaba solventar en un 6% la pérdida del poder adquisitivo de jueces y fiscales, cuando las asociaciones han denunciado ya que la pérdida de ambas carreras ha sido cercana al 20%. Sin embargo, en una segunda reunión, el Ministerio elevó su propuesta original en dos millones de euros hasta alcanzar los 46 millones.
Según fuentes cercanas a la negociación, esta segunda oferta se traduciría en subidas salariales que van desde 350 euros para los trabajadores del Grupo 1 –como tenientes fiscales, fiscales del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, fiscales Antidroga y Anticorrupción y fiscales jefes de las Fiscalías Provinciales–, hasta 490 euros para el Grupo 2 –fiscales de segunda categoría– y 450 euros para el Grupo 3 –fiscales de tercera categoría–.
Cabe recordar que los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) lograron –tras dos meses de huelga– que el Gobierno desembolsara 22,7 millones de euros para mejorar las condiciones salariales de los 4.000 funcionarios que integran este cuerpo.
Ahora, mientras se llevan a cabo las negociaciones con jueces y fiscales, el resto de funcionarios de la Administración de Justicia (unos 45.000) mantienen una huelga con paros parciales y totales desde el pasado 17 de abril para pedir unos 200 millones e irán a una huelga total e indefinida a partir del 22 de mayo.
Al margen de la propuesta económica a jueces y fiscales, Justicia y Hacienda les ha ofrecido un papel relevante en la implementación de las tres leyes de eficiencia, que se encuentran en la fase final de su tramitación parlamentaria y que forman parte del plan de Justicia 2030, según informó el Ministerio tras la primera reunión.
En el comunicado conjunto que firmaron, las asociaciones convocantes de la huelga aseguraron que exigirían un «aumento significativo de plazas de jueces y fiscales por el sistema actual de acceso que palíe la sobrecarga y, consecuentemente, el retraso endémico» que padece la Justicia y la «afectación» a su salud laboral.
La negociación entre las asociaciones de jueces y fiscales y el Ministerio coincidirá esta semana con la concentración que los abogados del turno de oficio han convocado para el jueves, a las 13.00 horas, ante la sede de la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol.
Reclaman una «remuneración digna y suficiente del servicio de asistencia jurídica gratuita», el pago de «todo el trabajo realizado»; que se actualicen los baremos conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC); que se reconozca la «dificultad» para el acceso a la justicia gratuita a personas y familias con rentas bajas y que se reduzca la «carga burocrática».
