La Audiencia de Sevilla ha accedido a la petición de las defensas del exdirector de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) Fernando Villén y de la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls, de aplazar hasta después de las elecciones municipales del 28 de mayo el juicio con jurado popular promovido en su contra por los pagos en clubes de alterne con tarjetas bancarias de la entidad pública que dirigía, un juicio que presidirá la juez Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados con fondos autonómicos.
Como ha avanzado Diario de Sevilla y han confirmado fuentes del caso, tras las peticiones de las defensas de dejar sin efecto las fechas previstas, que contemplaban la celebración del juicio entre el 18 y el 26 de mayo, previo a las elecciones municipales del 28 de mayo, para fijar un nuevo señalamiento en fechas ajenas al periodo electoral; la Audiencia ha aceptado tales solicitudes y ha aplazado al 29 de mayo el inicio del juicio.
Precisamente en mayo, pero de 2022, la Audiencia de Sevilla designó a la juez Alaya, actualmente en la Sección Séptima de dicha instancia, como magistrada presidente del tribunal encargado de este juicio con jurado popular, que se dirige contra el exdirector de la Faffe Fernando Villén y la ex directora económica financiera de la entidad Ana Valls; por un presunto delito continuado de malversación de caudales públicos, en concurso con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
«DISPOSICIÓN ILÍCITA DE LOS FONDOS»
En el auto de apertura de juicio oral contra ellos, emitido en abril de 2022 por el juez de refuerzo de Instrucción seis, José Ignacio Vilaplana, el magistrado relata que Fernando Villén, «prevaliéndose de su cargo como director técnico» de la Faffe, «habría venido llevando a cabo, de manera continuada, una disposición ilícita de los fondos de dicha entidad pública, desviándolos de su propia finalidad -que no es otra que el fomento y financiación de actividades relacionadas con la formación de desempleados-, utilizándolos para abonar los servicios recibidos en distintos locales de alterne de Sevilla y otras provincias andaluzas que frecuentaba, utilizando para ello las tarjetas bancarias de las que disponía (en total, tres tarjetas de las seis de que disponía como director) contra las cuentas de la referida Fundación».
El juez señala que, en total, este acusado «habría gastado mediante el uso de las tarjetas bancarias de la Faffe un total de 32.566 euros en locales de prostitución, gastos abonados con cargo a los fondos de la Faffe», añadiendo que, «con el fin de ocultar la ilícita disposición de fondos públicos», el investigado, «en connivencia» con la directora económica financiera de la Faffe entre 2004 y 2011, «habrían ideado un sistema por el que se simulaban los reintegros de los referidos cargos realizados por el acusado», de forma que, «en los Libros Diarios de la Faffe, constan asientos de devolución de las citadas cantidades que no se corresponderían con la realidad».
REINTEGROS SIMULADOS
En este sentido, el magistrado expone que, «a tal fin, esto es, al objeto de simular el reintegro a las arcas de la Faffe de las cantidades ilícitamente dispuestas por su director, los acusados habrían utilizado la caja de la Dirección Económica Financiera de la Faffe, simulando supuestas -en realidad, inexistentes- reposiciones en metálico (evitando así la utilización de transferencias bancarias o método similar) de aquéllas disposiciones ilícitas; haciendo así que los gastos se camuflaran como ingresos en la Caja Central, para su posterior inclusión como tales en la contabilidad».
«De este modo, a los pocos días de registrarse el uso de las tarjetas en este tipo de locales, se localizan, en los correspondientes Libros Diarios de la Faffe, diferentes anotaciones en las que consta una devolución contable de los cargos realizados en la Caja de la Dirección General de la Faffe por el importe exacto dispuesto, reflejando para este tipo de apuntes los conceptos ‘ingreso F.V.’ y ‘devolución Visa F.V.'», según señala el juez en el auto.
El juez analiza en el auto cada una de las operativas realizadas, así como, en su caso, la correspondiente justificación y anotación contable de las mismas, y señala que la acusada «habría podido realizar u omitir actos tendentes, bien a cooperar, bien a encubrir la disposición ilícita de fondos públicos que habría efectuado» el otro investigado, «pudiendo así haber participado en la elaboración,utilización o manipulación de documentación mercantil o contable, con la finalidad de simular la devolución de los fondos ilícitamente empleados, así como permitir la utilización del propio dinero de la Faffe» para que el acusado «llevase a cabo el -en tal caso, supuesto- reintegro de aquéllos fondos».
«MECÁNICA DELICTIVA»
Al hilo, señala que la acusada, «en calidad de directora económica financiera de la Faffe, habría ostentado la máxima responsabilidad en la gestión, reposición, funcionamiento y control de los fondos y las cajas de la Fundación, en particular, de la Caja Central de la propia Dirección General, a través de la cual se habría articulado fundamentalmente la mecánica delictiva denunciada».
Por todo ello, el juez acuerda decretar la apertura de juicio oral contra los dos investigados por un presunto delito continuado de malversación en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -sin perjuicio de la calificación jurídica definitiva que sea atribuida a los mismos en conclusiones finales-.
LA FISCALÍA PIDE SEIS AÑOS PARA VILLÉN
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, de cara al citado juicio, solicita seis años de cárcel para Fernando Villén y cuatro para Ana Valls.
Fernando Villén, recordémoslo, figura además como investigado en la pieza de esta macrocausa correspondiente a la contratación en la Faffe del exalcalde socialista de Lebrija Antonio Torres García, de manera «injusta y arbitraria», de modo contrario a los principios de igualdad, mérito y capacidad y por la sola «afinidad y vinculación personal y política» entre ambos; siendo además investigado por la «contratación irregular, injusta y arbitraria» del actual concejal de Dinamización Cultural y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), el socialista Francisco Camas.
