Impulsora del plan antibandas, deja la Delegación sin convencer a otras administraciones de que «no es un problema de seguridad» sino «social».
El Consejo de Ministros aprobará este martes el nombramiento de Mercedes González como nueva directora de la Guardia Civil, la segunda en la historia del cuerpo tras María Gámez, a quien precisamente sustituirá después de que dimitiera la semana pasada por la citación de su marido en una de las piezas del caso ERE, la referida a la empresa Santana.
Una vez se apruebe este martes, el nombramiento se publicará al día siguiente, miércoles, en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según confirman fuentes gubernamentales consultadas. Queda por despejar la incógnita de si el Consejo de Ministros aprueba también el nombre de la persona que tome el relevo de González en la Delegación del Gobierno o lo pospone hasta más adelante.
El propio ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, confirmó la designación de Mercedes González en la rueda de prensa que ofreció el miércoles 22 tras conocerse la dimisión de Gámez, cuya marcha fue tachada de «injusta» por la que será su sucesora, quien reconoció al día siguiente el sabor «agridulce» que le dejaba por estas circunstancias el nombramiento, que sin embargo encara como «un privilegio y un honor».
Por el momento se desconoce el nombre de la persona que estará al frente de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid, la quinta titular del cargo desde la llegada de Pedro Sánchez al Ejecutivo central, tras José Manuel Rodríguez Uribes, María Paz García Vera, José Manuel Franco y la propia Mercedes González.
Durante su gestión al frente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la Comunidad de Madrid como delegada del Gobierno, González puso en marcha el plan para combatir la actividad de las bandas juveniles violentas, el cual ha cumplido recientemente su primer año de vigencia con 166.681 identificados, 1.860 detenidos, 980 armas incautadas y 9.482 actas por drogas.
Un año después, este plan continúa en funcionamiento en doce distritos de la capital y en los municipios de Parla, Alcorcón, Alcobendas y Leganés en la demarcación de Policía Nacional, mientras que en la de Guardia Civil tan solo se aprecia actividad en Valdemoro y Galapagar.
Precisamente en su último acto oficial como delegada, González ha admitido este lunes que se despide de su cargo, en el que ha estado durante dos años, con la sensación también «agridulce» de «no haber convencido» al resto de administraciones de que el fenómeno de las bandas juveniles violentas «no es un problema de seguridad», sino «social».
En este sentido, subrayó que hasta que no se unan todas las instituciones sobre este planteamiento no será posible «erradicar las bandas juveniles» de las calles, si bien defendió la efectividad del plan contra la actividad de estos grupos, el cual está «encarrilado» y «funcionando».
«Día a día se evitan grandes tragedias», ha defendido Mercedes González, a pesar de que esa labor, advirtió, no siempre llegue a conocimiento de la sociedad. Asimismo, ha enfatizado que aunque «queda mucho por hacer», se ha logrado «lo más importante», que a su juicio pasaba por «reconocer el problema» y la «realidad social» que abona este fenómeno.
ÚLTIMO ACTO COMO DELEGADA
Su último acto oficial como delegada del Gobierno en Madrid se ha producido precisamente en unas instalaciones de la Guardia Civil, concretamente en el Acuartelamiento de Batalla del Salado de la capital, donde ha presentado a los nuevos efectivos que se han incorporado al Sector de Tráfico en la Comunidad.
La próxima directora de la Benemérita recibió la noticia de su nombramiento también durante una visita a las instalaciones del cuerpo en la localidad madrileña de Fuentidueña de Tajo, «rodeada de guardias civiles y vestida de verde», según explicó en sus primeras declaraciones tras hacerse pública la decisión de Interior, durante la Junta Local de Seguridad del municipio madrileño de Parla el jueves pasado.
Durante su labor de delegada, Mercedes González ha sido precursora de iniciativas como ‘Madrid Convive’ y ‘Madrid Diversa’, mesas de diálogo con agentes sociales para generar «un espacio de confianza y encuentro» siguiendo el ejemplo precedente hace décadas del exdelegado del Gobierno Constantino Méndez, así como la creación de una Oficina de Crímenes de Odio.
Asimismo, ha conveniado con determinados colectivos (asociaciones LGTBi, Secretariado Gitano, asociaciones víctimas accidentes de tráfico, colectivos de mujeres maltratadas) apoyos al Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los centros educativos y sus entornos, del que es una firme defensora, a través del cual se han dado más de 425 charlas con la temática de las bandas juveniles, para llegar directamente «a más de 11.000 alumnos».
El curso pasado la Delegación ya había multiplicado por cuatro estas charlas, que se suman a las más de 1.300 sobre violencia de género y otras tantas sobre alcohol y drogas. También ha apostado impulsar las actuaciones contra el acoso escolar en más de un 20%.
Con su llegada a la Delegación, y ya con Paloma Martín como consejera de Vivienda en la Comunidad de Madrid, se desbloquearon los realojos en la Cañada Real con un presupuesto de 200 millones en tres años entre todas las administraciones implicadas a través de un convenio entre Comunidad, Ayuntamiento y Administración central.
Asimismo, puso en marcha un servicio de información y asesoramiento de los fondos europeos dirigido a los ayuntamientos, y fue como representante del Gobierno en Madrid, la encargada de la tramitación de las ayudas solicitadas en la región tras los daños causados por ‘Filomena’.
En su última etapa como delegada, tuvo que declarar por la denuncia por supuesta prevaricación que la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica presentó contra ella y que fue archivada por el juez con motivo a la autorización el pasado julio de la concentración de un grupo memorialista frente al Congreso de los Diputados el día en el que se aprobó la Ley de Memoria Histórica cuando había reubicado un día antes una manifestación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
‘RIFIRRAFES’
En este periodo, ha protagonizado diversos enfrentamientos verbales con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a quien ha reprochado el uso de actos oficiales para atacar al Gobierno de España.
El pasado mes de febrero, tras los incidentes en el acto de nombramiento de Díaz Ayuso como alumna ilustre de la Universidad Complutense, la delegada negó las acusaciones de la presidenta sobre el supuesto envío de «sicarios» a sus actos por parte del PSOE, tras lo que abogó por «eliminar» del lenguaje político un término «muy grueso» como el empleado por la jefa del Ejecutivo regional.
Tampoco ha estado exenta su gestión en la Delegación de ‘rifirrafes’ dialécticos con el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, con el que sin embargo mantiene una buena relación y ha llegado incluso a coincidir con él en sus reclamaciones para eliminar la tasa de reposición estatal que impide aumentar en mayor grado el número de efectivos de la Policía Municipal.
Secretaria general del PSOE Madrid Capital, su nombre llegó a sonar como candidata a la Alcaldía de Madrid para las elecciones del próximo 28 de mayo, si bien la elección de su partido fue finalmente la de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con quien mantiene una excelente relación personal.
Tras su paso por el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, se convirtió en delegada del Gobierno en la Comunidad en marzo de 2021, hace ahora dos años, después de que su predecesor, José Manuel Franco, fuera nombrado para encabezar el Consejo Superior de Deportes (CSD).
