Empiezan a aparecer las consecuencias de la Ley de Vivienda. Desde la aparición en el escenario público de la Ley de Vivienda que promueve el Gobierno de Pedro Sánchez, más específicamente uno de los partidos de la coalición de gobierno, Unidos Podemos, han sido varias las posibles consecuencias de la aprobación de esta nueva ley, que se han dejado ver.
Lo que muchos han llamado la incertidumbre regulatoria poco a poco se aleja de la oscuridad y se acerca más a la realidad, las declaraciones de la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra sobre la necesidad de intervenir el mercado para resolver el problema de vivienda en España cobra cada vez más fuerza.
¿Las consecuencias? Recientemente en un diario bastante conocido en España (El Economista), se planteaba en un artículo que “el ruido generado en torno al mercado de la vivienda no permite a los inversores cerrar planes de negocio certeros a largo plazo y hacer previsiones sobre los ingresos futuros”.
Lo cierto es que esta incertidumbre regulatoria se le suma a la ya existente “inseguridad jurídica” y han generado un incremento significativo en el precio de los alquileres, y como reconoce la misma ministra Belarra, los perjudicados siempre son los más desfavorecidos, los que no pueden acceder a una hipoteca y se dejan tres cuartas partes del sueldo mensual para pagar un alquiler.
El gran negocio español: La vivienda
La ley de vivienda, es una deuda que se debe saldar con el pueblo español, ha sido promovida desde el Gobierno, pero con muchas más fuerza desde el ministerio de Derechos Sociales que dirige Ione Belarra de Unidas Podemos.
Para la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra “En España la gente se endeuda de por vida para pagar una vivienda y esto se tiene que acabar… la vivienda es un derecho… La única manera de garantizar los derechos sociales es a través de la vivienda… España es un país de propietarios, de inquilinos y de gente que tiene que pagar hipotecas… Necesitamos urgentemente una ley de vivienda digna que regule el alquiler, frenar los desahucios y aumentar el parque público de vivienda”.
Mientras que desde el Gobierno se defiende la ley de viviendas con estas palabras, para otros, la propuesta de ley es intervencionista desde todo punto de vista y podría generar mucha más inseguridad jurídica y la han llegado a ver como un ataque al mercado por parte del partido socio del Gobierno, mientras que el partido de Gobierno ha tenido que efectuar varios “giros políticos” justificados por una necesaria conciliación.
La propuesta de ley no termina de avanzar y todo parece indicar que existen intereses encontrados dentro del Gobierno, es decir, hay quienes creen que esta ley puede ser “nociva para la economía”, por lo que prefieren seguir dándole largas al tema de la vivienda.
Lo cierto es que la nueva ley plantea una “intervención pública” en la fijación de los precios del mercado, justificada en una coyuntura especial de vulnerabilidad social, lo que plantea un tema delicado para el sector, de allí el tema de la inseguridad jurídica y la incertidumbre, aunque en la ley se le otorgan a las Comunidades Autónomas la posibilidad de aplicar medidas en sus territorios, la necesidad de asegurar la efectividad de la norma sigue siendo un tema recurrente para todos los involucrados, sobre todo ante la inestabilidad económica en la que nos encontramos inmersos producto de los conflictos externos.
Pero es que el tema de la vivienda, los alquileres y todo lo relacionado con el sector inmobiliario siempre ha sido un tema muy social y esto puede llegar a afectarles y en España, hasta que no se defina el futuro de la ley de viviendas, no representa una buena inversión.
La incertidumbre regulatoria Vs año electoral
Una mezcla fatal esta de incertidumbre regulatoria y año electoral, con consecuencias verdaderamente nefasta para las clases menos favorecidas.
La ley de vivienda que se impulsa desde el Gobierno, o más específicamente por Unidas Podemos y que lleva más de tres años estancada en el Congreso, puede llegar a convertirse en una verdadera “arma mortal” para muchos sectores en este año electoral al que se enfrenta España.
Y es que la polémica ley ha generado desencuentros en el Gobierno de coalición, Unidas Podemos intentar acelerar el proceso y aprovechar el poco tiempo que le queda antes de las elecciones para aprobar todo lo que tienen pendiente, mientras que el Partido Socialista se toma su tiempo para analizar, pensar y hasta negociar.
Y es más que entendible la posición del partido de Gobierno, porque en la propuesta de ley de vivienda se tocan intereses económicos importantes. Recordemos que en la propuesta de ley en disputa, se tocan aspectos como los topes de los precios de los alquileres, la regulación de los desahucios, el freno a los grandes propietarios, mayores impuestos para las viviendas vacías y pare usted de contar.
Pero es que al final no se trata de creer en una ideología política y seguirla, vivimos en una sociedad en la que todos tenemos derechos a expresar lo que pensamos sin hacer daño a los demás, en España existen muchos temas “incomodos” y el de la vivienda es uno de ellos, mientras esta ley sigue estancada en el Congreso, millones de españoles y extranjeros siguen trabajando solo pagar alquiler, si se trata de ser justos, este desequilibrio se debe revisar.
