Movimientos sociales y vecinales del barrio valenciano de Benimaclet han anunciado que están estudiando emprender acciones legales después de la publicación de informaciones sobre la supuesta infiltración de un agente de policía en su actividad, al considerar este hecho es una vulneración de derechos fundamentales, civiles y políticos de sus miembros, así como un posible delito de violabilidad de domicilio bajo engaño y revelación de secretos.
Además, han exigido responsabilidades políticas no solo al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino también al gobierno de coalición de conforman PSOE y Unidas Podemos. Así lo han explicado, en una rueda de prensa este martes, representantes de Cuidemos Benimaclet, CSOA L’Horta y Alerta Solidaria, que han leído un manifiesto en nombre de los movimientos sociales y vecinales de Valencia y Benimaclet.
Tras la publicación en La Directa de informaciones que señalan que un agente de Policía se «infiltró» con identidad falsa durante dos años en estos movimientos vecinales y otros como Grama, La Garrofera y el movimiento Antifascistas PV, las activistas han denunciado «la ilegalidad» de una acción «que no responde a ninguna investigación judicial ni viene autorizada por ningún juez».
«Es una vergüenza escuchar del señor Grande Marlaska, que esta es una práctica habitual para prevenir delitos. De la actividad investigadora que ha llevado a cabo el infiltrado no se ha derivado ninguna causa judicial contra estos colectivos, pero sí habrá servido para crear un largo listado de nombres y apellidos de activistas, amplificando el trabajo que hace la Brigada de Información» de la Policía Nacional en Valencia, han expuesto.
Las representante de Alerta Solidaria ha ahondado en que la infiltración policial está regulada por la Ley Enjuiciamiento Criminal y prevista en casos de crimen organizado, con autorización y control judicial.
En ese sentido, han recalcado que este caso no responde a «ninguna investigación judicial» y emplea «mecanismos excepcionales de lucha antiterrorista» para ejercer un «control político» de las organizaciones vecinales y obtener información política y personal de los movimientos afectados y las personas que participan en ellos.
Para los colectivos vecinales afectados, «este nuevo caso, sumado a los dos anteriores de policías infiltrados que también ha destapado la Directa en estos meses, evidencia la existencia de una operación del Estado contra los movimientos populares» que luchan por «parar los pies a un sistema capitalista que nos deja sin casa, y que nos precariza la vida hasta la miseria».
Se trata, han aseverado, de una estrategia policial que «tiene como objetivo principal el control político de los movimientos callejeros y utiliza toda una serie de mecanismos que sobrepasan los límites legales y legítimos propios de un Estado llamado democrático».
