La Ley de Garantía de la Libertad Sexual, más conocida como «ley del sólo sí es sí», se ha convertido en una de las mayores polémicas políticas de las últimas semanas, después de que más de 300 condenados por delitos sexuales se hayan beneficiado de la normativa diseñada por Irene Montero. Una situación ante la que la ministra de Igualdad no tardaba en señalar a los jueces, como responsables «machistas» de estas consecuencias de la Ley. Unos jueces que ahora, sin embargo, han contado con el «apoyo» de la ciudadanía española.
Irene Montero anunciaba, a bombo y platillo, la aprobación de la nueva normativa de su ministerio, conocida como «ley del sólo sí es sí», que buscaba defender los derechos y libertades de las mujeres en el país. Una normativa que, sin embargo, pronto comenzaba a sembrar la polémica. Y es que, tal y como avisaban múltiples expertos antes de aprobarse la normativa, el texto podría acabar trayendo consecuencias indeseables para el conjunto de la sociedad española.
Algo que se podía comprobar con el paso de las semanas. Y es que más de 300 condenas por diversos delitos de carácter sexual acababan beneficiándose de la normativa de los morados, reduciendo las penas de los reos, a pesar de la intención inicial del departamento de Irene Montero. Unas consecuencias que hacían que la ministra podemita, al igual que su formación morada, lejos de entonar el «mea culpa», decidiera «señalar» a la Justicia como la verdadera responsable de la errónea aplicación de la Ley.
«Lo que está ocurriendo aquí es que hay jueces que no están cumpliendo la ley» aseguraba Irene Montero ante los medios de comunicación. «Los estereotipos, el machismo, pueden comprometer la imparcialidad y la integridad de los sistemas de justicia, y que esos mismos estereotipos, ese machismo, pueden hacer que haya jueces que apliquen erróneamente la ley, o que la apliquen de forma defectuosa» destacaban desde Podemos.
LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES DEFIENDEN A LOS JUECES
Afirmaciones realizadas desde la formación morada de Irene Montero que, sin embargo, ahora parecen chocarse frontalmente con la imagen que la Justicia española tiene dentro de la ciudadanía española. Y es que, según una encuesta realizada por Metroscopia para el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el 80% de los usuarios de la Justicia han valorado que, según su experiencia personal, los jueces están bien preparados y son competentes. Del mismo modo, el 81% de los ciudadanos encuestados considera que los jueces son imparciales, y el 83% considera que la actitud del juez fue respetuosa.
«El trato, la independencia y las formas de proceder del juez obtienen buenas puntuaciones» destacan desde el CGPJ con respecto a este estudio. Unos datos que destacan que la confianza de los españoles de cara a la Justicia tiene una puntuación de 7 sobre 10 puntos.
Una confianza que se mantiene incluso a pesar de las presiones que reciben los jueces en el ejercicio de sus funciones; y es que un 58% de los usuarios de la administración de Justicia española considera que los jueces resuelven conforme a las leyes a pesar de las «presiones» que pueden recibir. Presiones que señalan, en un 87%, a los políticos, que buscan controlar e influir al Poder Judicial.
Un señalamiento que destaca que los españoles consideran, en un 75% según los encuestados, que todos los gobiernos, independientemente de su ideología, se preocupan más por controlar la Justicia, que en dotar al Poder Judicial de los recursos necesarios para su funcionamiento rápido y eficaz.
Cifras que demuestran que, a pesar de las palabras de Irene Montero en contra del Poder Judicial, lo cierto es que la valoración de los ciudadanos está muy lejos de compartir la posición de la ministra podemita. Una ministra que, aparentemente, cada vez se queda más sola en su defensa de la ley del «sólo sí es sí».
