Los Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) comenzarán este martes una huelga indefinida, con el consecuente «riesgo de paralización» de los juzgados y tribunales de todo el país, en demanda de una mejora salarial equivalente al aumento de la carga de trabajo que sufrieron hace años sin que entonces se les compensara. En el marco de esta medida, se manifestarán en la Plaza Callao de Madrid, a las 13.00 horas, y se movilizarán hasta el Ministerio.
La Unión Progresista de LAJ (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de LAJ llegan a la víspera de la convocatoria reclamando el cese del secretario de Estado de Justicia por decir este lunes en una rueda de prensa que la huelga es «política», «sin finalidad profesional alguna» y «contra el pueblo».
Rodríguez ha incidido en que la huelga indefinida impulsada por las tres asociaciones «no tiene ningún motivo laboral», sino «claro motivos políticos» y ha recalcado que «cualquier reclamación de este colectivo está fuera de lugar» porque «cobran entre un 79% y un 140% más que otro funcionario de la Administración de Justicia de los mismos niveles».
La UPSJ, la AinLAJ y el Colegio Nacional han reprochado a Rodríguez sus declaraciones y han avisado de que «si el Ministerio de Justicia quiere que la solución con este conflicto colectivo se alcance en algún momento, ello comportará indefectiblemente la necesidad de cesar al secretario de Estado».
CONFLICTO LABORAL DE MESES
La huelga indefinida convocada para este martes es el resultado del conflicto laboral que mantienen los LAJ desde hace meses con el Ministerio de Justicia y que les ha llevado a protagonizar ya huelgas puntuales –que obligaron a suspender juicios y declaraciones, incluidas algunas del conocido como ‘caso Villarejo’ en la Audiencia Nacional– y concentraciones.
Las tres asociaciones reprochan al Gobierno que hasta ahora no se haya introducido una enmienda a la Ley de Eficiencia Organizativa para que «las retribuciones del cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia se referencien a las correspondientes a la carrera judicial, en la proporción de mejora que se considere adecuada a las responsabilidades inherentes a este colectivo».
En el marco del conflicto, los convocantes llegaron a apelar a la «autoridad» del presidente Pedro Sánchez, ante la «gestión insensible e irresponsable» del Ministerio dirigido por Pilar Llop. «Depende tan solo del Gobierno que usted preside aprobar las modificaciones de los Reales Decretos retributivos y el Estatuto Orgánico», instaron en un comunicado conjunto.
«RIESGO DE PARALIZACIÓN»
Las asociaciones advertían a Sánchez de la «gravedad» y de la «extensión del riesgo de paralización de toda la actividad ordinaria de los juzgados y tribunales de todo el país, salvo los servicios esenciales», que puede generar la huelga indefinida.
Asimismo, subrayaban que también tendrá un «impacto directo global en los ciudadanos, en las empresas y en todos los operadores jurídicos que se relacionan con el servicio público de la Administración de Justicia».
En concreto, avisaban de que se paralizarán los pagos judiciales a particulares (alimentos, deudas, indemnizaciones, etc) y al Tesoro Público (multas, depósitos, etc.), dado que estos funcionarios son los únicos con facultades de disposición de los fondos de la Cuenta de Depósitos y Consignaciones Judiciales, que cuenta con un saldo promedio de 4.500 millones de euros.
Según explicaban, el trabajo de los 4.300 Letrados –funcionarios de grupo A1– dependientes de Justicia es «imprescindible», por lo que su ausencia provocaría «enormes perjuicios» en juzgados y tribunales que se traducirán, probablemente, en nuevas dilaciones de los asuntos en trámite.
ORIGEN DEL CONFLICTO
El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que –denuncian– ha provocado un «insoportable desequilibrio».
Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que el Ministerio firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».
Las asociaciones acusan a Justicia de alargar y recrudecer el conflicto: «No solo no ha convocado al Comité de Huelga, (…) sino que lo incendia y enardece, faltando a la verdad en el Parlamento al afirmar (sin acreditarlo) haber cumplido 10 de las 11 reivindicaciones y quedando pendientes 2, lo cual ni siquiera aritméticamente se corresponde con la realidad».
«POSICIONES MAXIMALISTAS»
Por su parte, Llop pidió el pasado viernes a los convocantes que huyesen de «posiciones maximalistas» porque éstas impiden «buenos acuerdos», asegurando que su Ministerio negocia permanentemente con las distintas asociaciones de LAJ.
Además, enfatizó que estos funcionarios son un componente importantísimo para el buen funcionamiento del trabajo de juzgados y tribunales, para pedirles que sean conscientes de que quien ejerce una función pública lo hace para los ciudadanos.
Ese mismo día, desde el Ministerio remitieron una carta a los LAJ firmada por el secretario general de innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, ante la «desinformación que aparentemente existe» sobre las actuaciones llevadas a cabo desde el departamento «en interés» del cuerpo.
Olmedo hizo un balance de los objetivos que propuso conseguir cuando asumió el cargo. Recordó que la primera medida, vinculada a la modificación de los reales decretos retributivos para hacer efectivo el acuerdo sindical adoptado en diciembre de 2021, se aprobó en abril de 2022 y representó un aumento con carácter retroactivo. «La plenitud de los efectos se reflejará en la nómina de este mes de enero, alcanzando un incremento de complementos de 206,87 euros», precisó.
UN AUMENTO DEL 5,26%
Según explicó, esto implica un «aumento de la masa salarial de letradas y letrados superior a los 10 millones de euros» y supone «un incremento del 5,26% del salario anual medio del cuerpo» de LAJ, adicional al 8% (9,5% en función de la evolución de la economía) que con carácter general van a experimentar todos los empleados públicos.
En este sentido, el secretario subrayó que «en tres años el salario medio de cada letrado aumentará una media del 14,76%, sin parangón en la administración pública». Al margen, Olmedo recalcó que se ha aprobado un programa que ha aumentado de 30 a 110 euros las retribuciones por entradas y registros simultáneas.
Incidió además en que los encargados del Registro Civil en aquellas poblaciones en las que se ha implantado el nuevo modelo ya perciben las cuantías comprometidas, respondiendo al principio de igual retribución a igual responsabilidad, a través de prolongaciones de jornada y productividad.
Olmedo destacó asimismo que ya se han normalizado los procesos administrativos demorados, en particular en materia de acceso al cuerpo, con las convocatorias de ofertas de empleo públicas correspondientes a 2019, 2020 y 2021. Por último, aseguró que «en las próximas semanas» seguirán trabajando desde el Ministerio para mejorar las condiciones de los LAJ.
Este lunes, el secretario de Estado, Antonio ‘Tontxu’ Rodríguez, ha repasado los datos ya esbozados por Olmedo y ha incidido en que desde Justicia han «cumplido con lo que las asociaciones venían reclamando» y han mantenido con ellas unas «36 reuniones en 11 meses». «A esto los golpistas lo llaman incumplir», ha señalado.
