El nuevo impuesto a los ricos, que ya tiene el visto bueno de Hacienda, gusta a medias partes, aunque sabemos que los más adinerados están en contra. Es lo que hemos conocido en los últimos días a raíz de la que es la gran tasa para los patrimonios más altos, y que en el seno el PP ha calado muy hondo.
Hablamos de nuevo tributo a los ricos, como se conoce popularmente al nuevo Impuesto de Solidaridad para las Grandes Fortunas (ISGF), el cual ha pillado de sorpresa a 23.000 contribuyentes -según cálculos del Ministerio de Hacienda, que dirige María Jesús Montero- y a los grandes despachos y fiscalistas que les asesoran.
El mismo impuesto es el que engloba a otras dos situaciones tributarias, como el que afecta a los bancos ya las grandes compañías energéticas. En esas, este se ve como un gravamen que supone la respuesta del Gobierno a las rebajas fiscales acometidas por algunas comunidades autónomas, principalmente en el impuesto de patrimonio. Pero, ¿qué tiene que ver el Partido Popular con este impuesto a los ricos?
Este impuesto a los ricos ha pillado de sorpresa a los contribuyentes en Madrid, Galicia, Andalucía y Murcia
Así, este impuesto trata de que gravará a personas físicas con riqueza neta superior a los tres millones de euros en base liquidable, aunque podrá descontarse si ya se tributa por Patrimonio en los términos que fije la nueva norma. Esto representa, según el Ministerio de Hacienda, al 0,2% de los contribuyentes de España. Así, y en función de la riqueza, hay 3 tramos de pago:
- Entre los 3 y 5 millones de patrimonio, el tipo aplicable será del 1,7%.
- Entre los 5 y 10 millones, el 2,1%.
- A partir de los 10 millones, el 3,5%
Esa riqueza neta a partir de la cual se será sujeto pasivo del impuesto se calcula disminuyendo la riqueza del contribuyente en la vivienda habitual hasta un valor de 300.000 euros, si bien en un principio el Ejecutivo explicó que la figura gravaría la riqueza declarada en 2023 por unos 23.000 contribuyentes afectados, con el objetivo de recaudar cerca de 1.500 millones de euros cada año.
Un aspecto a considerar, también, es que este tipo de impuesto a los ricos también mantendrá el límite de renta y patrimonio, pensado para no castigar a aquellas grandes fortunas con pocos ingresos.
Con todo, y entre las justificaciones del nuevo tributo está la «armonizadora, con el objetivo de disminuir las diferencias en el gravamen del patrimonio en las distintas comunidades autónomas«, la cual está especialmente dirigida a las comunidades que bonifican Patrimonio, esto es, a las comunidades en las que gobierna el Partido Popular: las de Madrid, Galicia, Andalucía y Región de Murcia.
Un impuesto muy cuestionado
Pero, ¿por qué hay críticas? La realidad de estas es porque al nuevo impuesto se derivan de su escasa capacidad recaudatoria y de que podría ser inconstitucional debido, entre otras causas, a su carácter confiscatorio.
Esto es, sobre todo, porque hay dudas sobre su constitucionalidad como la fecha de su entrada en vigor, el 29 de diciembre, lo que permitirá gravar el ejercicio 2022 y empezar a recaudar en 2023. De hecho, y en este sentido, lo que anunció el Gobierno es que el impuesto a los ricos versaría sobre los ejercicios 2023 y 2024, pero recientemente se ha operado un adelanto y de los dos años de vigencia que le atribuyen el primero.
O lo que es lo mismo; si nada cambia antes de su desarrollo normativo, será 2022, con lo cual la primera liquidación se efectuará en julio de 2023. El principio de no confiscatoriedad del sistema tributario es un límite que impide que la aplicación de varias figuras tributarias llegue a privar al contribuyente de rentas y propiedades.
A este respecto, y como principales afectados, los gobiernos de las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular han apuntado que recurrirán al Tribunal Constitucional. Esto lo vemos con Juanma Moreno, de Andalucía, que se suma a Isabel Díaz Ayuso, de Madrid, que acudirán al organismo superior ante este Impuesto de Solidaridad a las Grandes Fortunas.
