Pablo Álvarez Fernández y Sara García Alonso, seleccionados por la ESA como candidatos a astronautas; la aprobación definitiva de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; o la creación de la Agencia Espacial Española y la polémica por la elección de su sede han marcado el año 2022 en materia científica.
Fue el pasado 23 de noviembre cuando Pablo Álvarez y Sara García, ambos nacidos en León, fueron seleccionados por la Agencia Espacial Europea entre 17 candidatos a astronautas de la convocatoria abierta del año pasado, la primera en trece años.
Álvarez Fernández (1988) es ingeniero espacial y manager industrial en la sede de Airbus en Getafe. En la presentación de los seleccionados, el ingeniero español declaró sentirse un «europeo de corazón» ya que ha trabajado en varios países del continente.
Por su parte, García Alonso (1989) tiene un máster de biotecnología y es investigadora del cáncer. Además, ha trabajado en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid.
Los nuevos candidatos a astronautas de la ESA asumirán sus funciones en el Centro Europeo de Astronautas en Colonia, Alemania. Después de completar el entrenamiento básico de doce meses, los nuevos astronautas estarán listos para ingresar a la siguiente fase de entrenamiento de la Estación Espacial y, una vez asignados a una misión, su entrenamiento se adaptará a las tareas específicas de la misión.
«Lo que tenemos en Europa y tenemos que estar muy orgullosos es la materia prima, los cerebros. Tenemos gente excepcional que es capaz de llevar una misión de principio a fin, desarrollar cualquier cosa», señalaba el astronauta español en una entrevista.
APROBACIÓN DE LA LEY DE LA CIENCIA
Este año también ha destacado en materia científica la aprobación de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que entró en vigor el pasado 7 de septiembre tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado, y que, entre otros, tiene el objetivo de reducir la temporalidad del personal investigador.
El texto garantiza una financiación de la I+D+i estable y creciente para acercarse a los países de la Unión Europea y alcanzar así el 1,25 por ciento del Producto Interior Bruto en inversión pública para 2030.
La ley recoge un itinerario postdoctoral de «incorporación estable al sistema». Así, los postdoctorales que quieran acceder al sistema, la duración del contrato será de entre 3 y 6 años, con prórrogas de, al menos, un año.
Asimismo, fija que las situaciones de «incapacidad temporal, nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia, violencia de género o terrorista», interrumpirán el cómputo del plazo límite de duración del contrato, así como de su evaluación.
Según este nuevo modelo de contrato, el personal investigador con contrato postdoctoral en universidades públicas, Organismos Públicos de Investigación (OPI), fundaciones o consorcios públicos, podrá optar a una evaluación de la actividad investigadora a partir de la finalización del segundo año de contrato, con el objeto de conseguir la estabilización en el sistema, esto es, que tras haber superado dicha evaluación, el personal investigador obtendrá una certificación como «investigador establecido», que además conllevará mejoras salariales.
Además, aprobar esta prueba les eximirá de realizar partes de las pruebas para acceder al sistema público, y se les reservará un mínimo del 15% de la tasa de reposición para este tipo de contratos en las Ofertas Públicas de Empleo (OPE) en las universidades y del 25% en los OPI.
RETRASO EN LA APROBACIÓN DE LA LEY POR UNA ENMIENDA DEL PP
La Ley de la Ciencia no pudo ser aprobada de forma definitiva en el Senado debido a que se aprobó una de las enmiendas registradas por el Grupo Parlamentario Popular, con los votos a favor de ERC, Junts, PNV, UPN y Vox.
La enmienda de los populares instaba a la supresión de la disposición adicional décima de la ley, que hace referencia a los contratos que se encuentren asociados a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y solo por el tiempo necesario para la ejecución de los citados proyectos, así como para contratos necesarios para la ejecución de programas de carácter temporal cuya financiación dependa de fondos europeos no competitivos.
Tras no poder ser aprobada definitivamente en el Senado, el Gobierno y Esquerra Republicana (ERC) acordaron mantener el texto de la Ley de Ciencia como salió del Congreso en la primera fase de tramitación y, a cambio, el Ejecutivo se comprometió a reforzar las condiciones de financiación y laborales de los centros públicos de I+D+i.
Para ello, la formación independentista votó en el Pleno del Congreso en contra de la enmienda del PP que se aprobó con su apoyo en el Senado y que tenía que ver con los contratos laborales de investigación. El Gobierno también acordó con ERC estudiar y elaborar una propuesta de mejora del sistema de financiación basal para los grupos de investigación de excelencia.
LA AGENCIA ESPACIAL ESPAÑOLA Y LA POLÉMICA ELECCIÓN DE SU SEDE
Otra de las iniciativas que han marcado el 2022 en materia científica ha sido la creación de la Agencia Espacial Española, que podría estar en marcha en el primer trimestre de 2023, así como la controversia que ha generado la elección de su sede, que finalmente estará en la ciudad de Sevilla después de que el Gobierno estableciera que no estaría en Madrid siguiendo su plan de «desconcentración de organismos».
Para determinar la sede de la Agencia Espacial Española, el Gobierno de Pedro Sánchez dispuso unos criterios que se han visto envueltos en una polémica, ya que incluso han sido recurridos en la Audiencia Nacional por la formación de Teruel Existe. Entre los requisitos se incluía estar a menos de una hora de un aeropuerto internacional con conexiones a Ámsterdam, Roma, Frankfurt, Praga y Touluse, que son los destinos extranjeros que con más frecuencia se visitarán en los viajes de trabajo del personal de la agencia.
La candidatura de Sevilla presentó una sede valorada en 6,7 millones de euros y cedida a la Agencia sin coste alguno por el Ayuntamiento, equipada y acorde a los requisitos con un edificio singular y de uso exclusivo ya disponible y adecuado a la actividad.
Igualmente, Sevilla aportó el edificio del Centro de Recursos Empresariales Avanzados (CREA), con todos los equipamientos necesarios: salas de reuniones y videoconferencias, aparcamiento, espacios multifuncionales, dotación de comunicaciones digitales e infraestructura para garantizar la seguridad. El Gobierno valoró positivamente la inmediata disponibilidad del inmueble, ya en funcionamiento.
Sevilla, según defendió el Ejecutivo, presenta también una buena red internacional aérea, AVE y terrestres, una amplia y variada oferta hotelera, así como un conjunto sólido de informes de impacto, sinergias y mercado inmobiliario.
Asimismo, destacó la importancia del entorno de investigación y empresarial en el área aeroespacial, así como el necesario entorno socioeconómico y educativo que permita una adaptación adecuada del personal de la Agencia, proponiendo la candidatura un programa de apoyo para la integración y reagrupación familiar del mismo.
Una de las críticas a la elección de la sede vino desde el socio de Gobierno de Pedro Sánchez. En concreto, el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, criticó que con esta elección el Ejecutivo «no ayuda contra la despoblación», al situar la sede en una gran ciudad.
